Los secuestros en menos de un mes del caficultor Álvaro Losada Vega y la comerciante Ángela Valentina Gómez Campos en el occidente del Huila revivió el temor por el regreso de una de las prácticas más abominables. Huilenses que pasaron por ese ‘infierno’ narran esa oscura época por la que transitó la región. “Si algo inhumano es el secuestro”, dicen.
Hernán Guillermo Galindo M
hernan.galindo@lanacion.com.co
Los secuestros de dos comerciantes, uno en el municipio de El Pital, el caficultor Álvaro Losada, secuestrado el 22 de agosto, y el más reciente, la comerciante Ángela Valentina Gómez Campos, secuestrada el 11 de septiembre en La Plata, encendieron las alarmas en el Huila sobre la reaparición de un delito de lesa humanidad como es el secuestro.
La Comisión de la Verdad define el secuestro como la privación de la libertad de una o más personas por parte de un actor armado bajo intimidación, amenaza u otros medios, condicionando la liberación y/o la seguridad e integridad personal de las víctimas a la satisfacción de exigencias económicas, políticas, militares, de control territorial, entre otras.
En su más reciente informe sobre el secuestro durante el conflicto armado en Colombia, la Comisión dio a conocer cifras que pueden aumentar con el paso del tiempo y el esclarecimiento de muchos de los hechos que sucedieron en un lapso de más de 70 años. El informe indica que, entre 1990 y 2018, hubo alrededor de 50.770 víctimas de secuestro en el país.
Por medio de modelos estadísticos, la Comisión estimó el subregistro potencial, que puede llevar a que el universo de víctimas de secuestros en el marco del conflicto armado colombiano supere las 80.000 víctimas.
Aunque Antioquia, Cesar y Norte de Santander fueron las zonas más golpeadas por el secuestro, el Huila no escapó a esa época aciaga, especialmente, a finales de los 90 y comienzos del 2000 cuando la entonces guerrilla de las Farc desató una ‘cacería’ de políticos con miras de canjearlos por guerrilleros detenidos en las cárceles del país. Paralelamente, a través de la columna Teófilo Forero, desató una oleada de secuestros de índole extorsivo. Empresarios, ganaderos, médicos y hasta abogados fueron secuestrados y posteriormente liberados a cambio de pagar gruesas sumas de dinero. Guerrilleros como ‘El Paisa’, ‘El Mocho’, ‘Kafir’, ‘Yerbas’, ‘James Patamala’, ‘Genaro’, entre otros, estuvieron detrás de los plagios.
En Neiva, incursiones guerrilleras que terminaron en secuestros como la del edificio Torres de Miraflores o la de los conjuntos residenciales del oriente de la ciudad, persisten en la memoria de los huilenses.
El secuestro desestimula la producción
El empresario y expresidente del Consejo Gremial del Huila, Aníbal Rodríguez, quien fue víctima de secuestro durante el asalto a Miraflores el 26 de julio de 2001, fue abordado ayer por LA NACIÓN y considera que el secuestro es un delito de lesa humanidad que destruye familias y genera daños irreparables en el tejido social.
“Privar violentamente de la libertad a una persona es uno de los peores atentados contra los derechos humanos y contra la vida como derecho fundamental. De la misma manera, el secuestro genera un efecto demostración en la sociedad que se traduce en un gran desestimulo a la inversión, la creación de empresas y de empleo, produciendo empobrecimiento en el conjunto de la sociedad”, agregó.
“Debemos integrarnos como sociedad con las autoridades para evitar el resurgimiento del secuestro en el Huila, para lo cual la sociedad civil debe colaborar con las instituciones militares y policiales, así como con las autoridades civiles, para hacer de la nuestra una región segura”, indicó.
Apuesta por el diálogo
El diputado Armando Acuña fue secuestrado por la columna Teófilo Forero de las Farc, cuando era concejal de Garzón. Acuña permaneció durante 636 días atado a un árbol por el temor de sus captores, a que se escapara. Su secuestro, que fue cometido el 20 de mayo de 2009 en la propia sede del Concejo de Garzón, Huila, había sido ordenado por alias ‘El Paisa’.
Frente a lo que podría ser el resurgimiento del secuestro en el Huila, Acuña dijo: “No quisiera pensar que eso va a ser una realidad, si algo es inhumano, es el secuestro y no puede utilizarse el secuestro como un arma política dentro de una supuesta lucha que no tiene sentido”.
Para el hoy diputado, secuestrar es llevar a la familia a las personas secuestradas a vivir lo más horrendo de la guerra, y por eso no quisiera ni pensarlo. Pidió que la población civil sea apartada del conflicto. “La población civil no puede estar sufriendo esta situación”, manifestó. Y lamentó que se estén dando estos hechos en el departamento de Huila.
Armando Acuña insistió en el diálogo como una salida a una lucha armada de 60 años que nada bueno le ha dejado al país. Y añadió que el conflicto nos ha llevado a que todo lo que sucede pareciera normal; “estos 60 años de guerra, como que nos robó la sensibilidad, nos robó el sentimiento grande del ser humano”.
Invitó a que como sociedad reaccionemos; “Yo he escuchado que el Gobierno ha abierto las puertas del diálogo, que se han sentado, pero luego los diálogos no producen ningún resultado y ningún conflicto en el mundo se ha acabado a punta de plomo”, concluyó.
Fallida política de paz
Para el exrepresentante a la Cámara y líder conservador, Jaime Felipe Lozada, víctima del secuestro en el edificio Torres de Miraflores en el 2001, de donde se lo llevaron junto a su madre, Gloria Polanco de Losada y su hermano menor, “el secuestro regresó a nuestra región, como lo evidenciamos en los últimos días con el secuestro de estos paisanos y especialmente el último en el municipio de La Plata”.
“Pero, también regresó de manera alarmante el secuestro, el abigeato, el desplazamiento, el reclutamiento de menores y todo esto se debe a que en nuestra región ya hacen presencia y desde hace varios meses grupos alzados al margen de la ley, especialmente disidencias de las Farc, provenientes del Cauca y del Sur del Tolima”, sostuvo el dirigente político.
Para Lozada, “esto es reflejo, como lo ha venido diciendo, de la mal concebida y mal llamada política de ‘Paz Total’ del Gobierno Nacional, que ha permitido el fortalecimiento criminal al maniatar de pies y de manos a la fuerza pública”.
“Aquí lo que debemos hacer como sociedad es exigirle mayor contundencia operacional a la fuerza pública, al Ejército y a la Policía y como sociedad no volver a permitir que el secuestro sea algo cotidiano y que sea pan de cada día como lo vivimos hace décadas desafortunadamente en la región”, añadió.
Práctica abominable
Para el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, lo que está sucediendo en el Huila es algo que venían advirtiendo de tiempo atrás; el Huila se ha convertido en una tierra en la que imperan la extorsión. “El crecimiento y el fortalecimiento de muchos de los grupos al margen de la ley hoy les está permitiendo implementar una práctica abominable que habían abandonado, que es el secuestro”, manifestó el dirigente del Partido Cambio Radical.
Agregó que continuará insistiéndole al Gobierno Nacional, para que se fortalezca la Fuerza Pública, que les den las herramientas que les permitan en general combatir la inseguridad.
De acuerdo con las autoridades, los secuestros del caficultor Álvaro Losada, el 22 de agosto en El Pital, y de la comerciante Ángela Valentina Gómez Campos, el 11 de septiembre en La Plata, fueron obra de disidentes del frente Hernando González Acosta de las Farc.
Las investigaciones arrojan que ambos plagiados habrían sido llevados al departamento del Cauca.
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