En la necesidad de progreso, desarrollo y competitividad de un país es urgente tener vías de comunicación en muy buena condición que muevan carga y pasajeros. Pero como el Estado colombiano no tiene plata suficiente se pensó la alternativa de crear empresas con capital privado (extranjero) que construyeran las carreteras y las explotaran durante varios años y además hicieran posteriores labores de mantenimiento.
Con el cobro de peajes autorizados y definidos por el Ministerio del Transporte, durante esos años las empresas podían ir amortizando la inversión, además de generar beneficios propios.
Hasta ahí todo parece claro y no habría problema. Sin embargo, ha surgido en el Huila, especialmente en el centro y sur, una polémica por el costo beneficio de una nueva caseta de cobro en Laberinto, kilómetro 55, en el tramo Gigante-Hobo, para ayudar a financiar la intervención de la vía 4G Neiva-Mocoa-Santana, en el Putumayo, con una longitud de 447 kilómetros y una inversión de $2,9 billones.
Mientras comunidades, concejales y alcaldes de algunos municipios se sienten lesionados por el nuevo peaje porque dicen afectaría el flujo de turismo, el costo de los pasajes de servicio público, el transporte de carga, el desplazamiento permanente de personas a Neiva, etc., empresarios y autoridades regionales están a favor por considerarlo el “único mecanismo para acceder a grandes y millonarias obras”.
Los cobros
El tema es que quien viaje hoy al Huila debe pagar cinco peajes: el situado en El Patá, aunque se anuncia que será corrido al Tolima; el de ingreso a Neiva; Los Cauchos, junto al cruce de Rivera; el nuevo, en Laberinto; y el de Los Llanos de la Virgen en Altamira. Además, los usuarios de la vía en construcción pagarían más casetas según Luis Alfredo Gómez, asesor de la Veedurías Nacionales.
“No es un peaje, son cuatro. El proyectado entre Puerto Seco y Hobo; uno que instalarán en la Bota Caucana que estaba contemplado ubicar entre Timaná y Pitalito; antes de llegar a Mocoa otro; y el que se pondrá entre Mocoa y Santana”, afirmó.
El pasado jueves hubo un debate sobre el tema en la plenaria de la Asamblea con presencia de delegaciones de concejales de Garzón y Gigante y a la mesa directiva llegaron proposiciones de otros cabildos municipales en rechazo y desacuerdo con el tributo.
La reclamación se resume en que son poblaciones agrícolas con proyección turística cuyo desarrollo depende de ciudades grandes como Neiva y Bogotá, con dificultades económicas y sociales, que verían afectada la competitividad por los aumentos en costos de pasajes y fletes.
También se quejan de que es evidente, como dijo Henry Beltrán, garzoneño, que la instalación de nuevas casetas no compensa el mal estado de las vías, el abandono estatal, como ocurre con la que fue impuesta hace unos años en Los Llanos de la Virgen, “hoy una carretera llena de baches y remiendos”.
Y existe la descontento general ya que “no es justo ni conveniente un pago adicional porque no se trata en realidad de una megavía sino de una doble calzada entre Neiva y Campoalegre; un tercer carril entre Puerto Seco y Los Altares; rectificaciones de algunos tramos y variantes en unos municipios”, dijo Gómez.
Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional para la Infraestructura, confesó a LA NACIÓN que habrá aumento de precios en los existentes: “En la medida en que se entreguen las unidades funcionales de la obra irá incrementando el valor para asegurar el mantenimiento, dependiendo del tipo de vehículo. Máximo serán 10.000 pesos”.
El funcionario se anticipó a manifestar que “paga pagar peajes” porque la carretera se beneficia con servicios de emergencia y logísticos. Las concesiones viales tienen grúas, asistencia mecánica, equipos de emergencia, médico, ambulancias, generando mucha seguridad para los viajeros y la familia.
“Lo que se ahorra por andar en una mejor vía compensa el pago, el costo, porque se ahorra combustible, desgaste del automotor. Estas obras no se financian solamente con peajes sino también con aportes de la Nación”, explicó Andrade.
Coincide el gobernador Carlos Julio González, quien con prudencia pide a la gente considerar las ventajas que traerán las obras de mejoramiento vial. “Es un tema complejo pero debemos valorar el costo y el beneficio. Se posicionará al Huila como nueva estrella vial del sur del país, con salidas a diferentes regiones del país y el mundo”.
Sobre la posibilidad de protestas ciudadanas para oponerse a la instalación, respondió que se correría el riesgo de que colapse el proyecto en lo financiero, y los recursos se vayan para otros departamentos que están pidiendo inversión y carreteras.
Igual opina Ariel Rincón, presidente Cámara de Comercio de Neiva, que propone hacer un ejercicio de costo-beneficio “porque la intervención del trayecto va permitir ahorro de tiempo y combustible. Los dividendos son mayores en relación con el pago de los peajes”.
Armando Cuéllar Arteaga, gerente de Coomotor, expresó que “la vía la necesitamos y sin peaje el Gobierno no la hace. A nadie le gustan los cobros ni los impuestos, pero si no se construye la plata se va para otra parte”. No obstante, aceptó que la estructura de costos al transportador tendrá una incidencia superior al 12%.
Opinan los alcaldes
Alberto Tovar Bautista, Hobo: “Estoy de acuerdo con el peaje pero con compensaciones. Que se otorgue a los habitantes de Hobo tarifas diferenciales, que se genere empleo con la obra, mejore la infraestructura hospitalaria, el saneamiento básico, vías y se habiliten unos paradores comerciales alrededor de la vía y el peaje para los vendedores ambulantes”.
Fabio Ramírez, Tesalia: “Desde todo punto de vista es negativo porque, por ejemplo, para venir de Neiva a Tesalia, en menos de 90 kilómetros, hay que pagar dos peajes. Lo otro es el tramo Laberinto- La Plata que está en malas condiciones, por eso creo que lo primero que debería hacerse es arreglarla”.
Henry Durán, Paicol: “Este nuevo peaje lesiona los intereses de los ciudadanos porque el transporte de pasajeros y de carga se va a encarecer y por lo tanto todo va a subir de precio, los alimentos, lo que impactará de manera significativa la economía regional”.
Édgar Bonilla, Garzón: Es necesario hacer una evaluación a fondo y en lo posible evitarlo. Pero todo debe obedecer a un estudio de concertación para que las comunidades den su aporte. De todas maneras son obras necesarias por muchos años solicitadas y son urgentes.
Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional para la Infraestructura.