Este año los congresistas de partidos de gobierno y acólitos de otros colectivos se emplearán a fondo en los seis debates necesarios para aprobar el proyecto de reforma constitucional adoptando el ‘transfuguismo’, para mayor desgracia de esta tanto hirsuta como asediada y herida democracia colombiana. Tienen el decidido y poderoso empeño del gobierno como mayor beneficiario, puesto que es un valiosísimo recurso con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
La modificación de los artículos 107, 108 y 262 de la Carta da vida a los movimientos políticos para participar electoralmente a partir de un sistema de afiliación y, argumentan, permite mayor flexibilidad a los parlamentarios que deseen cambiar de partido, endureciendo las condiciones para obtener personería jurídica y regulando las coaliciones, aunque el propósito de fondo es evitar que posteriormente haya sanciones como la que sacó del senado al poderoso Roy Barreras, entre varios otros, por tránsfuga. Es decir, por brincar de partido en partido según las prebendas a obtener en cada coyuntura política. Dicho escuetamente, por lentejo, lagarto, desleal y corrupto.
La iniciativa genera natural debate: unos la apoyan como pasó hacia la libertad política y otros advierten consecuencias negativas para la estabilidad social y confianza ciudadana. Es que, de hecho, el transfuguismo es perverso por facilitar a los parlamentarios cambiar de partido sin perder su curul. Es dar soporte constitucional a la corrupción: congreso de bolsillo por mermelada.
Fortalece las coaliciones obligándolas a convertirse en partidos consistentes, lo que de por sí es bueno y da músculo a una verdadera reforma política metiendo en cintura las ‘empresas electorales personales’ que son foco mayor de la corrupción. La iniciativa pone a los partidos a responder por sus avalados condenados por hechos vinculados al terrorismo o narcotráfico.
Pero, en lo práctico, algunos partidos no gobiernistas quedan erosionados perdiendo estabilidad y debilitando la oposición en el Congreso, afectándose la dinámica política y capacidad de la oposición para influir en la actividad legislativa.
¿Será mucho pedir que se apruebe la reforma constitucional sin el perverso transfuguismo?
