Tienen razón los gobernantes regionales del país en estar preocupados por el anuncio del Gobierno de Gustavo Petro de hacer un “recorte presupuestal” por un valor de $20 billones como partida global. En ese sentido, cada ministerio y departamento administrativo debe recortar el 5.6% de su presupuesto.
Todo esto obedece al bajo recaudo tributario en medio de una economía estancada y que durante el primer trimestre de este año creció apenas un 0,7%. Al fin y al cabo, las finanzas públicas se nutren de los impuestos que pagan los colombianos.
“Tenemos ya en este momento identificado un problema de recaudo, no vamos a lograr la meta del año, además está la decisión de la Corte Constitucional que mantiene en firme la no deducibilidad de las regalías en las declaraciones de renta, lo que nos ha abierto un boquete en materia de ingresos y lo tenemos que ajustar por el lado del gasto”, reconoció el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
La verdad es que es tema no es nuevo. Desde hace un año se venía hablando de que el Gobierno debía hacer recortes en el gasto debido a las dudas que suscitaban algunas fuentes de ingreso.
Así las cosas, los gobernadores, reunidos en la Federación Nacional de Departamentos, están pidiendo que “en las partidas a recortar no se afecte la financiación de los proyectos priorizados en los Planes Departamentales de Desarrollo que fueron armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo, con especial énfasis en aquellos que tienen contrapartidas o vigencias futuras”.
El mejor camino sería que el Gobierno Petro evaluará con los mandatarios del país, de manera armónica, alternativas que permitieran minimizar el impacto del recorte en el presupuesto en la inversión en las regiones, ávidas de que el Estado fortalezca con obras viales e infraestructura y desarrollo social.
