Con la aprobación de 2.150 proyectos, por 6 billones de pesos, comenzó la distribución de las regalías bajo el nuevo modelo. En las regiones se quejan por la lentitud en los desembolsos y la ejecución de las obras. ¿Qué pasa?

Con la aprobación de 2.150 proyectos, por 6 billones de pesos, comenzó la distribución de las regalías bajo el nuevo modelo. En las regiones se quejan por la lentitud en los desembolsos y la ejecución de las obras. ¿Qué pasa?

Informe especial SEMANA Hace una semana Planeación Nacional anunció que, hasta la fecha, se han aprobado 2.150 proyectos de inversión para las regiones con recursos de las regalías por unos 6 billones de pesos. La noticia pasó desapercibida a pesar de su gran importancia. Está a punto de cumplirse un año de la puesta en marcha del nuevo sistema para distribuir estos dineros provenientes de la explotación minera y petrolera, y ya es hora de evaluar su funcionamiento. El esquema nació bajo muchas críticas, especialmente en las regiones productoras que se sintieron despojadas de buena parte de la tajada que recibían en el pasado. También se le ha dado un gran debate al sistema que se montó para escoger los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con los recursos de las regalías. Según algunos mandatarios regionales ha habido problemas de gestión y de burocracia en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), en los que participan representantes del gobierno nacional, departamental y local. Para el gobierno, el nuevo proceso busca acabar con los elefantes blancos construidos en el pasado en algunas regiones productoras como la piscina de olas o el Museo del Hombre Llanero en Yopal (Casanare), el gigantesco arco de concreto en Puerto Gaitán o las decenas de parques, hospitales y centros educativos que quedaron a medio camino por la corrupción y hoy están cubiertos por la maleza. Pues bien, llegó la hora de la verdad. Ahora que hay más de 2.000 proyectos aprobados bajo este sistema gubernamental, el país quiere saber en qué se gastará la plata de las regalías. Según el DNP, la mayor tajada de esos recursos está en obras de infraestructura vial, siguiendo la idea de que el auge minero energético y las regalías se utilizaran para conectar al país. El segundo rubro en importancia es educación seguido de agua potable y saneamiento básico, ciencia, tecnología e innovación y vivienda. Arauca, Casanare, Meta, La Guajira y Tolima son los departamentos que presentaron más proyectos. Mauricio Santamaría, el director del DNP, asegura que se han girado 3,5 billones de pesos en inversión y que “la platica no se quedará en piscina de olas”. Sostiene que los recursos restantes se girarán en los próximos días porque lo que le interesa al gobierno es que el dinero fluya y se hagan las obras. Santamaría se defiende de las críticas de quienes cuestionan la lentitud de los desembolsos de estos dineros. Pero las quejas son muchas. En un debate realizado la semana pasada en el Congreso se puso en evidencia la baja ejecución de los proyectos debido a que la plata le está llegando a cuentagotas a muchos municipios. La contralora Sandra Morelli señaló que la ejecución no llega al 5 por ciento. Sin embargo, reconoció que como el sistema es nuevo prácticamente todo el año pasado se fue en articularlo. Morelli también llamó la atención sobre la fragmentación y el poco impacto de los proyectos aprobados bajo el nuevo esquema. Sin embargo, la mayor preocupación sigue siendo el manejo de las millonarias partidas. En un reciente informe denunció 781 hallazgos fiscales por 464.000 millones de pesos en los dos últimos años. Los mayores problemas se presentan en la costa Atlántica y en Casanare, uno de los departamentos que más regalías recibe junto con Meta. “El desafío es que no se repita la experiencia amarga que vivimos en el pasado”, dijo la funcionaria quien señaló que se han logrado recuperar 60.000 millones de pesos. En algunas regionales la molestia radica en el manejo centralizado de las regalías, la tramitomanía y la demora en los giros, que tiene frenadas las obras. La preocupación de algunos mandatarios locales es grande porque después de casi un año y medio de haber sido nombrados no tienen nada qué mostrar. Así lo manifestó Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios ante el presidente Juan Manuel Santos en un congreso de alcaldes realizado la semana pasada en Cartagena. Francisco Padilla, alcalde de Cereté (Córdoba), dice que “a la mermelada le va a caer moho” porque no ha recibido los dineros prometidos debido a tanto trámite y a que los proyectos pasan por las manos de técnicos de Bogotá, que no tienen idea de las necesidades de las regiones. “Todos estos meses se nos han ido en puro papeleo, esperando el visto bueno de los cachacos”, afirma. Aurora Rodríguez, alcaldesa de Villarrica (Tolima), dice por su parte que mientras estas partidas están congeladas en Bogotá, el estado de las vías del departamento es lamentable. En educación tiene graves problemas porque mientras los niños de los colegios públicos entraron a estudiar en febrero pasado, este es el momento en que no les han girado las partidas para el transporte escolar, afectando a los estudiantes que viven en veredas apartadas. Pero Juan David Londoño, alcalde de Puerto Nare (Antioquia), asegura que el sistema sí está marchando, a pesar de algunos obstáculos. Ante la preocupación de algunos mandatarios, Paula Acosta, directora territorial del DNP, afirma que se realizarán Ocad simultáneos en todo el país para acelerar la aprobación de regalías y dijo que los funcionarios responderán las inquietudes. En conclusión, lo importante ahora es que esos proyectos que ya fueron aprobados pasen del papel a la realidad. Acosta dice que en el corto plazo mejorarán las condiciones de vida a la población objetivo. En 2013 a las regiones colombianas se les girarán 9 billones de pesos de los cuales 3 billones se distribuirán en diversos fondos, entre ellos ciencia y tecnología y el pago de las pensiones territoriales. El grueso de los recursos de las regalías irá a proyectos de inversión. Ahora lo importante es que el gobierno, los organismos de control y la ciudadanía tienen una gran responsabilidad para que no vuelvan a verse proyectos faraónicos en poblaciones donde ni siquiera llegaban el agua o la luz.