El Gobierno de Gustavo Petro ha emitido la directiva presidencial 007 que establece lineamientos claros sobre los deberes de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa, en consonancia con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares en la materia.
El documento, que surgió de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alcanza a todos los servidores públicos que interactúen con medios de comunicación, incluyendo altos funcionarios del Estado.
Entre otras cosas, la directiva de Petro insta a los funcionarios a “Evitar que los pronunciamientos generen actos de estigmatización o discriminación hacia periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y demás actores relevantes”; “Abstenerse de emitir declaraciones que puedan ser interpretadas como instigaciones a la violencia y discriminación, basados en sus opiniones, filiaciones políticas o cobertura periodística”; “Fomentar un ambiente de respeto, diálogo y tolerancia hacia todas las opiniones y contribuciones al debate público”; “Abstenerse de emitir contenidos que puedan entenderse como piezas que instiguen o formen parte del discurso o apología del odio”; “Garantizar el escrutinio libre, amplio y riguroso sobre la gestión pública de las autoridades y los funcionarios públicos, así como sobre el funcionamiento del Estado”.
La directiva presidencial es oportuna porque llega en un momento en el que cada vez hay más agresiones a los periodistas y los medios de comunicación producto de la polarización política que vive el país. Cada ataque es poner en riesgo la vida e integridad de los comunicadores en las regiones, muchas de ellas ‘plagadas’ de grupos ilegalmente armados.
Ha resultado eso sí irrespetuoso e inexplicable que durante el acto de firma de la directiva presidencial, de obligatorio cumplimiento, el presidente Gustavo Petro diera un discurso en el que insistió en su lenguaje de odio y estigmatización hacia los periodistas y medios de comunicación. Él como cabeza visible del Estado debe dar ejemplo de equilibrio y buen trato.