Como ya lo hemos indicado en anteriores oportunidades a través de esta tribuna, el secuestro es una práctica abominable, que socava la tranquilidad y dignidad no sólo de la víctima sino de sus familiares y la sociedad en general. Es un hecho profundamente ominoso y que además constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Por eso, es doloroso el relato que están haciendo los familiares de la joven comerciante Ángela Valentina Gómez Campos sobre el infierno que están viviendo tras haber sido secuestrada el mes pasado a las afueras del municipio de La Plata, en el occidente del Huila. Ella fue plagiada por un grupo de disidentes del frente Hernando González Acosta de las disidencias de las Farc, que delinquen en esa región del departamento y en vecino Cauca.
De acuerdo con los allegados, el grupo ilegalmente armado ya ha allegado pruebas de supervivencia de la joven Ángela Valentina: “El material que nos envían es cada vez más fuerte; esa gente ha sido demasiada fuerte en sus declaraciones. En los últimos videos que se enviaron, ella se observa demacrada, obviamente, afectada psicológicamente porque esas personas de cierta forma la maltratan, le dicen cosas, le hacen rogar por su vida. Es bastante traumático y de hecho ha sido demasiado difícil para todos mantener la calma y el control en esos momentos”.
Evidentemente, se trata de un secuestro extorsivo, a través del cual las disidencias de las Farc buscan recaudar dinero en efectivo.
Urge que las autoridades, la dirigencia, el sector gremial y empresarial y la sociedad huilense exijan de las disidencias el respeto por la vida e integridad de la joven Ángela Valentina, y del Gobierno de Gustavo Petro emprender las acciones necesarias para el regreso sana y salva de ella.
Es inexplicable que el Gobierno Petro le ofrezca una ‘mano amiga’ a las disidencias a través de la ‘Paz total’ y el cese al fuego, entre otras concesiones, mientras estas cometen hechos tan reprochables como el secuestro de Ángela Valentina.