¿El servidor público es un privilegiado?. Por: ALEXANDER MOLINA GUZMÁN

Causó revuelo la indemnización por más de 1.100 millones de pesos que pagó las Empresas Públicas de Neiva ––plata que sale del bolsillo de los neivanos–, a 17 trabajadores que les cancelaron el contrato. La inquietud ciudadana surgió porque eran trabajadores que no llevaban ni dos años vinculados a la empresa y, debido a que estaban cobijados por la convención colectiva del sindicato al cual estaban afiliados, cada uno de ellos obtuvo una millonaria indemnización pues la menor fue de 51 millones de pesos y la mayor fue de 99 millones, y entre estos dos valores se movió el resto de pagos. Es decir, el descontentó ciudadano se produjo porque estas indemnizaciones no las ven justas pues ningún ciudadano común y corriente no ganaría en pocos meses esta millonaria indemnización. Es más, me dijo un ciudadano, mientras que miles de trabajadores nunca se pensionarán, aquellos 17 trabajadores lograron, en tan corto tiempo, mínimo, media pensión. Con todo el respeto, debo decir que la ciudadanía tiene razón. Y aquí quiero proponer un debate sano y limpio: La Constitución y la ley por ningún lado determinan privilegios para los servidores públicos frente al conjunto de los demás ciudadanos. Lo que las normas determinan es que los servidores públicos deben gozar de todas las garantías laborales para ejercer sus funciones; incluidas, por supuesto, aquellas que tengan que ver con la salud ocupacional, el bienestar social y la garantía de organizarse en sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y luchar por la estabilidad y movilidad laboral de sus asociados y no asociados dentro de la empresa…Pero no para obtener privilegios, en comparación con los demás ciudadanos. Por ejemplo, y para ahondar más en el debate, es de conocimiento público que hay un grupo de trabajadores de las Empresas Públicas que pagan supuestamente sólo 2.000 pesos hasta por 40 metros cúbicos de agua que le suministran en su casa, gabela que está pactada por convención colectiva ¿Es justo? Claro que no, pues no es razonable que trabajadores de la EPN tengan, prácticamente, gratis hasta 40 metros cúbicos de agua, mientras que todos los demás usuarios de la misma empresa no tengan un mínimo vital de agua y deban pagar lo que les marque el medidor de su casa. Porque una cosa es un incentivo laboral, como obtener un prima por servicios, y otra es un privilegio ciudadano, como quedar exonerado de pagar, normalmente, un servicio público, como el consumo de agua. Sin embargo, al alcalde, al gerente y a los trabajadores de EPN hay que respaldarlos en el propósito de limitar la burocracia y evitar los privilegios: Direccionar la empresa para el beneficio real de los neivanos.