Todo lo que ha pasado recientemente en relación con las facultades de la Contraloría General de la Republica, para investigar a los aforados, que ha permitido dentro del proceso la intervención de los llamados Conjueces, llama la atención muy especial por cierto, sobre la existencia de estos “colaboradores” mas que administradores de justicia, sobre su verdadero papel en el esquema judicial actual. Luis Humberto Tovar Trujillo Todo lo que ha pasado recientemente en relación con las facultades de la Contraloría General de la Republica, para investigar a los aforados, que ha permitido dentro del proceso la intervención de los llamados Conjueces, llama la atención muy especial por cierto, sobre la existencia de estos “colaboradores” mas que administradores de justicia, sobre su verdadero papel en el esquema judicial actual. Con las consabidas excepciones obligadas, pareciera que son mas “colaboradores” entre comillas, de los funcionarios titulares de administrar la tan pronta y cumplida, que ni es pronta ni es cumplida, mas por ineficiencia que por falta de presupuesto y garantías del establecimiento, sino porque se han dedicado a otros menesteres baladíes, que nada tienen que ver con esa loable y altruista labor, máxime como principio y fin del Estado, de dar a cada quien lo que le corresponde, teniendo como parámetro la equidad. Pareciera que los conjueces, cumplen ordenes e instrucciones precisas de los titulares, asumen las mismas limitaciones y tendencias intestinas por la forma de las decisiones que adoptan, asumen con vehemencia la defensa de lo indefendible, y llegan hasta la desesperación, enfrentando decisiones de alto contenido jurídico, en aras de satisfacer los intereses de quienes son sus amanuenses. No es otra de deducción que se desprende, por la desesperación notoria de los llamados conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, al haber tomado la decisión injurídica a todas luces, para establecer un manto de impunidad frente a los aforados del Estado, e impedir, como lo pretendieron establecer los titulares del Consejo Superior, que la Contralora, investigara los desafueros de los aforados, en sus actuaciones, pretendiendo tapar con impunidad sus acciones u omisiones. Vulgar y detestable aun, que en ese desespero, se pretenda tapar el carrusel de las pensiones, que como decía el todopoderoso Vargas Lleras, se ha montado una asociación para defraudar al Estado, impidan hasta con tutela se ejerza el control fiscal, que le corresponde a la Contraloría; es su obligación Constitucional, por eso es sabia la decisión reciente del Consejo de Estado, en reconocer esa responsabilidad del organismo de control fiscal, porque no hay derecho que con el cuento de ser aforado, se pretenda establecer una inmunidad para la impunidad, de ingrata recordación para los Congresistas, para defraudar al Estado. Creo que con esta clase de decisiones de los conjueces, patrocinadoras de la impunidad, constituyen la partida de defunción del Consejo Superior de la Judicatura, en la reforma judicial, máxime cuando de tiempo atrás, se vienen tomando decisiones que denotan oscuros intereses, de algunos no de todos, que atentan contra la dignidad y la majestad de la justicia, al decir de Reyes Echandía.