Ayer, el contratista cordobés Emilio Tapia Aldana anunció que firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó su participación en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.
El empresario, uno de los principales protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, anunció que ya está lista la hoja de ruta para devolver los cinco mil millones de pesos con los que se quedó del anticipo entregado por el MinTIC.
En el preacuerdo, se señala que Tapia Aldana reconoció tres delitos, hecho por el cual será condenado a 76 meses de prisión (es decir, seis años y tres meses). Adicionalmente, realizará un acto de excusas públicas.
Además, se suma el pago de una multa de 4.700 millones de pesos y la suspensión para ejercer cargos públicos durante este tiempo. “Tendría compromisos como excusas públicas, pago de pagarés, testigo de cargo y que efectivamente dos bienes inmuebles sirvan de garantía de los pagarés que suscribiría como un codeudor”.
