Se siguen destapando absurdas formas de saquear la plata para la alimentación de menores de bajos recursos. A través de un contrato en Santander se giraron recursos a proveedores ficticios en municipios apartados de Tolima, Huila y Meta.
Con las irregularidades que han encontrado los entes de control, los Programas de Alimentación Escolar en las regiones del país están cada vez más cerca de convertirse en una especie de festín para los corruptos.
Esta semana el contralor alertó por la venta de pechugas de $40.000 a los niños más pobres de Cartagena. Sin embargo, nuevos detalles entran a pelearse el primer lugar del rankin de los contratos absurdos dentro de un programa que tiene como propósito llevar mejores condiciones nutricionales a niños de bajos recursos.
La Fiscalía reveló detalles increíbles de cómo se firmaron a través de un contrato macro en Santander, la provisión de productos y servicios en municipios apartados del país ubicados en los departamentos de Tolima, Huila y Meta. En este último, por ejemplo, la Fiscalía encontró el contrato con la Asociación de Operadores de Grúas T&A por 30 millones de pesos para el suministro de tamales a los niños de la región.
Lo primero que despertó la curiosidad de los investigadores es que esta contratación se hubiera suscrito con una empresa que presta servicios de grúas. Al intentar corroborar la información, los investigadores confirmaron sus temores: los trabajadores de la empresa de grúas certificaron a la Fiscalía que no tienen habilidades culinarias para hacer tamales. Al contrastar la minuta de alimentación de los estudiantes, el ente investigador se encontró que los tamales nunca hicieron parte del menú.
Proveedores ficticios aparecen con mucha frecuencia en todas las investigaciones. En las diligencias se encontraron con que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación. En la mayoría de los casos no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica.
Los hallazgos se enmarcan en las investigaciones realizadas al contrato de alimentación escolar en Santander del 1 de abril del 2016, en el que la Fiscalía encontró anomalías entre la gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Ltda. Dicho contrato se suscribió por $ 23.844 millones para 82 municipios no certificados, es decir, que no tienen capacidad de contratación porque cuentan con menos de 100.000 habitantes. Con las dos adiciones, este contrato en total terminó costando 35.700 millones de pesos para suplir las necesidades nutricionales de 124.892 estudiantes de escuelas de Santander.
La Fiscalía investiga el presunto direccionamiento del pliego de condiciones para beneficiar al contratista; también se encontró que habría existido proveedores ficticios ya que no tenían la capacidad para dar garantías nutricionales a los menores.
Entre los hallazgos también está el caso de Huila, donde se habría pagado por la elaboración de postres con una Asociación de Padres de Familia que además de estar inactiva certificó que desconoce a la Cooperativa Surcolombiana que los contrató por $20 millones.
En Suaza se pagaron $ 290 millones a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo para el suministro de frutas y verduras. Sin embargo, las verduras no se habrían entregado y el dinero habría terminado en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.
En el caso del Tolima, la Fiscalía encontró que fue contratada la Asociación de Padres de Familia Proyectos al Futuro para el suministro de frutas también para asociaciones escolares. Según la Fiscalía, los dineros fueron consignados en la cuenta de Catalina Trujillo, quien sería la hermana de Germán Trujillo, contratista vinculado a la investigación.
Por estos hechos fueron capturadas la secretaria de Educación Departamental de la Gobernación, Ana de Dios Tarazona; el coordinador del PAE, Aníbal González Sánchez y la represente legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Ltda, Luisa Fernanda Flórez Rincón. Deberán responder por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros.