En el suroriente del país el aumento de las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y la violencia es preocupante. Los desplazamientos, la afectación por artefactos explosivos y los nuevos casos de desaparición, son algunas de las problemáticas visibles que persisten.
A estas se suman otras como el reclutamiento, uso y participación de niños, niñas y adolescentes en los conflictos. Durante 2022, en Caquetá 3.021 personas se desplazaron de manera individual y en el Putumayo otras 3.116, lo que representa el 5% del total nacional. Así mismo, en esta parte del país, 65 personas sufrieron afectación por artefactos explosivos; de este número de casos la tercera parte se registró en Caquetá.
“Más allá de las cifras que de por sí son preocupantes, lo que nos parece extremadamente grave es el impacto acumulado de décadas de los conflictos armados en el país. Las cifras no logran reflejar la zozobra, incertidumbre y la desesperanza que experimenta a diario la población que vive en zonas apartadas en donde la presencia del Estado es escasa”, indicó Hugo Fiz Palacios, jefe de la Subdelegación del CICR en Florencia.
Fiz Palacios, agregó que es importante que los actores armados permitan el acceso de las organizaciones humanitarias imparciales a los distintos territorios para que puedan aliviar el sufrimiento de la población civil y ayudar a mitigar los efectos de los conflictos armados y la violencia.
