La decisión no tiene reversa. Pese a las presiones políticas, los diez representantes de empleadores y trabajadores pondrán fin a la prolongada interinidad que cumple once meses tras la salida intempestiva de su titular, Armando Ariza Quintero, detenido en junio del año pasado por orden de la Fiscalía.
La meta, según sus directivos, es conjurar de una vez por todas, los problemas de gobernabilidad y garantizar la sostenibilidad de la institución con 482.867 beneficiarios.
La salida del actual director encargado, Harold Salamanca está en el orden del día y será el punto de partida. Esta decisión tampoco tiene reversa.
La elección está programada para las 5:00 p.m. y se sorteará entre diez aspirantes, entre ellos tres mujeres. Sin embargo no será fácil.
El proceso se realizará en una sesión extraordinaria interferida por dos nuevas acciones de tutela, una de ellas colocada por el consejero Francisco Lozano y en medio de presiones oficiales, sindicales y políticas de todo orden.
Aunque el consejo gremial y distintos sectores públicos y privados, han reclamado la elección de un director ajeno a la política, las afinidades partidistas, terminaron afectando el proceso. La demora en la elección, facilitó la intervención de otros actores que intentan por todos los medios, imponer sus preferencias.
Dura puja
Los consejeros hacían esfuerzos anoche para lograr un consenso. No obstante, se mantenían dos bloques, que impedían una votación calificada para la elección del nuevo director administrativo.
“La meta es elegir director, el tema no puede dilatarse pero aún no tenemos un pleno consenso”, anticipó el presidente del consejo directivo Juan Carlos Novoa.
Los demás consejeros han mantenido total reserva.
Eventual tercería
Aunque en medios políticos y gubernamentales se daba como un hecho la designación del ingeniero Luis Miguel Losada, anoche estaba descartada. La fuerte reacción mediática opacó su segura aspiración.
Las diferencias partidistas entre el liberalismo villalbista y el sector político de la exgobernadora Cielo González Villa y de su hermano, el gobernador Carlos Julio González Villa, terminaron interfiriendo el proceso.
Una tercería se abría paso, favoreciendo eventualmente a la exalcaldesa de Pitalito, Gladys Canacué, pese a que no se destacó en la entrevista. La ex mandataria conservadora fue consultada ayer en varias oportunidades. Los resultados de los contactos no trascendieron.
La cercanía de la ingeniera civil Deicy Martina Cabrera con el villalbismo, la dejaría por fuera del proceso. El tema fue planteado por personas cercanas al proceso.
Sin embargo, los nombres de Luis Fernando Rojas y Constantino Trujillo, figuraban también como otras opciones.
Entre los finalistas figuran también el exsuperintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, el médico César Alberto Polanía, el ex contralor Mario Solano Calderón, la abogada Silvia Alexandra Castañeda y el exdirector del Sena, Camilo Castrillón.
Nuevas tutelas
Dos nuevas tutelas promovidas por empleados de Comfamiliar intentaban frenar el proceso. Una fue instaurada por el consejero Francisco Lozano, quien considera que el proceso es ilegítimo. Un juzgado admitió el recurso. El abogado Juan Carlos Ortiz, aseguró que la acción judicial no logrará frenar el proceso.
Puja sindical
A las presiones políticas y judiciales se sumó también las protestas de los trabajadores. El sindicado de la entidad, exigió a los consejeros claridad frente a los cuestionamientos. Anoche, en un plantón apoyaron la renovación pero cuestionaron el manejo político que se le pretende dar.
Los riesgos
Un manejo desacertado pondría en aprietos la sostenibilidad. El futuro de la entidad está en juego. La labor social y su patrimonio económico no son de poca monta.
La Caja de Compensación Familiar del Huila, que este año cumple 50 años de su creación, reportó ingresos por $473.872 millones y cuenta con 469.370 beneficiarios.
La caja genera 2. 500 empleos en el Huila, actualmente cuenta con 12.601 empresas afiliadas y 107.806 trabajadores reciben sus servicios. En los programas de salud subsidiada tiene 375.061 afiliados a la EPS lo que demuestra el gran impacto social en grave riesgo.
La corporación de derecho privado y sin ánimo de lucro, maneja además todos los programas de subsidios (familiar (cuotas monetaria) escolar, al desempleo) y los subsidios familiares de vivienda que ofrece el Gobierno Nacional.
Igualmente maneja programas de educación formal e informal, tiene uno de los mejores colegios, ofrece recreación y programas vacacionales, capacitación para el empleo, créditos sociales, mercadeo social, atención integral a la niñez, cuidado del adulto mayor y jornada escolar complementaria, entre otros.
En el Huila opera los centros de recreación Playa Juncal, Termales, parque extremo, programas de turismo y recreación, supermercados, las unidades integrales de servicios y controla además la Sociedad de Inversiones Turísticas con hoteles en Pitalito y San Agustín.
Situación financiera
Por su estructura financiera, Comfamiliar ha sido una de las 43 cajas más importantes del país que estarían en riesgo de persistir los graves problemas internos que ha venido soportando.
El patrimonio a Diciembre 31 de 2014 ascendió $159.028 millones. Los activos fueron estimados en $287.509 millones y los pasivos de $128.481millones.
El presupuesto de inversiones, según el último balance conocido (2014) asciende a $39.518 millones.
La caja genera 2. 500 empleos en el Huila. Actualmente cuenta con 12.601 empresas afiliadas y 107.806 trabajadores reciben sus servicios. En los programas de salud subsidiada tiene 375.061 afiliados a la EPS).
El consejo directivo buscaba anoche un eventual consenso.
Gladys Canacué, figuraba como una tercería.