Presionado por las circunstancias, el magistrado del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga renunció al cargo con “carácter irrevocable e inmediato”.
La dimisión la hizo ante el Senado, el mismo organismo que lo eligió el 8 de septiembre de 2008 de una terna enviada por el entonces presidente Álvaro Uribe. Pero no fue una renuncia voluntaria y espontánea, para asumir la defensa, como lo insinuó Villarraga.
Fue una dimisión tardía, precipitada por el rechazo generalizado de la sociedad civil, más que de sus propios colegas, quienes tímidamente le pidieron que solicitara una licencia temporal para que pudiera dedicarse a su defensa. Lo que debió ser tajante, se convirtió en una especie de solidaridad tácita, ante los hechos inocultables que se habían develado y las pruebas contundentes que reveló Noticias Uno.
Villarraga, en el ojo del huracán, habría intervenido dentro de la Sala Disciplinaria a la que pertenece, para favorecer al condenado coronel del Ejército Robinson Javier González del Río, procesado por falsos positivos.
Pero al parecer, no es el único escándalo en el que se ha visto sometido Villarraga, salpicado en el 2011 por el llamado “carrusel de las pensiones”. Y no sólo Villarraga ha contribuido al desprestigio de ese organismo, creado por la Constitución para garantizar la independencia de la Rama Judicial.
Los escándalos de Paloquemao y otros casos denunciados por el Tribunal Superior de Bogotá sobre presumibles casos de corrupción en los Juzgados de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad así como en el Centro de Servicios Administrativos, ponen en la picota pública, la recta administración de justicia, en todas las instancias. Las investigaciones que se adelantan contra la ex fiscal de Neiva Tatiana Oliveros, es otra faceta de ese oscuro panorama que se arma en las ramas judiciales para fabricar expedientes y fortalecer el “cartel de falsos testigos” con el que se trafica.
Pero no solo en este campo, el tráfico de influencias, los sobornos que se pagan para variar los fallos son recurrentes en todas las instancias, incluidas las altas cortes y los organismos de control, incluida procuradurías y contralorías.
No obstante, la corrupción aparece relegada a un segundo plano, pese al enorme mal que le causa al país, en términos de legitimidad, institucionalidad y democracia. La corrupción es una pandemia que contamina la moralidad pública, debilita el respeto a la autoridad; deteriora la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana.
“La corrupción es una pandemia que contamina la moralidad pública, debilita el respeto a la autoridad; deteriora la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana”.
Editorialito
Meritoria la exaltación que le hizo al ex gobernador Félix Trujillo la Asamblea General de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas). El ex mandatario recibió la orden al Mérito Inmobiliario ‘Hernando Luque Ospina’ en la categoría de Vida y Obra por su valioso aporte al gremio inmobiliario.
