Hay consenso en que la estructuración y responsabilidad, del manejo y distribución de la riqueza de las naciones es determinante del desarrollo y bienestar de las naciones. En consecuencia, no se debe confiar solo a economistas, abogados, sociólogos, historiadores, políticos, filósofos, poetas y paracaidistas cazadores de oportunidades.
Elgobierno anunció y viene presentando al congreso, reformas de contenido socioeconómico, político e institucionales, urgentes de implementar e institucionalizar. Pero el sector político-económico, más retardatario de la nación, una a una las va rechazando, porque afecta los intereses de los dueños del poder económico y político, que ha cogobernado a Colombia, siempre.
El déficit fiscal y de balanza comercial y de pagos, el endeudamiento público, desde hace varios años crece continuamente. Son factores que impiden el desarrollo socioeconómico integral nacional. Sus efectos se catapultarán, con el incremento de la deuda pública y la crisis global del capitalismo criminal. La solución del problema exige imaginación, objetividad y pragmatismo, en el análisis de causas y factibles soluciones, no recetarios desarticulados de la realidad nacional.
La solución puede lograse en el mediano plazo, solo si aplican correctivos al modelo productivo-comercial y tributario. La solución general e integral, exige la redefinición del sistema de contratación pública en términos de racionalidad de costos, priorización de proyectos, democratización de contratación y acabar con el flagelo de la corrupción. Esta decisión, mejoraría el estado fiscal y el crecimiento de la infraestructura.
La contratación pública se convirtió en la vena rota del fisco; nacional, regional y local. Es un imperativo ético y moral rescatarla del dominio de los delincuentes de cuello blanco. Indicadores socioeconómicos nacionales, demuestran endémico desempleo, subempleo e informalidad. Son factores que reducen consumo, potencial tributario y sirven para justificar altos volúmenes de subsidios populistas. Del presupuesto de cada año, más de $100 billones, tienen que destinar a cubrir subsidios. Mas de $100 billones para para de deuda pública. Mínimo $100 billones para el sistema de salud, el próximo año. $150 billones para gastos de funcionamiento. Cerca de $100 billones para el sector educacional. Son realidades que deben ser objeto de análisis minucioso y constructivo, para lograr estructurar presupuestos y una reforma tributaria que garantice mejorar ingresos fiscales, reducir déficit fiscal, balanza de pagos y deuda pública.
Las reformas deben contener decisiones sobre la dinamización de la producción nacional y deben ser dirigidas a generar empleo e ingresos salariales, sustituir importaciones por producción nacional, especialmente en el sector agropecuario y a ahorrar divisas, sin ignorar la producción con valor agregado. Por los hechos, ningún gobierno ha pensado en el futuro de la nación.
Cada una de las problemáticas socioeconómicas públicas, tiene causas específicas. El déficit fiscal que presiona el endeudamiento público, externo e interno, lo determinan entre otros:
Un régimen impositivo aplicado a bienes y servicios, que realmente recae mayoritariamente sobre la clase media (asalariados) de bajos ingresos (impuestos indirectos) y precario poder adquisitivo. Ese recaudo implica un porcentaje muy alto comparado con el 33% promedio de la OCDE y las reales condiciones socioeconómicas y laborales de las mayorías nacionales.
Las afirmaciones, sobre que la tributación empresarial alcanza el 60%, es una falacia insostenible, de los gremios económico-industriales y financieros. Las maniobras del cogobierno nacional, político-empresarial, tributariamente deciden el conjunto de deducciones, exenciones y eluciones reales y la endémica evasión, a las que recurren los de mayores ingresos. Bajo esas condiciones, diversas investigaciones, han concluido que la tasa real, de tributación empresarial y de grandes contribuyentes, no supera el 17% efectivo.
Estudios sobre el sistema tributario-fiscal colombiano señalan que por deducciones, exenciones y evasión, el fisco deja de recaudar más de $70 billones anualmente. Órganos de Control y Oneges, han concluido que en los últimos años, por corrupción, el estado colombiano pierde o le roban, más de $60 billones anuales. Además, se ha establecido que, en Colombia, la infraestructura pública puede costar entre 2, tres y más veces, de lo que cuesta en el resto de la región.
Ahí están los talones de Aquiles. Suprimirlos es parte de la solución de la encrucijada socioeconómica-fiscal de la nación. Si suprimen las maniobras tributarias, no se requieren más reformas tributarias. Así lo deben entender, gobierno y congreso. Las venas rotas que tiene el fisco, pueden suturarse. Se requiere voluntad política del gobierno y del órgano legislativo y responsabilidad y honestidad de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Una reforma tributaria estructural debe establecer aumento sustancial de la tasa tributaria sobre capitales y patrimonios, especialmente impuestos sobre la tierra (catastro integral) y regalías de la industria extractiva. Debe complementarse, con severas y efectivas sanciones penales y económicas para los carteles de la contratación pública.
Las cuantías que señalan los órganos de Control, que pierde el estado, por contratación irregular, no corresponde solo a los hallazgos escuetos de las investigaciones. Deben incluir también: sobrecostos por imprevisiones, deficientes diseños, costos unitarios exorbitantes aceptados (interventorías), mala calidad de obras e inconclusas, entre otros.
La ausencia de estudios y diseños previos, en contratación de concesiones y APP, el Congreso lo institucionalizó, mediante leyes. Así lo convirtieron en práctica legal, desde 1991-1995. Debe prohibirse la contratación sin estudios y diseños y diseños de detalle.
La ausencia de estudios y diseños detallados, previos a la contratación, impiden; el análisis técnico y de costos reales sustentables, exploración y adopción de alternativas, menos costosas, previsión de potenciales riesgos, entre otros. El modelo de contratación de obras e interventorías y la deficiente supervisión técnico-financiera vigentes, facilita las prácticas corruptas. Es posible reestructurar a fondo, la contratación pública.
La ley debe contener drásticas y sumarias sanciones, tanto para el contratista como para el funcionario público que viole las disposiciones legales sobre contratación. El gobierno actual, debe recurrir a todos los recursos legales, para contrarrestar la cerril y perversa oposición en el congrego, extrema derecha y enemigos del desarrollo y de las mayorías nacionales.
Debe recurrir a realizar los referendos que sean necesarios, para lograr lo que se propone con las reformas que le niega el congreso. Son reformas que permitirían mejoren condiciones de vida, para todo el pueblo colombiano y el mismo ejercicio del poder público.
Las condiciones fiscales, tributarias, de endeudamiento externo e interno, son y seguirán siendo críticas, si no se generan condiciones socioeconómicas que garanticen mejores ingresos a los ciudadanos. La campaña a la presidencia de 2026, de los electores, y sano criterio de responsabilidad social y política y visión progresista, deben centrar la campaña política, en desenmascarar, en detalle, las causas y responsables, de la crisis socioeconómica, política e institucional de Colombia. Esa debe ser la clave de la campaña, en toda Colombia.