La Hidroeléctrica El Quimbo, tras casi quince años, sigue siendo un ‘dolor de cabeza’ cada vez más frustrante para los afectados por el proyecto. Según el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, el Gobierno Nacional ha ‘alcahueteado’ a Enel Colombia frente al no cumplimiento de las compensaciones. Dentro de la primera Mesa Técnica de la Comisión Accidental que se adelantó en Neiva, se propuso una declaratoria de calamidad pública y solicitar una reunión de carácter urgente con el presidente Gustavo Petro. Algunos asistentes afirmaron que el espacio no tuvo ningún sentido.
Johan Eduardo Rojas López
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Quince años no han sido suficientes para que el Gobierno Nacional a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, le exija a la compañía Enel Colombia el cumplimiento de las compensaciones sociales por la construcción de la represa de El Quimbo, en el centro del Huila. Este fue el ‘sinsabor’ que dejó ayer la audiencia de seguimiento de la Comisión Accidental que se desarrolló en Neiva.
Este espacio se cumplió en medio de la esperada tensión por la frustración existente, entre otras cosas, porque según la comunidad, la ANLA y Enel Colombia, siguen declarando unos avances que no existen.
Un espacio sin sentido
Jenniffer Chavarro, representante de la asociación de afectados por el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Asoquimbo, fue la primera en salirse de los ‘chiros’ y retirarse del lugar. Lo anterior debido a que “es un espacio como cualquier otro que hemos tenido durante todo este tiempo en donde hay la participación de múltiples actores hablando sobre el tema de El Quimbo de manera desorganizada, pero con el agravante de que estamos en un contexto de un gobierno que ha adquirido unos compromisos de poder superar ciertas situaciones de conflicto y lo que vemos es la dificultad que tienen para ejecutar esa voluntad”.
Dejó claro que están cansados de asistir a espacios en donde simplemente se escuchan con tristeza todas las afectaciones que padecen, pero sin contar con los actores institucionales que deberían dar respuestas concretas.
“Hay dos obligaciones estratégicas y supremamente importante para la región: la primera tiene que ver con la restitución de la unidad productiva, las 5.200 hectáreas que no es una posibilidad, sino una obligación de la empresa que le permitió construir el proyecto, y la segunda tiene que ver con la apertura del censo y es que tenemos un gran problema debido a que la identificación de los afectados por la represa, lo hizo la misma empresa que es la que debe pagar y, por supuesto, esto conduce a que la empresa no identifique la totalidad de los afectados porque esto le incrementa el costo al proyecto”, manifestó.
De allí que, para ella, todas las propuestas o solicitudes que se generaron durante ese espacio no serán más que ideas dado que necesitan puntualmente la presencia de la Ministra de Ambiente y el pronunciamiento del ANLA a través de autos válidos, más no informes insuficientes como “siempre lo hacen”.
No hay que empezar de cero
“Yo le digo a los congresistas que no empiecen de cero porque el caso de El Quimbo tiene suficiente documentación. Es importante, por supuesto, contar con el respaldo político de la investidura que ellos tienen, pero teniendo como un punto principal a las comunidades y no sus curules. Creo que lo que les falta es un poquito de contexto sobre la situación de El Quimbo y necesitamos determinar cómo saldremos de esta situación porque repito que de aquí no va a salir ningún resultado; cualquier cosa que un actor salga a decir de este espacio no tienen ninguna vinculación jurídica en las decisiones y, por ende, no hay avances”, concluyó.
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¿El Gobierno Nacional ha sido cómplice?
El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, dijo que no tienen ninguna duda de que el Gobierno Nacional ha ‘alcahueteado’ a Enel Colombia en que no cumpla con las compensaciones, sin embargo, esto cambió desde el año pasado con la llegada de un nuevo mandatario.
“Eso implica mucha plata para Enel y ellos han tomado del pelo el cumplimiento de sus compromisos, pero también ha tenido al Gobierno Nacional de su lado, en especial ANLA, sin embargo, desde hace un año logramos por fin ver una nueva posición del Gobierno Nacional a favor de que se cumplan a cabalidad las compensaciones; están cumplidas unas partes, pero falta mucho en la tierras y censo. De modo que ahí hay mucho por recorrer y aspiramos que con esa posición podamos lograr avances significativos”, afirmó.
Añadió además que él “celebró desde esa época esa posición del Gobierno y que incluso llevará al Congreso a través de la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que, en este proyecto del Quimbo, se apliquen dos cosas: lo legal y lo justo con las regiones como la del Huila”.
ANLA visitará los municipios
La representante a la Cámara Leyla Rincón Trujillo, sostuvo que, precisamente la idea del espacio que contó con tres mesas técnicas direccionadas al censo, tierras y reasentamientos, era encontrar respuestas y cuentas de esos compromisos, mientras que, ellos como congresistas deben realizar su trabajo de control político ante las falencias presentadas.
“Si el gobierno no nos cumple, nosotros debemos definir con las comunidades cuál es la ruta y los procedimientos por seguir. Estamos en un gobierno del cambio donde tenemos que dialogar con nuestros oponentes y en este caso con la empresa que nos ha producido un ecocidio. Hoy hemos llegado a unos acuerdos, pero también a unos disensos”; aseveró Rincón Rodríguez, quien dejó claro que la ANLA la próxima semana realizará una visita de verificación al territorio y después de eso entregarán resultados.
Por su parte, Flora Perdomo, representante a la Cámara por el Huila, dijo que culminaron el espacio contentos a pesar de las múltiples inquietudes que quedaron dado que cumplieron el objetivo de volver a colocar en la ‘lupa’ esta gran problemática del Huila.
“Esta cantidad de criterios en los cuales nos ha quedado una ruta a seguir y que es tal como lo planteaba, que desde nuestra comisión debemos hacer ese seguimiento, tenemos todo el compromiso para seguir trabajando intersectorialmente”, agregó.
El senador Carlos Julio González Villa, entre tanto, comentó que, la conciencia que hoy tienen acerca de este hecho los obliga a exigir desde todos los escenarios el cumplimento de las obligaciones adquiridas hace tantos años.
“Continuaremos desde el Congreso, reclamando los espacios que constitucionalmente nos corresponde, con la segunda mesa de trabajo que tienen los otros tres temas que se darán durante el mes de mayo aquí en Neiva. Seguiremos pidiéndole al Gobierno Nacional asumir sus posturas para las soluciones y valga la pena decirlo para concluir que aquí no se han solucionado las dificultades, aquí hay enormes frustraciones en relación con lo que se debe lograr y esperamos que a través de este trabajo se logren soluciones. Llegó la hora de ver resultados, el Huila ya no aguanta más, estas son las últimas mesas posibles porque ha existido muchísima paciencia y se está agotando por parte de los huilenses”, precisó.
Declaratoria de calamidad pública
Finalmente, Javier Roa Salazar, asesor de la veeduría de afectados, enfatizó en que las peticiones son puntuales y necesarias.
“El primer punto es la declaratoria de calamidad pública para que los afectados puedan tener por lo menos un tema de seguridad alimentaria, el segundo es la apertura del censo que permitirá que los verdaderos afectados ingresen y sean compensados, y el tercero es la declaratoria de la moratoria. Además, la cita con el señor Presidente es clave, ya estamos cansados de las acciones y los espacios del diálogo porque es lamentable y triste que muchas personas se hayan muerto en esta lucha”, puntualizó.
LA NACIÓN intentó en repetidas ocasiones tener un pronunciamiento oficial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, pero infortunadamente no hubo respuesta.
“Todo queda en el papel”
Para Miller Dussán Calderón, fundador de Asoquimbo e investigador de la Universidad Surcolombiana, la intervención de la ANLA fue “terrible”, toda vez que, dijo cosas que no son ciertas y se escudó en que no tiene facultades para ciertos procesos, sin embargo, es inaceptable que luego de tantos años salgan con eso.
“Las personas no creen en ellos porque han hecho más o menos 123 modificaciones de la licencia ambiental por solicitud de Enel. Estos espacios siempre son los mismos, pero todo queda en el papel y no hay avances porque la entidad no está interesada en hacer cumplir las compensaciones. Esto está organizado según los intereses de Enel y el Estado no está aquí, mientras que, la situación es lamentable”, señaló.
Varios ‘salpicados’
Dussán Calderón, explicó que, desde el momento en que durante el 2008 el expresidente Álvaro Uribe emitió un decreto para declarar la utilidad pública de los terrenos que se hundirían en la represa, todo empeoró y desde allí se indicó que desalojarían a quienes no cumplieran con las decisiones ya tomadas.
“Cuando se presenta eso, los mismos parlamentarios y con la resistencia de Asoquimbo, fuimos a hablar con Uribe con una comisión a dejar claro que nos oponíamos al proyecto teniendo en cuenta que nunca se siguieron los principios fundamentales como la consulta previa a los afectados. Nos reunimos con él y dijo que la represa se desarrollaría y dijo además que, habían ido cuatro gobernadores y exgobernadores, entre ellos, Rodrigo Villalba, Luis Jorge Pajarito Sánchez, Julio Enrique Ortiz y Jesús Cárdenas, a solicitarle una plata para El Quimbo, entonces por boca de Uribe, no se podía echar para atrás”, aseguró el fundador de Asoquimbo, quien narró esto en su libro ‘El Quimbo: extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia’.
