La impresionante deuda de las EPS a los hospitales públicos del Huila debería hacer saltar todas las alarmas del sistema de salud regional: la increíble cifra de $146 mil millones por cobrar mientras los sufridos usuarios La impresionante deuda de las EPS a los hospitales públicos del Huila debería hacer saltar todas las alarmas del sistema de salud regional: la increíble cifra de $146 mil millones por cobrar mientras los sufridos usuarios, que somos todos, debemos hacer frente a deficientes servicios, demoras irritantes, falta de medicamentos esenciales y carencia de elementos son el pan de cada día desde hace muchos años. Y todo ello adobado con tercerización que degrada la calidad, corrupción, ausencia de especialistas, deshumanización y falta de controles efectivos, si consideramos alguna de las conclusiones del necesario debate adelantado por la Asamblea Departamental. Y como si todo ello no bastara, se ha detectado que muchos de los contratos ejecutados han beneficiado sólo al sector privado en detrimento de la salud de todos los huilenses. Y si bien se abonan la seriedad y profundidad con las que la Secretaría de Salud afrontó los cuestionamientos, y sus excusas de que apenas llevan en el gobierno un semestre, las tareas de supervisión y control que le competen ya deberían tener resultados respecto de este panorama tan grave. Las EPS, privadas la mayoría, y los dulcemente gloriosos contratistas de tercerización tienen muchas cuentas que rendir, mucho dinero por justificar y enormes falencias que corregir, pero de todo ello apenas ahora tenemos el diagnóstico: faltan los exámenes profundos, los remedios y, de ser el caso, las “amputaciones” correctivas y punitivas. Muy grave, aunque eso se sabía de antemano, que los entes oficiales nos confiesen y confirmen que el sector privado ha privilegiado la rentabilidad financiera sobre la social; que los retrasos en los pagos de la facturación por parte de los prestadores no oficiales han aumentado la crisis del sistema, puesto que los hospitales se quedan sin flujo de caja para atender sus obligaciones. Y los respectivos responsables deberán explicar por qué razón los hospitales públicos han entregado rentables negocios – a largo término – a entidades privadas, con la misma infraestructura y el personal de la red estatal, como las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Pitalito, La Plata y Garzón en las que el operador externo sólo pone la administración pero todos los equipos y edificios son del Estado. ¿Porqué no son los mismos centros hospitalarios los que manejan directamente su propia capacidad instalada, si cuentan con los equipos humanos y técnicos para ello? ¿Qué hay detrás de estas injustificadas decisiones? El modelo de salud de la Ley 100 de 1993 hace rato está haciendo crisis en el país, y el Huila no es la excepción. Y lamentablemente lo que viene no parece que vaya a mejorar; ahí están los serios cuestionamientos al proceso de selección de los gerentes de las ESE tanto municipales como Departamental. Compete entonces a la Secretaría de Salud meterle todos los dientes legales posibles, ojalá en compañía permanente de los entes de control y tomar las más fuertes decisiones a que haya lugar. La salud agoniza mientras algunos de sus dolientes hacen fiesta. DESTACADO “Muy grave, aunque eso se sabía de antemano, que los entes oficiales nos confiesen y confirmen que el sector privado ha privilegiado la rentabilidad financiera sobre la social”. EDITORIALITO Por cosas inexplicables del destino tres docentes de la Universidad de la Amazonía perdieron la vida cuando se desplazaban en misión oficial en la vía Pitalito-Mocoa. Numerosas rocas que se precipitaron sobre el vehículo, producto del invierno y el mal estado de las vías, le costó la vida al vicerrector César Estrada, Humberto Mazorra y Óliver Ramírez. Nos unimos al dolor y expresamos nuestras sentidas condolencias a familiares, alumnos y a la propia institución.