La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció ayer que “es hora de actuar y decidir” en la exigencia a la compañía Enel del cumplimiento de las compensaciones ambientales a cambio de la construcción de El Quimbo en el centro del Huila. La funcionaria participó de manera virtual en una nueva audiencia de la Comisión Accidental sobre El Quimbo del Congreso de la República. Líderes de la región insisten en hacer una consulta popular para pedir la revocatoria de la licencia ambiental.
Hernán Galindo
Con la presencia virtual de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se realizó ayer en Neiva una nueva audiencia de la Comisión Accidental sobre las Afectaciones de El Quimbo del Congreso de la República liderada por los congresistas Carlos Julio González Villa, Flora Perdomo y Leyla Rincón.
Además de los dirigentes políticos, asistieron el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, y la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Lilia Tatiana Roa, así como los representantes de las familias afectadas que llevan 15 años esperando por las compensaciones.
Un hecho que llamó la atención fue la ausencia de los alcaldes de los municipios afectados en la zona de influencia de la cuestionada hidroeléctrica. En el mejor de los casos en representación de los municipios aparecieron algunos personeros.
Historia de nunca acabar
Para entrar en contexto con la situación que viven las familias que resultaron afectadas con la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, LA NACIÓN dialogó con los representantes de las familias reclamantes.
Ferney Moyano Pérez, presidente de la veeduría ciudadana de seguimiento a la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, dijo que son 15 años de un abandono total por parte del Estado como quiera que ha sido este el que ha permitido, todas las irregularidades, todos los atropellos, la violación a los derechos humanos de los huilenses.
“Nosotros los huilenses merecemos respeto y hoy gracias a la labor adelantada y a que este Gobierno ha abierto la posibilidad para que las comunidades afectadas se pronuncien y den a conocer la situación que vivimos en la zona centro del departamento, caso de los seis municipios que fueron impactados por este proyecto que nunca debió haberse realizado”, dijo.
Y agregó: “Como afectados y como representantes de la veeduría, vamos a adelantar una consulta popular para solicitarle a la ANLA, que se cancelen las licencias de los proyectos Betania y El Quimbo”. Contó cómo un palero en Garzón le dijo que le ha tocado pedir para el sustento de su familia; “se les trata como delincuentes, ¿dónde está el Estado? Como que vienen multinacionales amparadas por las leyes de sus Estados y nos despojan de todo y no pasa nada”, se quejó.
Marta Isabel Ortiz, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Cañada del municipio de El Agrado, que resultaron afectados por el llenado del embalse del Quimbo, aseguró: “Estamos en lo que se llama la cola del embalse, lo que antes eran tierras productivas y aguas en donde se podía pescar, son ahora una cloaca, el basurero que va dejando el embalse”.
Manifestó que nunca han sido reconocidos por el lugar en el que están ubicados; “nuestra comunidad está entre los ríos Suaza y el Magdalena, pero por ser la cola del embalse llega es la basura de los dos ríos, están afectados los derechos de nuestros hijos que deben estudiar en el centro poblado de la Jagua”. Son 110 familias, unas 350 personas que prácticamente lo perdieron todo.
La ministra
En el desarrollo de esta instancia de participación, se expresó de manera virtual la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad, quien reiteró el compromiso del gobierno nacional, en exigir a la compañía Enel, antes Emgesa, el cumplimiento de las compensaciones, frente al impacto social, ambiental y económico, por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
En su participación, dijo, querer dejar dos mensajes: “El primero, a la institucionalidad, que si bien hubo un taller donde pudimos decir transparentemente dónde estamos, el ritmo de este proceso tiene que acelerarse; tenemos que consolidar los objetivos que nos propusimos, y que sea esta una oportunidad de trabajo en conjunto con ustedes a pesar de los puntos donde hay diferencia para que avancemos sustancialmente. Ya no es tiempo cuando vamos a llegar a la mitad del período de gobierno de seguir dando vueltas, es hora de actuar, decidir, y cerrar temas”, expresó.
Y sostuvo que “lo importante es que podamos cumplir con los municipios, con las personas, con la región, y que cada uno de los actores asuman las responsabilidades que deben asumir; el objetivo común de todos es hacer justicia ambiental en el territorio, y que esto no se convierta en un lastre sino en una oportunidad de avanzar en temas que también son importantes para la región como la reforma agraria”, indicó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Otras voces
Para el gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera, se ha venido adelantando un trabajo articulado, liderado por congresistas huilenses, con el propósito de exigir el cumplimiento de obligaciones por parte de la multinacional Enel, y hoy existe una coyuntura especial con una posición de gobierno más consecuente con lo acordado en la licencia ambiental.
“Hace una año en la audiencia de la comisión Quinta de la Cámara de Representantes, vimos claramente la posición del gobierno que es distinta, más consecuente con lo pactado, con lo acordado en los compromisos compensatorios, que con lo que ocurría antes con la ANLA que era permisiva y de alguna manera alcahuete con la multinacional, entonces, yo creo que ahora hay una posición más neutral, más fuerte del gobierno nacional, es una coyuntura buena para que todos los actores busquemos cómo se le pone punto final a este capítulo de El Quimbo, que es el cumplimiento de las compensaciones”, expresó Villalba.
El senador m Carlos Julio González Villa sostuvo que de acuerdo al más reciente informe sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, por parte de la Contraloría General de la República, queda evidenciado que por años la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, fue cómplice de muchos de los abusos que se cometieron contra el departamento, donde solo han existido excusas, argumentos y dilaciones frente a los compromisos pactados, en detrimento de la calidad de vida de las comunidades.
Para González Villa, con la actitud de este Gobierno, que ha abierto una ventana para por fin llegar al cierre de las compensaciones, se tiene ante todo recuperar credibilidad en la institucionalidad, que es en la que ya no confían los afectados por El Quimbo.
“La dilación en el tiempo ha causado incertidumbre y lo más grave falta de credibilidad; la empresa debe entender que, sin una buena relación con las partes, es muy difícil que un proyecto tenga una buena ejecución al final de su camino”, afirmó.
De otra parte, la representante a la Cámara Leyla Rincón, cuestionó que en 15 años no haya habido ningún tipo de sanción y menos de compensaciones para los afectados, lo que demuestra la negligencia de los funcionarios del Estado en no menos de cuatro administraciones.
Propuestas del Gobierno Nacional
Durante esta mesa de trabajo, la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Lilia Tatiana Roa, dio a conocer las decisiones y avances propuestos desde esa cartera ministerial, en seis temas puntuales.
- Expedir un acto administrativo que formalice la mesa para hacer seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental, que debe contar con participación social.
- Generar un proceso de evaluación ambiental público de los impactos del proyecto, con el trabajo articulado del Ideam y el Instituto Humboldt en parámetros como calidad del agua, y monitoreo de flora y fauna.
- Elaborar un estudio ambiental de impactos acumulativos de la represa El Quimbo, y Betania, para conocer el estado de los ecosistemas, a través del Sistema Nacional Ambiental.
- Revisar el decreto de áreas de influencia de las hidroeléctricas frente a impactos ambientales.
- Actualizar los caudales ecológicos mínimos en las cuencas y el protocolo de apertura y cierre de compuertas.
- Realizar una audiencia pública ambiental en territorio, para hacer explícitos, el plan de contingencia, las compensaciones ambientales, y la inversión del 1%.
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