En nuestro tradicional pero indeseado modelo caudillista, muchos interpretaron la última encuesta de INVAMER exclusivamente en función de la popularidad de unos precandidatos presidenciales. Lo que presenta la muestra es que nada está escrito y falta mucho camino por recorrer. Pero a mí particularmente me llamó la atención asuntos distintos a lo que oímos en los medios.
Me sorprende que sigamos viendo infinidad de nombres y que no vemos otros detalles que hablan de los problemas reales del ciudadano. Esto demuestra que en Colombia seguimos pensando en candidatos y no en soluciones a los problemas del país.
Pues bien, según la encuesta, los tres desafíos más importantes en su orden son Seguridad (34%), Economía (30%) y Corrupción (13%). Pero el que más crece es el de Orden Público que casi duplica su importancia entre julio (19%) y septiembre de este año. Obviamente esto tiene un impacto en el problema económico que crece en un 50%. Finalmente 84% de los colombianos cree que este tema está empeorando y en buena parte se asocia a una “paz total” mal conducida (según el 64%) y una pérdida del control territorial (según el 80%). Con un detallito, y es que el lugar peor evaluado es Bogotá que, aun mejorando recientemente, viene de cifras desbordadas que duplican en percepción de inseguridad al resto del país.
Pensando entonces qué hacer, el primer paso debería ser controlar la desbordada producción de coca. No podemos llegar a 300 o 400 mil hectáreas cultivadas y ello supone el uso de todos los medios posibles para enfrentar la oferta (erradicación manual, fumigación aérea, uso de tecnología drónica y satelital), una estrategia integral de control a las rentas y finanzas criminales (sin seguir siendo los parias de la humanidad fuera de la plataforma Egmont) y, en simultánea, abordar globalmente el tema de la demanda. No menos importante y en segundo lugar, recuperar las capacidades operacionales y de inteligencia, retornando el liderazgo de la fuerza pública, perdido con la salida masiva y voluntaria de 22.000 integrantes de ella, y el llamamiento a calificar servicios de líderes de la fuerza (con un aumento de esto en un 340% en el último año). Se necesita además fortalecer las capacidades con más presupuesto y recuperar de nuevo el modelo Comandos Conjuntos y de Fuerzas de Tarea.
En tercer lugar, dada la inseguridad urbana, propiciar mejor articulación de los gobiernos locales, fuerza pública y gobierno nacional, y muchos mayores esfuerzos compartidos para mejorar la convivencia, dando oportunidades laborales y educativas, inyectando tecnologías nuevas (cámaras y otras) y transformando micro-territorios con inversión social y productiva.
Y finalmente reordenar el proceso de paz. Exigiendo de nuevo verdad, justicia, reparación y no repetición, pero sobre todo voluntad de paz a los grupos al margen de la ley. Sin negociar con narcotraficantes y retomando el control central de un proceso que no puede terminar construyendo una falsa “pax narca” o “pax atomizada y laxa”.
No seguir estos y otros caminos, o por lo menos no estar preparado para algo de esto ahora o en 2026, es desconocer que ya o más adelante el peor cáncer de Colombia será, parafraseando palabras conocidas: “la seguridad estúpido”.
