La Contraloría de Neiva y la Procuraduría del Huila acaban de ponerle la lupa a presuntas irregularidades en materia contractual generadas en la gestión de Victoria Castro Silva, como presidenta del Concejo Municipal. El cúmulo de posibles anomalías va desde contratación de personal sin el lleno de requisitos legales hasta contratos publicados tardíamente en la plataforma del Secop.
Lucía Sánchez
Contratos ‘fantasma’, algunos no publicados en el Secop o subidos a la plataforma tardíamente y otros tantos celebrados sin el lleno de requisitos legales, hacen parte del rosario de presuntas irregularidades generadas en el caos administrativo vivido en el Concejo de Neiva durante 2020, en la gestión de su entonces presidenta, Victoria Castro Silva.
Así lo detalló un ‘explosivo’ informe que acaba de remitir a la Contraloría de Neiva, la secretaria del Cabildo Municipal en esta vigencia, Luz Ayda Pastrana Loaiza, con copia a la Procuraduría del Huila, luego de que el primer órgano de control en mención pusiera la lupa sobre las denuncias en materia contractual realizadas por LA NACIÓN al cierre del año anterior.
Las posibles anomalías recaen sobre todos los contratos celebrados durante el 2020 en la Corporación Edilicia, 73 en total, de los cuales 66 son de prestación de servicios, 5 de mínima cuantía y 2 de selección abreviada, según especificó el reporte.
La contratación corresponde a adquisición de bienes, servicios y suministros del Concejo Municipal durante la vigencia de 2020, tales como apoyo de talento humano y compra de equipos de cómputo.
Al ser consultada por LA NACIÓN, Pastrana Loaiza, quien lleva pocos días como secretaria del Concejo de Neiva destacó que las inconsistencias más graves, a su criterio, son algunos contratos sin información, “no aparece la documentación digital ni física, y otros fueron anulados, son los mismos que están siendo investigados por los entes de control”.
Estos últimos contratos a los que hace referencia la secretaria de la Corporación Edilicia, son los mismos que el día de ayer la Procuraduría Regional del Huila requirió a la concejal Victoria Castro Silva. Mediante un oficio puntualmente se le solicitó “copia de los Contratos de Prestación de Servicios (CPS): 035, 030 y 007 de 2020 con la evidencia de la publicación en el Secop, y, en el caso de que no se hayan cargado a la plataforma deberá explicar el motivo”.
También el órgano de control pidió a Castro Silva “copia de las actas de terminación y/o liquidación de los CPS 064, 054 y 019 de 2020, así como del contrato de Selección Abreviada de Menor Cuantía, SAMC, 002 de 2020, con la evidencia de la respectiva publicación en el Secop, la terminación sin elaborar acta de liquidación o, indicar el estado en que se encuentran”.
La ex presidenta del Concejo de Neiva tendrá tres días para suministrar los anteriores documentos solicitados. Victoria Castro, quien fue elegida en las elecciones de octubre de 2019 bajo la sombrilla del movimiento Primero de Neiva del actual alcalde Gorky Muñoz.
Otras inconsistencias
Aunado a los presuntos contratos ‘fantasma’ celebrados por el Concejo de Neiva durante 2020, hay otras posibles anomalías destacadas en el informe presentado a la Contraloría con copia a la Procuraduría. Se trata de contratos sin publicación, sin supervisión o sin ser liquidados, con lista de chequeo sin diligenciar o con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP), publicados hasta el 31 de diciembre de 2020.
“Lo que llama mucho la atención son las fechas en las que subieron esta documentación a la plataforma del Secop. Por ley, tras suscribir un acto administrativo solo se dispone de 3 días hábiles para publicar la información oficial, pero en este caso, hay algunos que los firmaron en enero de 2020 y los subieron hasta diciembre… ya para terminar de liquidar los contratos”, detalló la ingeniera.
Igualmente agregó, que al cierre del año anterior quedó pendiente el cargue completo de la información de los contratos en el Secop. “Nosotros vamos a detallar y posteriormente oficiar, porque hay unos documentos subidos en la plataforma con fecha del 3 y 18 de enero de 2021, cuando ellos ya no eran parte de la administración del Concejo, claramente son documentos de contratación del 2020”, puntualizó.
“La lista de chequeo que los contratistas deben entregar para su contratación está en blanco en casi todos los contratos celebrados en la vigencia anterior; en el momento del empalme no me hicieron entrega de ningún documento de informes de supervisión final ni actas de liquidación de todos los contratos, hay algunos sin el lleno de los requisitos, otros que no tienen paz y salvo, ni se terminaron, ni se liquidaron, no tienen ningún proceso contractual”, acotó la secretaria del Concejo Municipal.
Al mismo tiempo destacó que resalta cuatro contratos puntuales, los cuales no tienen actas de terminación y/o liquidación, ni Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registro Presupuestal (RP), menos paz y salvo.
Información incompleta
De manera sorpresiva, durante el proceso de empalme, la secretaria del Concejo Municipal en el año 2020, la abogada María Salomé Bahamón Vargas, no entregó actualizado el archivo general del Concejo de Neiva. “Es un documento muy importante porque es histórico, pero no me lo entregaron actualizado, es decir, ni un solo documento de 2020, me refiero a actas, acuerdos municipales, proyectos de acuerdo, tampoco están publicados en la página web del Concejo de Neiva, me querían suministrar algo incompleto, pero les solicité todo”, aseveró Pastrana Loaiza, al tiempo que aseguró, tuvo que enviar un oficio a la Contraloría y Procuraduría, denunciando el hallazgo de documentos destruidos, que le impidieron un empalme eficaz.
En el oficio detalla “serias dificultades con el acceso a la información, de hecho, en imágenes que le compartí mediante correo electrónico, se evidencia la destrucción de documentación, sin contar la precariedad de seguridad informática teniendo en cuenta que la corporación llevaba más de 7 meses sin funcionamiento de sus cámaras y con la novedad de un disco duro del sistema CCTV desaparecido”.
De esta manera, los entes de control también evaluarán la responsabilidad de los asesores y en especial de quien estuvo como secretaria del Concejo Municipal en el año 2020, la abogada María Salomé Bahamón Vargas, quien ahora labora como directora de Espacio Público del municipio y quién tenía a su cargo la supervisión de mencionados contratos.
¡Honorarios sin trabajar!
Es de recordar que al cierre de 2020 el Observatorio Ciudadano Concejo Visible, en cabeza de su director Yilber Leandro Saavedra, destapó las primeras presuntas irregularidades de tipo fiscal en el seno del Concejo de Neiva, entre las que se incluye el pago de sesiones a algunos concejales que no asistieron al recinto a sesionar.
Al igual que el pago de contratación de personal que nunca asistió a la Corporación, y cuyas actividades no están soportadas legalmente, que adicionalmente cobraron cada mes sus honorarios, sin ningún tipo de control. Pago de comisiones de viáticos del personal sin soportes legales, realización de traslados y movimientos presupuestales injustificados.
Respecto a este cúmulo de presuntas irregularidades generadas en su gestión, que van desde contratación de personal sin el lleno de requisitos legales hasta contratos publicados tardíamente en la plataforma del Secop, la concejal Victoria Castro Silva, ex presidente del Concejo de Neiva, aseguró no conocer el informe para emitir un pronunciamiento.
LA NACIÓN también consultó a la contralora de Neiva, Elin Marcela Narváez quien afirmó que una vez revisada la información citada, el órgano de control empezó “una auditoría al Concejo de Neiva que abarca la contratación y algunos aspectos de las denuncias del año inmediatamente anterior. Hasta ahora estamos recibiendo la información de los requerimientos realizados, hemos tenido retraso debido a la falta de personal en el Concejo”.
