La habilitación temporal de la tribuna oriental antes de comenzar el próximo torneo profesional, planteado por el Atlético Huila, es apenas una posibilidad que se abre paso, dependiente de un estudio de carga.
Cuatro meses y medio después de la tragedia que provocó la suspensión de las obras, el futuro del contrato se jugará en la incertidumbre. Y no será fácil. Por ahora, la ‘pomposa’ remodelación seguirá en la ruta crítica, sin dinero, con los giros suspendidos.
Dos estudios técnicos determinarán en tres meses, el rumbo del polémico contrato.
La Sociedad Colombiana de Ingenieros iniciará la próxima semana un estudio técnico para determinar las causas del siniestro, el estado real de las obras ejecutadas y las obras pendientes de conformidad con el contrato 1758 firmado el 18 de diciembre de 2014 con el consorcio Estadio 2014.
El convenio fue suscrito hace pocos días y esta semana quedó debidamente legalizado”, confirmó el jefe de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias.
El contrato tendrá un valor de 600 millones de pesos y se pagará en partes iguales entre la Alcaldía de Neiva y Coldeportes.
El funcionario advirtió que el peritaje será definitivo para determinar el futuro de la remodelación, la continuidad o no de las obras y por lo tanto, la suerte del contrato.
“Lo que está planteado es que este estudio definirá la ruta de la obra. Por ahora, no me comprometo con la reiniciación de las obras, en las actuales circunstancias, hasta tanto no se conozca este informe técnico que deberá entregarse en dos o tres meses, máximo”, afirmó el funcionario.
El contrato 1758 está suspendido desde el 20 de agosto de 2016, un día después de la tragedia, y se encuentra a punto de terminar según el registro de la firma ejecutora con unas inversiones estimadas de 27.250 millones de pesos.
El valor inicial del contrato, ascendió a 19.999 millones de pesos. El contrato fue adicionado en 7.250 millones de pesos el 18 de febrero de 2016. La adición fue incorporada desde el 2015 en el presupuesto del 2016
El calvario
La remodelación desde el comienzo vivió su propio calvario por la imprevisión, la falta de planeación y graves falencias.
Las obras se iniciaron el 29 de diciembre de 2014 con un plazo inicial de diez meses. Sin embargo, vencido el plazo las obras no se ejecutaron.
El 13 de octubre de 2015 el plazo fue ampliado por dos meses. El contrato se suspendió por nueve días y se reinició el 29 de diciembre de 2015, dos días antes de terminar el mandato del alcalde Pedro Hernán Suárez.
El contratista argumentó múltiples inconvenientes para solicitar las prórrogas, entre ellos, el trámite de licencias y problemas derivados de la ausencia de un estudio de suelos.
Sin embargo, la Contraloría, detectó otras inconsistencias, objeto de un detenido estudio. El proyecto se licitó sin tener los diseños, ni los presupuestos completos ni las licencias. El organismo de control advirtió graves falencias en la etapa precontractual y contractual, de acuerdo con una auditoría ‘exprés’ antes de la tragedia.
Curiosamente, el borrador de los pliegos de condiciones quedó como definitivo sin ninguna de las modificaciones que se plantearon durante la licitación. Incluso, algunos diseñadores formularon serios reparos sobre los diseños originales presentados para la licitación.
La remodelación, planteada en cuatro etapas como una de sus banderas para dejarle a Neiva uno de los estadios más “modernos del país” quedó inconclusa.
El año pasado, la Alcaldía de Neiva autorizó cinco prorrogas adicionales. Cuando se produjo el desplome de la gradería, el contratista hacía uso de la quinta prórroga por 90 días calendario que vencía el 31 de octubre.
Lo contratado
Según la Secretaría de Infraestructura, la obra quedó ejecutada en un 92% mientras que los recursos cancelados ascendieron al 82% de lo presupuestado.
Según el reporte de la interventoría, el valor de las obras ejecutadas hasta el 19 de agosto de 2016, ascendió a 23.327 millones de pesos. El monto por ejecutar asciende a 3.924 millones de pesos.
Con estos recursos el contratista debía intervenir las canchas de juego, los camerinos, baterías sanitarias hasta el segundo nivel, iluminación de corredores desde el primero hasta el piso piso y la construcción de estructura en concreto tribuna occidental hasta el séptimo nivel. Además, contemplaba los acabados hasta el tercer nivel, la construcción de pisos y acabados hasta el tercer nivel, la instalación de redes internas y externas de gas, la instalación de carpintería metálica hasta el tercer nivel, una subestación eléctrica con capacidad de 500 KVA.
Igualmente estaba prevista la instalación de la estructura metálica de cubierta, otra cubierta con teja termo acústica, la construcción de graderías en concreto pos-tensado, toda la mampostería interna y de fachada hasta el séptimo nivel, la construcción área de taquillas y rampas de acceso y la habilitación de las cuatro torres de iluminación existentes.
Lo que falta
Según voceros de la administración de Neiva, las obras faltantes podrían ascender a cinco mil millones de pesos.
Entre ellas figuran una zona Vip, las cabinas de prensa, los ascensores, la instalación luminarias tipo Led para el campo de juego y la silletería en las graderías.
Adicionalmente estaban contempladas para la fase final las obras exteriores de urbanismo; los acabados generales de los tres últimos niveles (cuarto al séptimo), el sistema de voz y datos y una red contraincendio.
Lo claro es que la financiación está enredada. El Departamento Nacional de Planeación, suspendió los giros de los recursos pendientes. Tampoco hay recursos para terminar las demás obras.
¿Atlético Huila seguirá errante?
El eventual uso de la cancha para los partidos locales del Atlético Huila, quedó como una posible solución, en medio de la incertidumbre. Sin embargo, dependerá de otro estudio técnico.
El presidente del conjunto, Juan Carlos Patarroyo, anunció que el estudio de carga será financiado en su totalidad por la sociedad deportiva para poder habilitar transitoriamente la tribuna oriental.
“Si no puede jugar en Neiva, el fin del Atlético Huila será la ‘B’. Por más que hagamos este tipo de esfuerzos, por más que nos comprometamos, lo deportivo está claro: si no jugamos de locales, en poco tiempo estaremos en la ‘B’. Eso está demostrado”, aseguró el dirigente deportivo.
“Nos hemos reunidos en tres oportunidades, llegamos a un acuerdo que el nosotros vamos a financiar ese estudio, con personas serias, con firmas reconocidas, certificadas. Ya firmamos un contrato, la próxima semana estará un ingeniero, especializado en patología estructural para apoyar el estudio de carga”, reveló ayer al presentar al nuevo cuerpo técnico.
“Esperamos que antes del 20 de febrero, se tengan los resultados para que el alcalde, con estos estudios técnicos, pueda definir la utilización de la grama para jugar de locales”, anotó Patarroyo.
“En este esfuerzo estamos esperando que el señor Alcalde de Neiva pueda habilitar parte de la tribuna oriental para ser locales y evitar el descenso”, afirmó el gerente del club Carlos Barrero.
Sin embargo, el jefe de contratación, encargado de garantizar la terminación de la obra, no descartó el uso de la grama.
“Desde el punto de vista de la reiniciación de las obras, no me comprometo. Que el Atlético Huila pueda utilizar la grama, es una decisión que debe tomar el señor Alcalde”, anotó Iglesias.
Las investigaciones
Por las deficiencias detectadas, el jefe de contratación de la Alcaldía de Neiva Fernando Mauricio Iglesias les formuló cargos tanto al contratista como al interventor para determinar las eventuales responsabilidades e imponer las sanciones que sean legalmente procedentes, entre ellas, la posible caducidad del contrato.
Las acciones legales se encuentran actualmente en la etapa de pruebas. La Fiscalía adelanta otra investigación penal por la muerte y lesiones a los trabajadores, pero no por anomalías en la contratación, según lo anotó el demandante, Hugo Tovar Marroquín.
“Ya es hora que haya pronunciamientos de fondo. Se avanzó en la etapa preliminar pero no hay resultados”, apuntó.
La contraloría por su parte adelanta las investigaciones fiscales del caso para determinar las posibles fallas estructurales y contractuales, detectadas antes de la tragedia.
