El Espectador publicó recientemente un compendio de la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, que fue emitida el 27 de julio del 2022. Esta Corte está integrada por siete jueces de los Estados miembros de la OEA. Veinticinco países americanos la crearon, cuyo objetivo es la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro continente.
Los jueces son elegidos en la Asamblea General de la OEA de una lista propuesta por los Estados miembros. El Ministerio de Justicia y del Derecho, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que actuaron en su representación durante todo el proceso del juicio, dieron a conocer el resultado oficial de la sentencia, en cumplimiento de una de las medidas de reparación ordenadas en la misma, con la finalidad de que la sociedad conozca lo ocurrido y que este tipo de hechos nunca vuelvan a repetirse en el país.
La campaña de exterminio y aniquilación de la Unión Patriótica inició desde el mismo momento de su creación el 28 de mayo de 1985 en un congreso realizado en Bogotá, promovido por fuerzas de izquierda y en el cual las FARC, que adelantaban negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancourt, anunciaron que su reintegro a la vida civil se daría a través de esta organización política legal y no insurreccional.
La UP fue acogida con entusiasmo en los círculos democráticos del país logrando una significativa votación en las elecciones de aquella época, obteniendo más del 10% de los sufragios para Presidente, una importante fracción parlamentaria, alcaldes, concejales y diputados en todo el país. Esto atemorizó a las élites del poder oligárquico conformada por la derecha de los partidos tradicionales y los gremios del gran capital, lanzando la campaña de eliminación contra la nueva fuerza política y sus amigos, a los que según la sentencia les asesinaron y desaparecieron más de 6.000 de sus dirigentes y activistas, incluyendo dos candidatos presidenciales y la mayoría de sus congresistas, diputados, concejales y alcaldes.
Un Estado que por acción y omisión promueve este tipo de atrocidades nunca podría llamarse democrático, así en él se lleven a cabo elecciones continuas. No hay que olvidar que el fascismo y el nazismo llegaron al poder en Europa mediante procesos electorales y abrieron las puertas a las peores dictaduras.
Termino recordando algunos de los nombres de líderes huilenses desaparecidos o asesinados en este proceso, a quienes hoy deberíamos exaltar y reconocer su aporte a los avances democráticos actuales: Humberto Moncada, Salomón Pastrana, Campo Elías Ávila, Diomedes Cedeño, Héctor Perdomo, Humberto Santana, Luis Humberto Trujillo, Narcés Peralta, Jaime Loaiza, Rodrigo Castro, Tiberio Díaz, Vladimir Ángel, Fabiola Ruiz y Darío Rodríguez.