El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, pese a las maniobras dilatorias del acusado, logró culminar la audiencia preparatoria y fijó la fecha del juicio oral. El ex mandatario tendrá que responder por haber vendido un lote del municipio, y quedarse con el dinero.
RICARDO AREIZA
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Después de cuatro años y seis meses de haber sido acusado el ex alcalde de Rivera José Luis Bahamón Montealegre, irá definitivamente a juicio por haber vendido un lote del municipio, y haberse ‘embolsillado’ el dinero de la ilícita negociación.
A pesar de las maniobras dilatorias para retrasar el proceso el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, logró culminar la audiencia preparatoria y fijó la fecha del juicio oral.
Al juicio concurrirán 42 testigos (24 de ellos de la Fiscalía y 18 de la defensa). Todos fueron autorizados por el juez de conocimiento al concluir el descubrimiento probatorio.
Aunque el ex mandatario liberal no concurrió a las diligencias, su último apoderado, Sheiber Cuenca, llevó su representación en las últimas audiencias y estará al frente de la defensa técnica. En calidad de apoderado de víctimas, estará el abogado Rubiel Ramírez.
El ex mandatario liberal, quien ostenta actualmente una curul en el Concejo de Rivera, tendrá que responder como probable autor de los delitos de peculado por apropiación en concurso con celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
La juez Elvira Inés Zamora Gnecco fijó para el próximo 9 de diciembre, antes del receso judicial, el inicio del juicio oral, donde se demostrará si es o no responsable de los dos delitos en que incurrió a título de dolo consumado mientras ejercía la primera autoridad civil de su municipio.
El ex mandatario liberal es procesado por la venta ilícita de un lote ejidal de propiedad del municipio y por haberse quedado con el dinero en efectivo que le entregó personalmente el beneficiario.
La transacción ilegal, no fue autorizada por el Concejo, como era lo correcto. El negocio lo hizo unilateralmente, como si fuera de su propiedad a pesar de estar localizado en una zona de protección ambiental, que le impedía su enajenación.
La denuncia como lo registró en su momento LA NACIÓN fue hecha por el concejal Aníbal Mosquera Campos del Partido Verde.
La acusación
La Fiscalía Séptima Seccional de Neiva le imputó cargos el 15 de marzo de 2017 ante el Juzgado Único Promiscuo de Rivera con funciones de control de garantías.
“Con base en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida se puede afirmar con probabilidad de verdad, que las conductas delictivas existieron, que el investigado era conocedor de las obligaciones que la Constitución y la ley colombianas le imponían como servidor público en temas de contratación estatal, que tenía plena capacidad para auto determinarse y quiso su realización, delitos por los cuales hoy se acusa a José Luis Bahamón como autor a título de dolo consumado de peculado por apropiación en concurso con contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, concluyó la fiscal del caso.
Las cartas
La Fiscalía destapó sus cartas. El fiscal anunció que tiene en su poder las pruebas y las evidencias legalmente recaudadas que confirmarían la tipicidad de las conductas imputadas. En total descubrió 130 documentos.
Entre otros, una certificación expedida por la Secretaria del Concejo donde advierte que la corporación nunca tramitó una autorización para la venta del predio, ni existen antecedentes sobre la enajenación de ese inmueble.
Además, la Secretaría Municipal de Hacienda reportó que no se encontró en esa época registro alguno ni ingresos de pagos por concepto de compra de predios.
Otro oficio expedido por la misma entidad el 7 de noviembre de 2015 informó que realizada “una revisión al presupuesto de la ejecución de ingresos de la vigencia 2012 al 2015, el Municipio de Rivera no ha recibido ingresos por la venta del lote ‘La Dinda’.
Igualmente los testimonios del comerciante, Arnulfo Cardozo Ramos, quien destapó todos los pormenores de la negociación informal y los detalles de los pagos que le hizo en efectivo y en dos contados al propio mandatario, como había sido convenido.
Inajenable
Adicionalmente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, confirmaron que el predio presentaba restricciones para la venta por parte del Municipio de Rivera por encontrarse ubicado en una zona de protección ambiental y en una zona de alto riesgo para la localización de asentamientos humanos.
“Por ser un bien de uso público, con restricciones para su comercialización, este inmueble no es susceptible de avalúo comercial”, explicó el investigador Gustavo Puentes.
El perito estableció un valor estimado del predio para el año en que hizo la transacción (2013) de 39, 94 millones de pesos a septiembre de 2013.
“Aunque el predio denominado ‘La Dinda’, tiene una restricción por su uso del suelo, no existe razón que justifique su depreciación exagerada, pues el precio de venta fue inferior en un 87,98% con relación al precio de compra”, precisó el investigador.
Insólita venta
El predio de la discordia denominado ‘La Dinda’ fue vendido ilegalmente por el alcalde Bahamón al comerciante Arnulfo Cardozo Ramos el 2 de septiembre de 2013. El lote tiene una extensión de 4, 69 hectáreas, contiguo al barrio ‘Tierra de Promisión’.
La compraventa se registró mediante Escritura Pública 1746 en la Notaría Cuarta del Círculo de Neiva. La negociación se hizo verbalmente. El precio pactado fue por la suma de diez millones de pesos, sin avalúos, ni documentos, solo de palabra.
El comerciante, Cardozo Ramos quien ocupaba el predio desde hacía 32 años, pagó el precio convenido en dos contados, cada uno de cinco millones. No hubo recibos ni constancias de pago. Por esa razón, el dinero nunca ingresó al tesoro público.
Los pagos, como lo declaró el beneficiario, se realizaron en efectivo, en la residencia del mandatario, con testigos. El primero fue por cinco millones se los entregó personalmente. Luego repitió el mismo procedimiento para el segundo contado.
“Posteriormente fue a la Notaría Cuarta del Círculo de Neiva reclamó la escritura, hizo todas las vueltas de registro, quedando debidamente legalizada”, relató la fiscal Paola Andrea Córdoba.
“La venta no fue autorizada por el concejo. Por tratarse de un bien fiscal debió solicitar facultades especiales para la venta” explicó el concejal Aníbal Mosquera Campos, quien sustentó la denuncia que formuló luego de un debate de control político en el seno de la corporación.
“No conforme con dicha irregularidad, el alcalde no ingresó los recursos producto de la venta al erario público (sic), que debió realizar mediante adición presupuestal a la vigencia respectiva”, enfatizó la Fiscalía al confirmarle los cargos por supuesta corrupción.
Destino inicial
El predio producto de un desenglobe, fue adquirido por el municipio en el año 2000 supuestamente para construir la plaza de mercado. La obra nunca se hizo, además por estar en una zona protegida.
Sin embargo el ex mandatario, eludiendo todos los trámites legales, decidió venderlo, sin autorización de la corporación, como si fuera un lote de su propiedad.
La espuria negociación se ‘legalizó’ ante la Notaría Quinta de Neiva. El desenglobe fue registrado el 15 de agosto de 2013 mediante Escritura 2166.
El 2 de septiembre del mismo año, se suscribió la escritura 1746 en la Notaría Cuarta donde se materializa la venta del mismo predio ‘La Dinda’ al comerciante Arnulfo Cardoso Ramos.
Según el documento “el precio total de la presente venta es la cantidad de cuatro millones de pesos, que el vendedor declarar tener recibidos a entera satisfacción en dinero efectivo en manos del comprador (sic).
La escritura fue suscrita como vendedor por José Luis Bahamón, ocupación alcalde y Arnulfo Cardoso Ramos, como comprador.
La compraventa fue registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos bajo la matrícula inmobiliaria 200-229294 donde confirma el valor de la compraventa por cuatro millones de pesos.
El destape
Dos años después, el alcalde Bahamón Montealegre acosado por la investigación penal que adelantaba la Fiscalía anuló unilateralmente el contrato, argumentando que el comprador no canceló el precio acordado.
La actuación administrativa se surtió el 17 de junio de 2015 coincidiendo con la denuncia penal que formuló el concejal.
El 20 de agosto de 2015 expidió la Resolución 288 declarando unilateralmente la terminación del contrato de compraventa.
El más sorprendido fue el propio comerciante cuando se enteró de la decisión a pesar de haberle entregado personalmente y en efectivo las sumas de dinero exigidos.
“No entiendo porque el alcalde inició una actuación administrativa sobre el predio, porque se le canceló el dinero correspondiente al valor pedido por el mismo alcalde”, confirmó Cardozo Ramos. Ese testimonio será la prueba reina que se debatirá en el juicio.
“Por ahora, se puede afirmar con probabilidad de verdad, que las conductas delictivas existieron, que el investigado era conocedor de las obligaciones que la Constitución y la ley colombianas le imponían como servidor público en temas de contratación estatal, que tenía plena capacidad para auto determinarse y quiso su realización”, sostuvo la fiscal delegada.
Por lo tanto el 9 de diciembre, fecha en que comenzará el juicio oral pedirá condena contra el ex mandatario José Luis Bahamón como autor a título de dolo consumado de peculado por apropiación en concurso con contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
