La exconsejera para las Regiones fue imputada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Un juez de garantías en Bogotá la cobijó con medida de aseguramiento intramural y ordenó que fuera recluida en una guarnición militar.
La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, se convirtió en la primera exfuncionaria de alto nivel del Gobierno de Gustavo Petro en ser enviada a prisión por su presunta implicación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Una juez de garantías ayer miércoles acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó la medida de aseguramiento intramural en una guarnición militar, por las presuntas amenazas contra su vida que denunció la exfuncionaria en la audiencia.
La fiscal señaló que la medida de aseguramiento era necesaria, al considerar que Ortiz podría interferir en la investigación, alterar o destruir pruebas. “La señora Sandra se ha demostrado por parte de la fiscalía bajo elementos materiales probatorios quién es ella, qué hace y qué influencia puede tener dentro de estas entidades porque tiene bastante conocimiento, ya que esa ha sido su vida laboral desde 2006 como lo explicaba la Fiscalía hasta este año. Y en el último cargo bastante alto este cargo con bastante influencia para señalar que efectivamente podría sí de alguna manera o destruir la prueba o influir en testigos”, consideró la juez.
La operadora judicial tuvo en cuenta el hecho de que Ortiz, al parecer, eliminó parte de las conversaciones que sostuvo vía WhatsApp con Sneyder Pinilla, según material en poder de la Fiscalía. Además, cuestionó la posible alteración de las bitácoras sobre los movimientos de las camionetas donde, al parecer, se transportó el dinero a la casa del senador Iván Name, entre el 12 y 13 de octubre de 2023.
Al respecto, la investigación se fundamenta en las declaraciones de Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la Ungrd, quienes admitieron su responsabilidad en el entramado y están cooperando con el ente acusador, buscando obtener beneficios jurídicos.
Según sus testimonios, la Ungrd fue usada por el Gobierno para repartir coimas a congresistas, con el propósito de que aprobaran las iniciativas de la Casa de Nariño que cursan en el Legislativo.
El dinero para los sobornos salía de los contratos que ejecutaba la entidad, y que terminaban desviándose a los bolsillos de los legisladores. “La exconsejera presidencial para las regiones utilizó las influencias de su cargo en provecho del senador Iván Name (…) para que Olmedo López le ayudara en la adición de un contrato que se estaba ejecutando en el Atlántico”, señaló la fiscal del caso.
En ese momento (2023), Ortiz fungía como consejera presidencial para las Regiones, un cargo cercano al presidente Gustavo Petro. Según la Fiscalía, ella “habría recibido, transportado y entregado al expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, $3.000 millones de pesos que tendrían origen ilícito”.
De acuerdo con los hallazgos de la investigación, ese dinero estaba destinado “al pago de coimas por el direccionamiento de un contrato en la UNGRD que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”.
Con información de ElColombiano.com
