Los exmilitares colombianos, entre ellos el huilense Ángel Mario Yarce Sierra no habrían participado en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise en julio de 2021. Los connacionales están en investigación por los delitos de asociación delictuosa y complicidad. “Su grupo de trabajo debería enterarlo de que ellos ya no tienen el cargo de asesinato”, dijo Sandra Carolina Bonilla, esposa del exmilitar opita, al referirse al perdón que pidió el presidente Gustavo Petro a la nación caribeña por el magnicidio del mandatario.
Rafael Rodríguez C.
“Nos tomó por sorpresa total las palabras, nosotros no tenemos por qué pedir perdón por algo que no se ha cometido. Si él no está enterado, pues su grupo de trabajo debería enterarlo más, ellos ya no tienen el cargo de asesinato, entonces no hay que pedir perdón, ya está comprobado que ellos no fueron los asesinos”.
Así expresó Sandra Carolina Bonilla, esposa del sargento viceprimero (r) Ángel Mario Yarce Sierra, investigado junto a 16 exmilitares colombianos más, por participar en el complot del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse en julio de 2021, al rechazar las palabras de perdón del mandatario colombiano Gustavo Petro a la nación caribeña el pasado 22 de enero de 2025.
“Perdón, porque colombianos pagos, como mercenarios, por intereses, decidieron venir a estas tierras a asesinar. Les pido perdón”, afirmó el presidente en su intervención ante autoridades haitianas.
Y es que mientras el mandatario colombiano señaló a sus connacionales como los asesinos del presidente Moïse en su residencia, el fiscal haitiano que investiga el magnicidio no acusó a los exmilitares colombianos del delito de homicidio. “Los integrantes de la reserva, los veteranos que encuentran detenidos en Haití ya no están investigados por el homicidio del presidente Joel porque ya está demostrado claramente que los colombianos no fueron los que cometieron el homicidio”, dijo Nelson Romero Velásquez, abogado de las familias de tres exmilitares, entre ellos huilense Yarce Sierra.
El profesional del derecho, en diálogo con LA NACIÓN, manifestó que los colombianos están en investigación por los delitos de asociación delictuosa y complicidad. “A ellos los quieren involucrar por asociación delictuosa y complicidad, pero no hay ningún elemento que indique de complicidad, ¿en qué sentido asociación delictuosa?, ¿para qué?, porque ellos no estuvieron, no participaron en el hecho, estuvieron en el sitio sí, después de que se ha cometido el homicidio, en apoyo de una operación que estaba siendo adelantada por unos agentes de la DEA”.
Una de las pruebas claves que permitió que los exmilitares colombianos no fueran acusados de homicidio, es un video de cámara de seguridad, en el que se observaría que cuando los connacionales llegaron a la casa presidencial, el mandatario haitiano ya estaba muerto. “Los abogados nos dan muchas esperanzas, pues tienen de primera mano las pruebas donde ellos no los inculpan, donde se ve la hora de la muerte, la hora de llegada de los muchachos. El presidente (Jovenel Moïse) murió más o menos entre media hora a 40 minutos antes de que ellos llegaran”, indicó Sandra Carolina en diálogo telefónico con LA NACIÓN.
Agregó la compañera sentimental del exmilitar opita que, además, de los videos, se tienen las pruebas forenses que “estiman la hora de muerte del señor con la del vídeo de la hora de llegada de ellos, esa es una de las pruebas. Hay muchísimas cosas, entonces sabemos que podemos también desestimar el cargo de complicidad, por eso necesitamos agilidad en el proceso”.
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A la prueba del video se suma la publicación del hijo del presidente haitiano, confirmando en la red social Facebook, el 22 de septiembre de 2022, que su padre ya estaba muerto cuando los colombianos llegaron a su habitación.
Sandra Carolina reiteró que ninguno de los exmilitares colombianos ha sido acusado por el homicidio del presidente haitiano, ni los dos que aceptaron cargos ante la justicia norteamericana. “El juicio que se lleva en Estados Unidos es muy independiente al juicio que se lleva en Haití, cabe aclarar que ellos (dos exmilitares) aceptaron cargos, no por asesinato. Ninguno de los 19 hombres enfrenta cargos por asesinato. Ellos no fueron los asesinos del presidente”.
Indicó que, sin embargo, quienes están acusados del asesinato del presidente son su esposa Martine Moïse y el exprimer ministro de Haití Claude Joseph. “Ahorita tienen el cargo de asesinato es la esposa y el jefe de seguridad. Y ahora el cargo más grave que enfrentan ellos (los colombianos) sería complicidad, sin embargo, en este juicio lo que queremos es poder demostrar que tampoco son cómplices, entonces esperemos que avance”.
El pasado lunes 20 de enero de 2025, los 17 exmilitares colombianos comparecieron de nuevo ante el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe, que aplazó la audiencia por la no presentación de dos acusados haitianos fugados de una cárcel. “Nosotros pedíamos que iniciaran un juicio para ya por lo menos saber en qué momento pueden salir, que nosotros podamos demostrar la inocencia, porque, pues, tenemos prueba de ello”, señaló la compañera sentimental del huilense Yarce Sierra.
La joven mujer solo espera que el proceso se desarrolle sin más complicaciones, ya que son varias las citaciones que han sido aplazadas, una por renuncia del juez y otras por el difícil orden público que se vive Puerto Príncipe, la capital haitiana. “Nosotros esperamos que sea lo más pronto posible, son muchas cosas las que pueden afectar, uno el orden público del país, ya que este juicio debió haber comenzado el año pasado y por el orden público no había podido dar inicio, ellos tuvieron una cita y la perdieron por orden público, no pudieron asistir, también tener en cuenta que en la primera citación a la que ellos fueron uno de los jueces renunció en pleno acto. Todo depende de las condiciones del país, sin embargo, nosotros esperamos que sea lo más pronto posible”, indicó Sandra Carolina.
Agregó que su esposo había sido contratado por la empresa CTU Security LLC. “Mi esposo estaba contratado por una empresa americana, por eso no nos dio tanta desconfianza, porque era una empresa legalmente constituida en Estados Unidos, de dónde nosotros íbamos a pensar que era algo como tan turbio lo que se escondía detrás la empresa”.
Indicó que la compañía no ha intervenido para apoyar a los exmilitares en el proceso. “La empresa jamás nos ha apoyado, jamás dio la cara. Se escuda en que supuestamente los muchachos habían ido a hacer eso, sin embargo, los muchachos no movían un dedo sin que la empresa supiera…”.
Sostuvo que su esposo fue contratado para prestar seguridad a empresarios o compañías que fueran a trabajar en Haití. “A mi esposo le ofrecieron prestar servicios de seguridad de personas importantes. Había gente que quería ir a invertir en ese país en turismo, hotelería y plantas eléctricas, etcétera, pero las bandas criminales no permitían el acceso de estas personas. Mi esposo estaba para eso”.
El grupo, al parecer, fue contactado por la Policía de Haití para que la apoyara en un procedimiento de captura que iban a hacer contra el presidente Moïse, sin embargo, cuando llegaron a la residencia presidencial lo encontraron muerto. “En el momento en que esto pasó, la Policía haitiana, le pidió en el apoyo a este grupo para hacerle un acompañamiento para hacer la captura del presidente. Los muchachos ni siquiera eran quienes iban a hacer la captura, solo era hacer el acompañamiento a la Policía”.
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Videollamadas
En los tres años y seis meses de detención que lleva el huilense Yarce Sierra junto con sus 16 compañeros, en la cárcel de la capital haitiana, sus familiares se han logrado comunicar a través de cartas y videollamadas.
Sandra Carolina manifestó que la más reciente comunicación con su esposo fue el pasado mes de diciembre, en la que el exmilitar se vio optimista en su proceso. “El 24 de diciembre del año pasado fue la última vez que pude tener contacto telefónico con él. Estaba muy expectante porque ya iban a comenzar el proceso, por fin después de tanta lucha, después de tanto insistir, van dos veces que han podido asistir ante el juez”.
Recordó la mujer que desde el mes de marzo o mayo del año pasado los colombianos estuvieron nueve meses recluidos en la sede PJ, bajo condiciones inhumanas. “Estaban en hacinamiento, problemas en la piel, enfermedades, muchísimas cosas”.
Sin embargo, el trabajo de la cónsul Vilma Rocío Velásquez Uribe, permitió que fueran trasladados del centro de reclusión y tuvieran mejores condiciones. “Fue un proceso muy complicado y gracias al trabajo de la cónsul, a las gestiones que hemos realizado como familias, el año pasado a finales de noviembre e inicios de diciembre, los pudieron pasar para un centro correccional, las condiciones son supremamente mejores, ya por lo menos están solamente ellos en una sola celda, les llevan alimentación, hasta donde sabía les estaban llevando por lo menos un plato de comida al día, puede revisarlos un médico y la cónsul ha podido ir a visitarlos más seguido”, manifestó Sandra Carolina.
Señaló que al inicio del proceso la comunicación a través de cartas era más fluida. “El anterior cónsul iba cada ocho días o dos veces a la semana y podía traernos y llevar cartas, era más constante. Cuando estuvieron en la sede PJ fue el contacto prácticamente nulo, las dos veces que la cónsul o tres veces que la cónsul pudo ir, era solamente ir a verlos y ya pare de contar, hubo como dos videollamadas en ese entonces y no fue más, ahorita ya la cónsul nos ha colaborado más en este espacio que están ellos, puede ir y hemos podido verlos por videollamada. Podemos contar por ahí unas 8 a 10 videollamadas que hemos podido recibir en estos cuatro años”.
No obstante, el encierro y las preocupaciones están dejando huella en los exmilitares colombianos, según Sandra Carolina. “Sabemos por lo menos que ya están un poco mejor, obviamente el deterioro se les nota, sin embargo, por lo menos es un aliciente, ver que ellos nos pueden ver nosotros y nosotros ver a ellos, es magnífico”.
Visitarlos en la cárcel
Aunque Sandra Carolina es optimista en que el proceso contra su esposo y sus compañeros termine pronto, también sabe que no está en manos de ellos su desarrollo, por lo que ella junto con los familiares de los demás exmilitares buscan la forma de viajar a visitarlos.
“Nosotros como familias el año pasado comenzamos con una ‘vaqui’ para ver si podemos recoger los recursos necesarios para por lo menos viajar un integrante de cada familia a visitarlos. Sí, estamos tratando de mirar si podemos ir a verlos, pero esperamos que el proceso termine antes de”.
Indicó que las esposas de los exmilitares se han puesto al frente de la situación de sus compañeros sentimentales, además de estar al frente de sus familias. “Nos apoyamos mutuamente, a la mayoría de las mujeres nos ha tocado asumir el rol de mamá y papá, fuera de eso, en luchar por ellos allá. No es que haya sido fácil, la ausencia las fechas especiales, los cumpleaños, todo siempre es como muy complicado, sin embargo, tenemos la certeza, la fe, de que en algún momento se va a demostrar la inocencia de ellos y van a poder estar acá con nosotros en casa, eso es lo que nos mantiene con más ánimos y más ganas de luchar”.
Sostuvo que su hijo ha sido su apoyo en estos cuatro años de ausencia de su esposo, sargento viceprimero (r) Ángel Mario Yarce Sierra. “Mi hijo ha sido un niño muy maduro, cuando mi esposo se fue, él tenía ocho años. Él es muy centrado y pues, también nos apoyamos mutuamente porque prácticamente somos nosotros dos, apoyando a ese papá”.
“No tenemos por qué pedir perdón”
Sandra Carolina Bonilla, al igual que los familiares de los 16 exmilitares encarcelados en Haití, no solo se sorprendieron con las palabras del presidente Gustavo Petro ante las autoridades haitianas, sino que las rechazaron.
El mandatario colombiano pidió perdón por la muerte del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021, al señalar a los colombianos como los responsables. “Perdón, porque colombianos pagos, como mercenarios, por intereses, decidieron venir a estas tierras a asesinar. Les pido perdón”.
Sandra manifestó que las familias con el viaje del presidente Petro a Haití, esperaban que interviniera para que ellos estuvieran en condiciones dignas y se agilizara el proceso. “Nosotros esperábamos con ansias la llegada del Presidente allá porque pensábamos que era para hacer como más por nuestros familiares, no que llegará a exigir que una liberación no, pero sí como decir agilice en el juicio, necesitamos saber si son culpables o inocentes, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario como familias, esperábamos algo así”.
Indicó que fue una sorpresa para ellos que el mandatario pidiera perdón. “Nos tomó por sorpresa total las palabras, nosotros no tenemos por qué pedir perdón por algo que no se ha…sin embargo, ya sabemos que la forma en que él actúa y la forma en que él habla entonces, pues deberíamos ya los colombianos estar como acostumbrados a este tipo de declaraciones”.
Las mamás, hermanas y esposas de los exmilitares en una carta abierta al presidente Petro, expresaron su rechazo al pronunciamiento que realizado “al referirse a nuestros familiares como “colombianos oscuros en su corazón, blancos en su piel, pagos como mercenarios por intereses en el Estado de La Florida que decidieron venir a estas tierras a asesinar”.
Los allegados de los colombianos responsabilizaron al mandatario colombiano de cualquier situación de inseguridad que sufran sus familiares en Haití. “Señor Presidente, lo hacemos directamente responsable de cualquier daño que puedan sufrir nuestros familiares como consecuencia de estas afirmaciones”.
Además, lo conminaron a presentar pruebas que demuestren la responsabilidad de los exmilitares en el asesinato del presidente haitiano. “Si usted tiene una prueba que demuestre su culpabilidad, le pedimos que la haga llegar a los tribunales de Haití. Es extremadamente grave que el Presidente de la República de Colombia afirme que “les pagaron” y que “fueron a esas tierras a asesinar” sin presentar evidencia alguna que respalde esas acusaciones. ¿Tiene usted alguna prueba? Estas declaraciones no solo vulneran los derechos de nuestros seres queridos, sino que además legitiman las condiciones de injusticia y violación de derechos humanos que enfrentan en su detención”.