El exsecretario de Hacienda John Edison Torrejano tendrá que responder por robo electrónico de 947,77 millones de pesos, sustraídos de las cuentas del municipio. El alcalde Luis Enrique Cardoso se salvó.
RICARDO AREIZA
Investigacioneshuila@gmail.com
Después de seis años, la Contraloría del Huila responsabilizó John Edison Torrejano, por el fraude financiero ocurrido entre 2017 y 2018, cuando se desempeñaba como Tesorero y Secretario de Hacienda de Baraya (Huila).
El exfuncionario deberá responder a título de dolo por el manejo irregular de los recursos públicos que eran transferidos a particulares, amigos y familiares.
“De acuerdo con el material probatorio Torrejano recurrió de manera continuada a maniobras contables para ocultar los giros de dineros que hacía sin ningún soporte, para darles una apariencia de legalidad, circunstancia que demuestra claramente su conocimiento”, anunció el contralor auxiliar José Arcadio Méndez Cadena.
Sorpresivamente, el alcalde Luis Enrique Cardoso Tovar, responsable del manejo, control y seguimiento de las finanzas públicas fue eximido de cualquier responsabilidad fiscal por la sistemática defraudación.
Aunque inicialmente la contraloría le imputó cargos por negligencia y omisiones en la constitución de las pólizas, al final, en su caso, falló sin responsabilidad fiscal.
Lo mismo ocurrió con el contador público Felipe Charry Quintana, encargado del manejo contable.
La decisión la anunció ayer en audiencia pública el contralor auxiliar José Arcadio Méndez, quien instruyó el proceso por impedimento de su titular Andrés Felipe Vanegas.
Torrejano, sancionado con destitución e inhabilitado por la Procuraduría y acusado por la Fiscalía por la misma defraudación, fue el único responsable.
El fraude
Las irregularidades fueron descubiertas por la ex secretaria de Hacienda, Carmenza Vanegas, quien sucedió a Torrejano.
Las transferencias bancarias fraudulentas fueron realizadas entre 2017 y 2018 a personas que no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la administración del municipio de Baraya.
El alcalde Luis Enrique Cardoso, presionado por la escandalosa defraudación, formuló la denuncia penal el 20 de noviembre de 2018. El funcionario, avalado por Cambio Radical, ejerce por segunda vez la Alcaldía (2024-2027) pero terminó exonerado.
El proceso de responsabilidad fiscal fue abierto por la Contraloría el 13 de mayo de 2019.
Las anomalías
Torrejano asumió el cargo el primero de enero de 2016 en el gobierno del alcalde Luis Enrique Cardoso Tovar, hasta el 30 de agosto de 2018, cuando renunció para aspirar a la Alcaldía de Baraya.
Según los organismos de control, en su doble condición de Tesorero y Secretario de Hacienda, creaba los comprobantes de egresos a nombre de proveedores o contratistas reales, debidamente inscritos y registrados pero las transferencias se desviaban a las cuentas de terceros, que no tenían ninguna relación legal, contractual o comercial con la administración municipal.
De acuerdo con la investigación, el exfuncionario utilizaba las claves personales en el software contable HAS SQL, así como los ‘token’ de seguridad entregados para el uso exclusivo por parte de las entidades financieras. Tenía bajo su control los dispositivos, las claves de acceso y las plataformas y el portal empresarial para realizar las operaciones financieras irregulares.
Giros irregulares
Las transferencias bancarias fraudulentas fueron hechas a personas de su círculo personal y familiar que no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la Alcaldía de Baraya. Solo prestaban su nombre y su cédula para perpetrar el ilícito. Curiosamente, los retiros ilícitos se hacían por ventanilla, sin ningún control por parte de las entidades financieras.
La Procuraduría estimó el fraude en $732 millones. Otra investigación realizada por la Fiscalía estimó que la cuantía podría superar los 944, 86 millones de pesos.
Según la Contraloría, la defraudación ascendió a 749,85 millones de pesos de acuerdo con un reporte de auditoría que practicó la entidad.
No obstante, la defraudación, objeto del juicio fiscal, se redujo a 674 millones de pesos, considerando que Torrejano devolvió 95,65 millones de pesos que hizo en cinco consignaciones el propio Torrejano después de haberse destapado el escándalo.
Finalmente, el daño patrimonial, debidamente actualizado, fue estimado en 947,77 millones de pesos.
Las maniobras
Torrejano, según la Fiscalía, accedió al aplicativo en forma irregular en por lo menos 74 oportunidades, durante las cuales elaboró y modificó egresos, pagos varios, comprobantes de contabilidad, notas bancarias, entre otros documentos.
“El funcionario, utilizando los aludidos dispositivos de seguridad, efectuó en transcurso de los años 2017 y 2018, 74 transacciones fraudulentas”.
Los movimientos financieros, plenamente documentados y verificados por la Fiscalía afectaron las cuentas del BBVA y Banco de Bogotá donde se manejan las rentas propias del municipio de Baraya, como los recaudos de sobretasa a la gasolina, impuesto predial, impuesto de Industria y Comercio, otros impuestos derivados de la contratación y además los recursos de libre destinación del Sistema General de Participaciones. También otra cuenta del mismo banco donde se manejan los recursos de cultura derivados de la estampilla Procultura. Las instituciones financieras aportaron los soportes. Igualmente, se incorporaron todos los registros contables obtenidos por técnicos del CTI en las dependencias de la Alcaldía de Baraya.
Giros espurios
Las transferencias electrónicas fueron realizadas a nombre de Luis Miguel Charry, con 34 giros ilícitos en tres cuentas abiertas solo con este propósito. En total recibió 568,37 millones de pesos.
Según la Fiscalía, el 92% de los recursos que ingresaron a su cuenta de ahorros del banco BBVA en el transcurso del año 2018 correspondieron a los dineros desviados de las cuentas oficiales del Municipio de Baraya.
Las sumas transferidas fueron retiradas casi que de forma inmediata por ventanilla y en efectivo en cada uno de los respectivos bancos, curiosamente, sin objeciones.
El otro beneficiado fue Jorge Edgardo Soache, el conductor de Torrejano (ya fallecido) quien recibió 241,81 millones de pesos y retiró el dinero en 14 operaciones ilícitas.
Además, Jhon Edison Castro, primo de Torrejano, en seis operaciones, recibió 53,43 millones de pesos, que retiró por ventanilla y en efectivo, una vez le confirmaron las transferencias.
Por último, Edison Izquierdo, recibió desde el 23 de febrero de 2017, cuatro giros irregulares por 50 millones de pesos.
Autogiros
El propio Torrejano se transfirió dinero perteneciente al municipio de Baraya que no necesariamente correspondía al pago de su salario como Secretario de Hacienda.
“Estos pagos llegaron a su cuenta del Banco Agrario de Colombia sin que existieran soportes de los mismos o autorizaciones al respecto, de los cuales realizó el correspondiente retiro”, reveló la fiscal.
Entre abril y noviembre de 2017 se auto giró sin soportes, la suma de 26,54 millones de pesos.
Según el contador Felipe Charry, esa cuenta por cobrar (a nombre de Torrejano) ascendía al 30 de agosto de 2018 a la suma de 32,99 millones de pesos, correspondientes a transacciones, giros y transferencias que realizó sin ningún soporte.
Manipulación
Torrejano accedió al sistema informático por fuera de lo acordado, en horario no laboral en su mayoría de los casos. Además, efectuó registros en el aplicativo contable HAS SQL que atentaron contra la integridad de los datos de este aplicativo, utilizado por la Alcaldía de Baraya y Secretaría de Hacienda.
“Con su usuario asignado, elaboró y modificó registros contables, con lo cual quiso dar apariencia de legalidad a las aludidas transferencias electrónicas ilícitas”, confirmó la Fiscalía.
Entre los registros indebidamente reportados figuran Empresas Públicas de Baraya, Electrohuila, CAM, Corporación Talento, Inderhuila, Fondo Mixto de Cultura y la Secretaría de Gobierno de Baraya, entre otros.
En su criterio Torrejano Sandoval aprovechando sus privilegios de usuario, elaboró comprobantes, realizó múltiples modificaciones a los comprobantes creados por otros usuarios principalmente por Carmenza Vanegas Pacheco y Rosiris Figueroa, quienes denunciaron las anomalías.
Alteración
Los cambios consistieron en los nombres de los terceros que figuraban en los comprobantes, las cuentas afectadas y los valores girados. También modificó fechas de vencimiento de los documentos dando como resultado los comprobantes con la información adecuada para encubrir los dineros que se le giraban a particulares sin ninguna relación con la Alcaldía de Baraya como quedó registrados en la evidencia física recaudada.
Torrejano utilizaba el nombre de un contratista real de la entidad, para efectos del trámite del pago. Sin embargo, en bancos, se realizaba el giro a un tercero sin vínculo con la entidad. En su mayoría, amigos o parientes cercanos, que aparecían como supuestos beneficiarios o que prestaban sus cuentas para facilitar los movimientos irregulares.
El funcionario, en su doble condición de Tesorero y Secretario de Hacienda, creaba los comprobantes de egresos a nombre de proveedores o contratistas reales, debidamente inscritos y registrados, pero las transferencias se desviaban a las cuentas de terceros, que no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la administración municipal.
Además, utilizaba las claves personales en el software contable HAS SQL, así como el token de seguridad que le entregaron las entidades financieras para su uso exclusivo.
Manejaba todo
Torrejano, según la investigación, accedió al aplicativo en forma irregular por lo menos en 60 oportunidades, durante las cuales elaboró y modificó egresos, pagos varios, comprobantes de contabilidad, notas bancarias, entre otros documentos.
La auxiliar administrativa, Carmenza Vanegas Pacheco, quien detectó el robo continuado declaró que Torrejano manejaba exclusivamente los dos dispositivos, el suyo y un segundo asignado para el alcalde.
“Torrejano manejaba todo; él tenía las claves y las operaciones sólo se podían hacer desde su escritorio”, explicó la funcionaria.
Las operaciones fraudulentas, en su criterio, no se realizaban a control remoto ni era posible que lo hicieran terceras personas.
“Las transacciones solo se podían hacer desde el computador del Secretario de Hacienda, donde estaba registrada la Dirección IP, necesario para la conexión en internet registrada solo en ese equipo, en ningún otro”, aclaró.
La versión fue ratificada ayer por el contralor auxiliar José Arcadio Méndez. En su criterio, Torrejano tenía en su poder los dos dispositivos electrónicos, tenía acceso exclusivo a la plataforma, poseía los códigos de seguridad y manejaba desde su escritorio el portal empresarial.
Único responsable
“No existen dudas de la conducta dolosa desplegada por el ex secretario de Hacienda, en el daño patrimonial, reflejado en un actuar sistemático, consciente y engañoso en el giro de los dineros”, precisó el contralor auxiliar José Arcadio Méndez Cadena.
“En ese orden el exsecretario de Hacienda, John Edison Torrejano deberá responder a título de dolo por el daño producido al erario del municipio de Baraya (Huila) en cuantía de 947,77 millones de pesos”, subrayó.
Exonerados
Según el contralor auxiliar, el alcalde Cardoso, no tenía entre sus funciones ejercer el seguimiento y control de la ejecución presupuestal, que le correspondían al Secretario de Hacienda. “El encargado de las transacciones era el secretario de Hacienda”, afirmó. Con este argumento lo eximió.
En el caso del contador Luis Felipe Charry, argumentó que por ser contratista no tenía calidad de gestor fiscal y, por lo tanto, no tenía responsabilidad en los giros espurios, exclusivos de Torrejano, ni tenía ninguna relación con el manejo de los recursos, ni intervenía en los negocios jurídicos, ni participada directa o indirectamente en las gestiones administrativas de ordenación del gasto.
Finalmente vinculó a las compañías de seguros La Previsora y Solidaria, en calidad de terceros civilmente responsables.
La decisión fue impugnada. En este caso irá en grado de consulta ante el contralor Andrés Felipe Vanegas. En este caso también tendrá que declararse impedido, ya que en ésa época fungía como abogado de Torrejano y había sido asesor jurídico del alcalde Luis Enrique Cardoso, eximido de responsabilidad.
