Podría ser de dimensiones inimaginables para las arcas oficiales, el alcance del fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado que condena al Estado colombiano a indemnizar a la familia del ganadero huilense Ismael Díaz Gaitán por las fallas en el servicio derivadas de la existencia de la llamada “zona de despeje” durante el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana. La decisión precisa que no se tomaron las medidas para proteger a los habitantes de la región de más de 42 mil kilómetros cuadrados, y que la ausencia de fuerza pública en el área dejó a la población indefensa. “Aunque había autoridades administrativas estas no podían cumplir la función de defender a los pobladores”, señalan los magistrados en su histórica decisión.
Porque más allá del hecho anecdótico de que se trate de un ganadero opita, de un hombre singular como Díaz Gaitán que les sobrevivió a numerosos atentados e intentos de secuestro, el fondo del asunto es de un tamaño jurídico excepcional por cuanto pone en manos y cabeza del Estado, es decir a cargo de todos los colombianos, las deplorables consecuencias de un sinnúmero de actos criminales cometidos por las Farc al amparo de esa gigantesca área del país, vecina en buena parte del Huila y por ende origen de tantos males que nos han aquejado en las recientes dos décadas. Asesinatos, secuestros, robos en masa, masacres, desplazamiento forzado, desvalijamiento de vehículos, apropiación de tierras, en fin se cometieron todo tipo de tropelías – muchas a manos directas de la guerrilla como “dueña y señora” de la comarca y otras de un sinnúmero de delincuentes de todo pelambre aliados o con el visto bueno de las Farc. Y el grueso de tales crímenes tuvo como víctimas a caqueteños y huilenses, indefensos – como dice el Consejo de Estado – frente a un régimen de cosas que el Gobierno impuso en aras de un malogrado proceso de paz.
Es claro en este caso, como lo dijo desde primera instancia el mismo Tribunal Administrativo de Caquetá, que “si bien la Fuerza Pública y en general el Estado colombiano obró en interés de todos los ciudadanos al establecer la zona de distensión para dialogar con las Farc, perjudicó a su vez a un grupo específico de la población al dejarlos desprotegidos y a la merced de las Farc… obligándose (el Estado) a reparar los perjuicios acaecidos”. Y si hablamos de una probable “tronera fiscal” es porque existen decenas de demandas interpuestas en los tribunales por todas esas tropelías, cuyo costo ahora no se puede calcular; y aunque el mismo Consejo de Estado se haya apresurado a decir que en este momento serían extemporáneas otras acciones litigiosas por la “zona de despeje”, la vulneración de los derechos fundamentales de miles de ciudadanos no tiene tiempos tan cortos como para que estén cerradas las puertas a esos nuevos procesos.
Se trata de un campanazo de alerta respecto de las obligaciones del Estado frente a sus ciudadanos; la principal de ellas, brindarles seguridad y protegerles la vida. Y harto de eso hizo falta en el Caguán.
“Al establecer la zona de distensión para dialogar con las Farc, perjudicó a su vez a un grupo específico de la población al dejarlos desprotegidos y a la merced de las Farc”.
Editorialito
En deplorables condiciones se encuentra el teatro Pigoanza, escenario para los concursos de interpretación musical y composición, de alta trascendencia nacional. Es una lástima. ¿Quién responde por su mantenimiento?
