Las Farc advirtieron de la presencia de "paramilitares" en una de las 27 zonas de Colombia donde está previsto que se concentre la guerrilla para dejar progresivamente las armas, en el marco del acuerdo de paz con el gobierno.
En un comunicado, las Farc informaron de "la presencia de un grupo de paramilitares de 'Los Urabeños (Clan del Golfo)'" en el departamento del Guaviare, cerca del punto donde miembros de la guerrilla se encuentran preagrupados y esperando para movilizarse a la zona de concentración asignada.
"Dicha situación amenaza de forma grave la tranquilidad de las comunidades de toda la región, así como el cumplimiento del acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo en el punto de pre-agrupamiento de San Miguel, donde permanecen hasta el momento las unidades guerrilleras que operan en el área", explicó el grupo rebelde.
El comunicado menciona la presencia de unos 60 hombres que, "según informes recogidos en la región", tienen como objetivo "mantener el registro de todas las personas que entran o salen de la zona y que se dirigen hacia el Punto de Pre-Agrupamiento" de las Farc.
El Clan del Golfo, anteriormente llamado Los Urabeños, es la principal banda criminal de Colombia y tiene sus orígenes en disidentes de los grupos paramilitares que se desmovilizaron masivamente entre 2003 y 2006.
Las Farc siguen tildándoles de paramilitares, aunque las autoridades les consideran delincuencia organizada.
En el comunicado de este sábado, los guerrilleros preagrupados en San Miguel también informaron que el 7 de diciembre llegó al lugar donde se encuentran un hombre que "no ha sabido dar explicación razonable hasta el momento" sobre lo que hacía en el área.
Para que esta persona vuelva "al seno de su familia", solicitaron la intervención del mecanismo que monitorea el cese al fuego -vigente desde fines de agosto- y del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Esta semana, las Farc informaron que habían frenado su avance hacia las 27 zonas de concentración, donde dejarán las armas progresivamente bajo vigilancia de la ONU, y en las que deben estar máximo a fin de mes, por la existencia de órdenes de captura contra sus miembros y problemas de infraestructura.