Como era de esperarse, generó esta semana numerosas reacciones la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de presentar un escrito de determinación de hechos y conductas contra los antiguos líderes de la guerrilla de las Farc por una de sus prácticas más horribles: el secuestro.
Las reacciones son apenas naturales. La decisión es hasta ahora el mayor avance de la JEP como justicia transicional creada tras la firma del Acuerdo de Paz, ya que representa el primer paso en el camino para impartir justicia, es decir, para imponer sanciones contra los máximos responsables de las antiguas Farc, que es algo que muchas víctimas han venido reclamando a lo largo de los últimos años.
El secuestro fue uno de los delitos más abominables que cometieron las Farc durante tantos años de guerra. El departamento del Huila fue testigo de esa miserable práctica de privar de la libertad a personas por motivaciones políticas o económicas.
La misma JEP ha documentado el horror de los secuestros cometidos por las Farc y por eso, ha imputado a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, Julián Gallo –conocido como Carlos Antonio Lozada—y Pablo Catatumbo. Estos dos últimos con curules en el Congreso de la República. También fueron imputados Pastor Alape, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra, entre otros.
Las Farc fueron, sin duda alguna, una máquina de cometer secuestros, a tal punto que no fue posible determinar un número exacto de víctimas. Sin embargo, tras cruzar numerosas fuentes de información y bases de datos, se llegó a un listado de 21.396 personas que fueron secuestradas a lo largo y ancho del territorio colombiano. A partir de las órdenes impartidas por los miembros del secretariado de las Farc, cada frente guerrillero, eligió sus víctimas.
Tras la firma del Acuerdo de Paz, el país ha intentado doblar la página de la violencia. Sin embargo, solo ello será posible mientras haya realmente verdad, justicia y reparación.
“El departamento del Huila fue testigo de esa miserable práctica de privar de la libertad a personas por motivaciones políticas o económicas”
