El fracaso empresarial es una interesante variable de estudio, que debe contribuir a la formulación de políticas públicas inteligentes. Pues, los efectos del fracaso, medido a través de la cancelación de las operaciones comerciales de las unidades de negocio, impacta económica y socialmente al país. No en vano, afecta el empleo, reduce el nivel de ingreso de los hogares y su consumo, impacta el dinamismo del sistema económico al que pertenecía la empresa como oferente y demandante de bienes y servicios, genera ineficiencias en el mercado (incluso reducción del bienestar de sus otrora clientes), desfinanciamiento de las arcas del Estado por vía de la disminución del recaudo, entre otras.
Ahora bien, de acuerdo con Confecámaras, el 92% del tejido empresarial (formal) del país está compuesto por microempresas. Las pequeñas empresas representan el 6% del total, y las medianas sumadas a las grandes representan tan sólo el 2%.
En otras palabras, Colombia es un país de microempresas y microempresarios, y no de emporios y magnates como la demagogia quiere hacerlo ver. Entonces, debe tenerse claro que el fracaso empresarial implica un gran fracaso a nivel país.
Por esa razón, resultan llamativos estudios como el realizado por Confecámaras (2024); “Cancelación de empresas en Colombia: Un análisis de sus particularidades”, en el cual se asegura que, “en los últimos 7 años se han cancelado 1.509.111 empresas, lo que significa un promedio de 215.000 cancelaciones por año, es decir, aproximadamente el 13,2% de las empresas activas entre 2017-2023”.
Confecámaras defiende la idea de que la cancelación de las licencias empresariales obedece, en la mayoría de los casos, a dos aspectos “vinculados a las características intrínsecas de la empresa y aquellos asociados a las habilidades y destrezas del empresario o emprendedor que la lidera”. Sin embargo, el mismo informe revela que “se ha demostrado que las empresas más pequeñas enfrentan un mayor riesgo de cierre, especialmente cuando se ven presionadas por costos laborales crecientes”.
En oposición a ello, considero que es pertinente decir, sin titubeos, que existen aspectos intrínsecos y extrínsecos que explican el fracaso empresarial. Naturalmente, el Estado no puede definir aspecto alguno de las condiciones internas de las unidades de negocio. Empero, la institucionalidad es responsable de las condiciones políticas que configuran el entorno económico. Las acciones públicas determinan condiciones que provocan el fracaso empresarial, o, por el contrario, que garantizan una protección especial a las unidades productivas (otra forma de proteger al trabajador y al país). Al final de cuentas el empresariado sabe generar empleo y puede decidir hacerlo donde las condiciones sean más benéficas. El trabajador, por el contrario, depende del emprendedor o empresario que ofrece oportunidades laborales que van más allá de una remuneración económica, pues, los empleos que verdaderamente agregan valor social son aquellos que permiten que los individuos desarrollen sus talentos y crezcan como personas.
He allí porque una política de subsidios al empleo jamás podrá generar el mismo valor social que una política de desarrollo empresarial, aun cuando supla el déficit de ingresos que trae el desempleo.
Es importante advertir que la reforma laboral, sumada a las alzas de los precios de los combustibles, las reformas tributarias y la inseguridad, generan condiciones negativas que afectan directamente las estructuras de costos de las unidades productivas, lo que podría redundar en el fracaso de muchas de estas. Entonces, ¿quién asumirá el costo político de esto?