El Tarra, La Gabarra, Tibú y Sardinata, los pueblos que conforman buena parte del llamado Catatumbo, son para el conflicto interno nacional la versión nororiental colombiana del Caguán, La Hormiga y demás localidades caqueteñas y putumayenses que constituyen – para el grueso de los colombianos citadinos – los epicentros del narcotráfico, la violencia, la guerrilla y el paramilitarismo juntos. Y allí, en ese Catatumbo, también se ha cultivado coca, se ha extraído petróleo y se han protagonizado dolorosas masacres, secuestros y una larga estela de asesinatos por un sinnúmero de razones; ese Catatumbo, como ocurre lastimosamente con buena parte del contexto nacional, solo ha vuelto a ser noticia justamente porque un nutrido grupo de sus habitantes reclama con fiereza, e incluso con violencia, que se les atienda, se les escuche, se les tenga en cuenta, se les considere parte del país y no, como ha ocurrido hasta ahora, una especie de cáncer que hay que extirpar y no – como sí lo son – víctimas de la desenfrenada violencia.
Ese Catatumbo está encendido, se ha revolcado y – con sangre como ocurrió antes en Putumayo y Caquetá y otra parte en el Huila y en Guaviare – es que el alto gobierno ha querido llamarlos a dialogar. Como lo señalan con acierto los analistas, la chispa que encendió la hoguera fueron los operativos de erradicación de coca en la región. Y la razón, que a los citadinos les parece terrorismo y no problema social, es que no hay otro cultivo posible que permita al campesino sobrevivir. Por ello se comprometen a contribuir a la erradicación de los cultivos de coca. Y piden para ellos una Zona de Reserva Campesina (ZRC), que es no sólo un área donde no puede haber concentración de tierra –peligro representado por la expansión de la palma africana–, sino también el desarrollo de programas institucionales de crédito, asistencia técnica, riego, salud, educación y titulación de predios. Es decir, están pidiendo el cambio de una economía ilegal por una legal protegida como propiedad privada con la figura creada por una ley, como es la ZRC.
Y mientras se resolvía si discutir eso no, ya vamos en cuatro muertos y numerosos heridos a bala. Hasta que el presidente Santos decidió que su ministro consejero Lucho Garzón sea cabeza del equipo negociador y puso como condición que el movimiento despeje las vías, en particular las que rodean a Ocaña.
En esa línea, hoy el Presidente se sentará con los campesinos en Bogotá para buscar una salida a la crisis que vive la región desde hace más de 15 días, cuando entró en paro. Los campesinos, por su parte, dicen que el anuncio del jefe de Estado no ha sido dirigido de manera directa al campesinado, que no conoce los detalles ni la metodología que se implementaría en dicho encuentro. En todo caso hoy se verán las caras porque, finalmente, es mucho mejor ir a echar lengua que echar piedra o bala.
“Ese Catatumbo está encendido, se ha revolcado y – con sangre como ocurrió antes en Putumayo y Caquetá y otra parte en el Huila y en Guaviare – es que el alto gobierno ha querido llamarlos a dialogar”.
Editorial
A partir de ayer 5.517 madres sustitutas recibirán una bonificación equivalente a un salario mínimo legal vigente y a partir del próximo año, se formalizarán y recibirán no sólo el salario mínimo sino todas las prestaciones legales, según la reforma tributaria. Una medida justa para quienes no recibían ninguna remuneración.
