En abril del presente año, el Consejo de Estado le ordenó al Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana cumplir una decisión en la que se establece que el tiempo de la señora Nidia Guzmán Durán como rectora no puede extenderse más allá del 6 de julio de 2025. Han pasado más de cinco meses desde entonces, y esa orden aún no ha sido acatada.
Las consecuencias jurídicas de incumplir órdenes o decisiones judiciales son bastante graves, el mismo Código Penal señala que el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones comete el delito de prevaricato por omisión. En el mismo sentido, el fraude a resolución judicial indica que cuando una persona por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta por la Justicia estará incurso en este delito. Al mismo tiempo la Justicia Disciplinaria también impone a los servidores públicos la obligación de cumplir y hacer cumplir las decisiones judiciales, por lo que cualquier situación contraria es considerada falta gravísima y da lugar a destitución del servidor público.
Es difícil conocer las verdaderas intenciones de los integrantes del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, pero queda bastante claro que no acatar la orden del Consejo de Estado conlleva a que Nidia Guzmán continúe indefinidamente en la rectoría de la Institución en detrimento de la Autonomía Universitaria.
El mensaje es claro, la dictadura de la inmoralidad impuesta por el gobernador Rodrigo Villalba al interior de la Universidad Surcolombiana, es la única que se ve beneficiada con esta burla a la Justicia. El “villavismo” ha desangrado la Institución, disparando la contratación y el gasto en favor de sus campañas electorales para consolidar su poder político. Un ejemplo de ello es la elección del hijo de la “rectora” Nidia Guzmán como alcalde del municipio de Rivera.
Hoy la misión de la Universidad Surcolombiana no es “la formación integral, humana y crítica de profesionales e investigadores” sino servir de fortín político-electoral, pagar votos con contratos y financiar las campañas del “villalbismo”.
Nada de esto podría estar sucediendo sin la complicidad del gobierno del cambio. Petro tiene dos representantes en la Consejo Superior: el ministro de Educación, que lo preside, y su representante directo Abel Sepúlveda, quien permanece absolutamente sumiso al “villalbismo”.
Es necesario que la sociedad huilense reaccione ante esta situación. La Universidad Surcolombiana requiere medidas urgentes para evitar su colapso bajo el peso de la corrupción y el abuso de poder. Si no actuamos ahora, la juventud del Huila perderá la oportunidad de formarse en la única Universidad Pública del departamento.
El grito debe ser uno solo: ¡Fuera Villalba!