LA NACIÓN
El abogado defensor del general Henry William Torres Escalante, excomandante de la Novena Brigada en el Huila, solicitó que el proceso penal que se adelanta contra el oficial por su presunta participación en dos ejecuciones extrajudiciales, pase a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El abogado Jaime Granados Peña indicó que mientras se realiza este trámite el proceso debe ser suspendido: “hasta tanto no entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz y se remita el proceso a la misma, y por otra parte, disponga de la revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa contra mi prohijado, de conformidad con los hechos”.
Y agregó que el general cumple con los requisitos para que su caso sea estudiado por la jurisdicción especial: “estar bajo una medida de aseguramiento que esta sea en razón a la lucha antisubversiva o conflicto armado y que haya relación propia en la condición de miembro de las Fuerzas Militares. Varios fiscales y jueces han obviado ya el requisito de los 5 años de vigencia de la medida de aseguramiento”.
Precisó en el documento de solicitud que: “de no haber sido así, el ordenamiento jurídico colombiano estaría incurriendo en un absoluto desafuero al predicar políticamente la necesidad de perdón, paz y reconciliación y jurídicamente cancelar beneficios jurídicos a miembros de las Farc-EP, al paso que caprichosamente los niega y agrava la situación de los miembros de las Fuerzas Militares que han resultados inmersas en procesos penales por múltiples situaciones que en cualquier caso guardián estrecha relación con el conflicto armado”.
Si la respuesta a la petición es negativa, el abogado pedirá que se otorgue a su cliente una sustitución de la medida de aseguramiento, es decir detención domiciliaria.
