Un contrato del año 2017 que tenía por objeto la “prestación de servicios profesionales especializados y asesoría jurídica a la oficina de Talento Humano en materia prestacional”, tiene enredados a dos exgerentes del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. El proceso también toca al actual gerente. La Procuraduría Regional de Instrucción Huila abrió una investigación disciplinaria.
Johan Eduardo Rojas López
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Una investigación disciplinaria abrió la Procuraduría Regional de Instrucción Huila contra los exgerentes del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Jesús Antonio Castro Vargas y Emma Constanza Sastoque. En el proceso también se ve envuelto Juan Diego Fierro Oliveros, actual gerente del centro asistencial.
La medida cobija, además, a Silvano Vargas Calderón y Marisol Rubiano Silva, jefes de Talento Humano y supervisores del contrato 226 de 2017. Igualmente, a Rodrigo Hernández Polonia, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, para la época de lo sucedido.
La decisión que se tomó el pasado 5 de septiembre se da en razón al presunto incumplimiento de deberes y obligaciones contractuales y presupuestales. Para ello, el procurador regional de Instrucción Huila, Diego Alexis Tello Esquivel, ordenó la práctica de varias pruebas para continuar con el debido proceso.
Contexto
Los hechos que tuvieron lugar el 31 de diciembre de 2017 fueron expuestos por Gustavo Sánchez Puerta, quien actuando en calidad de representante legal de la firma Consultores Asociados en Seguridad Social, mediante un oficio del 9 de noviembre de 2020 que fue radicado en la Procuraduría General de la Nación el día 11 del mismo mes y año, interpuso la queja disciplinaria en contra del Hospital Universitario de Neiva.
Lo anterior, por un presunto incumplimiento en el pago y liquidación del contrato de prestación de servicios profesional 226 del 2017 que tenía como objeto la “prestación de servicios profesionales especializados y asesoría jurídica a la oficina de Talento Humano en materia prestacional”.
Dentro de los anexos presentados por el quejoso, se evidencian diversos oficios de aclaración de cumplimiento en enero, agosto y octubre de 2018, y marzo de 2019. Además del acta de entrega final sin firma del hospital, acta de inicio del 18 de julio de 2017 firmado por el supervisor Silvano Vargas Calderón y el contratista Gustavo Sánchez Puerta, y el acta de la primera suspensión con fecha del 27 de diciembre de la misma vigencia, y sin la firma del supervisor.
En esa línea, un segundo oficio del 26 de febrero de 2018 dirigido al Supervisor, bajo el asunto “solicitud de suspensión del contrato”, seguido por otro oficio del 27 de junio de 2019, en donde se solicitaba el pago inmediato del contrato, y finalmente un último documento del 10 de julio del mismo año con el asunto “solicitud de reinicio del contrato”.
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El vaivén
Seguidamente, el 5 de abril del 2021, Marisol Rubiano Silva, jefe de la Oficina de Talento Humano, le envió un oficio al quejoso con el siguiente asunto: “Solicitud de terminación y liquidación del contrato”, que fue contestado por Sánchez Puerta el 14 del mismo mes, solicitando confirmar la reunión para el 20 de abril a las 4 de la tarde o al día siguiente a las 8 de la mañana.
Nuevamente, el representante legal de Consultores Asociados en Seguridad Social, se comunicó con la Jefe de Talento Humano, vía correo, para enviar la “propuesta de liquidación del contrato 226 del 2017”.
La indagación preliminar
Así las cosas, el 4 de mayo del 2021, la entidad profirió auto de indagación preliminar en averiguación de los “responsables del Hospital Universitario”, quienes allegaron pruebas del acta de iniciación del contrato con fecha de julio de 2017 y actas de suspensión.
Se conoció ahí también un documento del 20 de septiembre del 2021, donde se advertía que se estaba proyectando una demanda de incumplimiento del objeto del contrato a cargo de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.
Dos alternativas
Posteriormente, el 11 de mayo del 2021, el Hospital realizó una reunión para estudiar la propuesta del quejoso, que quedó consignada en el acta de Comités Institucionales, al cual asistieron Rodrigo Hernández Polanía, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Rubén Darío Rivera, abogado asesor externo, y Juan Pablo Murcia Delgado, abogado externo – Talento Humano; este último allí expresó encontrar “mucho sentido en lo manifestado por el Dr. Rubén, en cuanto a que todo esto sería una forma de asumir un riesgo, por tanto, el paso a seguir sería liquidar el contrato por el total pagado, es decir, por $14.280.000, ya que fueron pagados”.
Por su parte, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica expuso que la segunda opción sería analizar “si entramos nosotros a demandar o fijar lo manifestado por parte del Dr. Rubén, que es la figura más viable. En caso de que el contratista no acepte la propuesta, sería proceder con el segundo escenario, donde la contraparte activaría el mecanismo de la conciliación extrajudicial con el objeto de promover la acción de controversias contractuales”.
¿La cuenta sin pagar expiró?
Luego, en un acta de comités institucionales con fecha del 8 de julio de 2021, en donde se analizó el contrato dentro de las tareas de revisión del pasivo pensional, asistieron aparte de los mencionados anteriormente, Nohora Elsa Fajardo Peña, subgerente Financiera, y Tomás Andrés Murcia Olaya, jefe de la Oficina de Contratación.
“Este compromiso estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018 y en cumplimiento de la normatividad fue liberado al cierre de esa vigencia fiscal, teniendo en cuenta que las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a esa fecha expiran sin excepción. La vigencia expirada es el mecanismo mediante el cual se puede realizar el pago de las obligaciones legalmente contrarias, pero que por diferentes motivos no fue posible atender durante la vigencia respectiva. La vigencia expirada se imputará por el rubro presupuestal que dio origen al gasto y al momento de hacerse el registro presupuestal deberá dejarse consignada la expresión: Pago Pasivos Exigibles”, se indicó en el oficio del 16 de julio del 2021 enviado por Nohora Elsa Fajardo Peña.
Acto seguido, Marisol Rubiano Silva envió el 31 de agosto de ese año una solicitud de reinicio del plazo de ejecución del contrato, al quejoso. En él se afirmaba que se deberá tener en cuenta, “al respecto que revisados los documentos del contrato, que el mismo no ha agotado su plazo, por lo cual, cualquier mención relacionada con darlo por terminado o liquidarlo deberá ser tenida por ineficaz, al verificarse que aún las obligaciones del contrato no son exigibles al contratista por no verificarse la terminación contractual”.
Ya en septiembre, se emitió el acta de “no comparecencia y no justificación” de inasistencia a Audiencia Contractual, igualmente, otra para “corroborar la inasistencia del contratista”.
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Lo que considera la Procuraduría
Frente al acervo probatorio allegado por el Hospital Universitario, la Procuraduría determinó que existen los requisitos para ordenar investigación disciplinaria, toda vez que en las pruebas se evidencia la presunta comisión de las faltas disciplinarias por no suscribir acta de terminación o liquidación del contrato de prestación de servicios, liberando los recursos del presupuesto, efectuando los descuentos pertinentes e incumpliendo con los pagos de las cuentas por pagar o “reservas presupuestales” e incumpliendo los deberes. Eso daría inicio a las acciones legales pertinentes por presunto incumplimiento contractual.
¿Qué más ordenó la Procuraduría?
Le dio un término “único e improrrogable” de 10 días al Hospital Universitario para enviar toda la información de los implicados, como: acto de nombramiento y posesión, sumado al acto administrativo de vinculación para la vigencia en la que ocurrieron los hechos. También la certificación en la que se evidencie nombres completos, documentos de identidad, cargo desempeñado, salario devengado, última dirección registrada y números de contacto.
La entidad encargada de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado, pidió copia del Manual de Funciones vigente, además de información del estado actual del contrato de prestación de servicios 226 de 2017 y copia del manual de contratación para los contratos de prestación de servicios vigentes para los años 2017 a 2024 aplicable al Hospital Universitario.
Adicionalmente, copia de las actas de empalme de los gerentes de las vigencias 2017 a 2024; también de todos los actos administrativos de nombramiento y posesión de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que haya ocupado el cargo durante el mismo periodo de tiempo.
¿Qué dicen los implicados?
LA NACIÓN se comunicó con los exgerentes del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Jesús Antonio Castro Vargas y Emma Constanza Sastoque, al igual que con Juan Diego Fierro Oliveros, actual gerente.
Castro Vargas y Sastoque atendieron nuestro llamado, pero nos remitieron con su abogado, – tiene el mismo- quien indicó que la semana entrante considerarían la posibilidad de emitir algún comunicado frente al tema, debido a que la etapa del proceso tiene limitantes en algunos aspectos de reserva. “Por tanto, el asunto en cuestión se ventila en el despacho competente; y con la debida valoración probatoria saltará de bulto la inocencia de los investigados”, dijo el apoderado.
Finalmente, Fierro Oliveros, por medio de su equipo de comunicaciones, accedió a una entrevista que finalmente no se realizó por unas “situaciones de último minuto” que, supuestamente, se le presentaron. Sin embargo, manifestó su total disponibilidad para realizar el pronunciamiento la semana entrante.