El Alcalde de Neiva ha completado un año de su administración. Los que tenemos conocimientos administrativos y de gestión social-económica, sin mayores análisis, atendiendo lo que hemos visualizado en 2024, podemos opinar sin sesgos personales o políticos sobre la actividad cumplida.
Movilidad: Calificación, cero. En efecto, el desorden vehicular, principalmente de los motociclistas, es visible a toda hora y los días. Violan el 99% de las normas de tránsito, inclusive en las “narices” de los guardias. Los buses recogen y dejan pasajeros en donde les provoque, con la ayuda de los usuarios que se ubican en cualquier parte para acceder al servicio. La modulación del sistema de semaforización que conduzca a sincronizar para agilizar el tránsito urbano no se hace. Los trancones en las horas pico hacia las diferentes comunas es permanente. No se hace nada para modular esta situación. La Secretaria (o) de movilidad es de escritorio, cuando su liderazgo debe ser fuera de escritorio en tal forma que visualice personalmente los problemas para darles soluciones.
Modulación planta de personal: Calificación, 3.5. Un buen gerente debe aplicar el principio de “economía administrativa” que conduzca a disminuir los costos sin que se perjudique el servicio que debe prestarse. El Alcalde lo hizo con algunas falencias jurídico-laborales que debió prever el grupo jurídico. Seguramente habrá demandas en curso con un porcentaje mediatamente alto que conduce al reintegro y pago de salarios.
Sobretasa al impuesto predial: Calificación, cero. Pareciera que es ilegal toda vez que el servicio de seguridad de las personas y sus bienes está a cargo del Estado. Seguramente será demandado con alta posibilidad que la autoridad contenciosa-administrativo lo anule.
Seguridad: Calificación, cero. Los que transitamos la ciudad observamos la ausencia casi completa de policías. Los llamados “consejos de seguridad” no dan resultados positivos.
Endeudamiento: A más del Alcalde, el Concejo Municipal serán los responsables de la presentación del proyecto y aprobación apresurada del mismo. Los contribuyentes deben responder por el pago de más de $200.000 millones de pesos. Criticable el facilismo de su aprobación.
