Por utilizar recursos de los endeudamientos de 2020 y 2023, así como de la Secretaría de Movilidad, para pagar nómina y seguridad social, el actual gobierno del alcalde de Neiva, German Casagua, denunció ante la Fiscalía al exsecretario de Hacienda, Jaime Ramírez, y al exmandatario Gorky Muñoz. “No me asusta que la administración, careciendo de conocimientos sobre el manejo presupuestal, recurra a estas denuncias. Nadie podrá decir que nos robamos un solo peso”, indicó Ramírez Plazas.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
El actual secretario de Hacienda de Neiva, Óscar Iván Leiva Bocanegra, y el director administrativo de Tesorería, Sergio Iván Medina Gómez, respaldados por el alcalde German Casagua Bonilla, denunciaron penalmente ante la Fiscalía General de la Nación al exsecretario de Hacienda, Jaime Ramírez Plazas, y al exmandatario Gorky Muñoz Calderón, por presunto peculado por aplicación oficial diferente.
Expusieron que, cuando las arcas del Municipio eran lideradas por Muñoz Calderón entre los años 2019 y 2023, el Concejo le autorizó un endeudamiento por $60 mil millones en 2020 y otro por $25 mil millones en 2023, ambos con destinaciones específicas. Sin embargo, en su momento, el dirigente y sus secretarios decidieron dar una aplicación oficial diferente a esa plata y, tras “un exhaustivo análisis del manejo de los recursos públicos con destinación específica”, el equipo de Casagua Bonilla identificó un “inusual manejo de estos, ajeno a todas las garantías que como entidad pública se deben salvaguardar”.
Según lo relacionado, realizaron traslados del dinero de los empréstitos, así como del recaudo de tránsito por comparendos y sanciones, para el pago de seguridad social de los empleados de planta y la nómina global, sin posteriormente devolverlo al origen de destinación que tenían. “Es por esta razón que el municipio de Neiva decide realizar una denuncia penal, pues considera que existen graves irregularidades que deben ser objeto de investigación por el ilícito contra la administración pública”, se lee en la denuncia.
Cerca de $23.500 millones manejados irregularmente
De los $60 mil millones del primer endeudamiento, $3.700 millones que estaban destinados a construcción, dotación, mantenimiento y optimización de redes de acueducto ($1.200 millones); implementación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana UPJ ($1.100 millones); y construcción y mejoramiento de ambientes de aprendizaje y espacios complementarios ($1.400 millones), fueron trasladados al recaudo predial para el pago de CXP (Cuentas por Pagar) de la vigencia 2022. Se evidenció, además, que no existió devolución de los recursos durante la vigencia 2023.
También se destinaron $6.500 millones del empréstito de $25.500 millones a la pagadora de recursos propios para el pago de contratos y, a pesar de que dichos recursos fueron reintegrados al depósito del endeudamiento, ese trámite no se hizo desde la cuenta bancaria a la que se transfirió inicialmente, ni de ninguna otra de recursos propios. De esa misma cuenta se destinaron $230 millones para el pago de nómina y no se realizó la devolución.
$795 millones del recaudo de tránsito por comparendos y sanciones se utilizaron para el “pago del comprobante de egreso no. 13940 del 2023, el cual corresponde a la orden de pago no. 10907 del 2023, tercero Nit. 901.696.524 ut. edificio seguro”.
Un nuevo rubro de $1.548 millones engrosó la lista. Esa plata del recaudo de tránsito por comparendos y sanciones, que se trasladó a la cuenta bancaria de Tesorería Municipal, se utilizó para cubrir el pago de seguridad social de la nómina de la planta central del mes de octubre de 2023, el cual tampoco se reintegró.
Pero ahí no acabó la denuncia, pues, al parecer, $2.818 millones más, también salientes del recaudo de tránsito por comparendos y sanciones, fueron destinados al pago de la nómina de la planta central del mes de octubre de 2023, recurso que tampoco se repuso. Otros $844 millones de la misma “bolsa” de los anteriores se trasladaron a la cuenta bancaria del empréstito del 2020 para cubrir el pago de la cuota de diciembre de 2023.
Como si fuera poco, $5 mil millones más, provenientes del recaudo de tránsito por comparendos y sanciones, los cuales se acreditaron (salida de recursos) así: $4.169 millones se trasladaron hacia la cuenta pagadora de recursos propios y fueron utilizados para el pago de dos resoluciones. La primera fue la resolución 0014 del 2023 por un valor de $3 mil millones a favor de Mercasur. La segunda es la resolución 0197 de 2023 por un valor de $1.169 millones a favor de la Universidad Libre, órdenes de pago con fuente de recursos de ingresos corrientes de libre destinación.
Aunque se encontraron dos reingresos de los recursos, con los que se completaron los $5 mil millones, “la mayor parte de este reintegro se realizó desde la cuenta de un crédito de tesorería”.
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Decisiones irresponsables
El alcalde Casagua Bonilla precisó que pudieron apreciar que, en efecto, recursos de los créditos y de la Secretaría de Movilidad con destinación específica fueron utilizados con otros fines, “cosa que es ilegal y no se puede hacer. Eso no lo permite la ley, por eso lo pusimos en conocimiento de los entes de control”, dijo.
El burgomaestre agregó además que el dinero que salió del recaudo de tránsito por comparendos y sanciones iba a ser utilizado para la prevención y seguridad vial. También sería invertido en la Policía de Tránsito que llegaría a la ciudad.
“Esto se debe a que nosotros siempre expresamos que la cantidad de carga burocrática y la gran cantidad de personas que contrataron el año pasado los obligó a utilizar estos recursos tanto de movilidad como de los créditos para poder pagar la nómina. Fue una decisión irresponsable, como muchas otras, encabezada, obviamente, por el exalcalde Gorky Muñoz, pero también establecida con el secretario de Hacienda, Jaime Ramírez. Ya son los entes de control los que se encargarán de determinar si hubo o no justificación o motivo y si se actuó conforme a lo que establece la norma, pero nosotros consideramos que no se debió haber hecho y, por eso, anexamos todos los soportes”, concluyó la primera autoridad de Neiva.
No me asusta: Jaime Plazas
A su paso, el exsecretario de dicha cartera, Jaime Ramírez Plazas, manifestó que desconoce la denuncia. Sin embargo, no le asusta que la administración municipal, careciendo de conocimientos sobre el manejo presupuestal, recurra a instrumentos “como estas denuncias”.
Dijo que lo único que le puede decir al Gobierno de Casagua es que no confunda peculado por aplicación diferente “con una figura jurídica del presupuesto que se llama excedente de liquidez, que significa que, cuando usted tiene una plata y la misma, a pesar de tener destinación específica, no se va a utilizar de forma inmediata, pues, en consecuencia, la administración dispone de esos recursos para suplir otras necesidades con el compromiso de que a más tardar en la vigencia fiscal siguiente, como lo dispone la reforma tributaria, deben ser cancelados”.
Entonces, según él, los recursos de tránsito y créditos que utilizaron para pagar nómina, seguridad social y demás contratos que estaban en ejecución, los podían tomar con base en la última reforma tributaria y, además, les permitía utilizar esos excedentes de liquidez que debieron ser cancelados a más tardar el 31 de diciembre de 2024, durante el mandato de Casagua Bonilla.
“En consecuencia, nosotros actuamos en el marco de la constitución y de la ley orgánica del presupuesto. Bienvenida la denuncia del señor alcalde y su administración, y estamos prestos el doctor Gorky Muñoz, en su condición de exalcalde, y el suscrito, en su condición de exsecretario de Hacienda, para responder por cada uno de los actos. Sería muy bueno que el señor alcalde, con su secretario de Hacienda y arsenal jurídico, averigüen qué significan los excedentes de liquidez y si se puede o no utilizar para otras actividades de gasto no presupuestal, porque lo que hicimos fue utilizar plata que estaba en tesorería”, añadió.
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“Nadie podrá decir que nos robamos un peso”
Resaltó que, afortunadamente, es peculado por aplicación diferente y no por apropiación, porque podrán decir que utilizaron la plata para pagar otra cosa, pero “nadie podrá decir que nos robamos un solo peso”.
Sencilla y llanamente, añadió que los procesos de la seguridad vial requerían para su ejecución unos procesos contractuales de licitación pública que se demoran, como mínimo, tres meses para poder adjudicarlos y luego otros seis meses para su ejecución. Por tanto, de acuerdo con Ramírez Plazas, carece de veracidad lo dicho por Casagua Bonilla, dado que el dinero no se iba a utilizar de forma inmediata para el objetivo planteado.
“El compromiso de la administración de Gorky fue con los empleados y con los oferentes de bienes y servicios, más no con los bancos. La denuncia se va a caer por el error conceptual que tienen, porque nosotros no hicimos traslados presupuestales; la plata no la quitamos de donde estaba asignada, sino que hicimos un manejo de recursos. Sería bueno que hicieran un cursito de hacienda pública. ¿Qué era más importante, mantenerla en los bancos o pagarles a los empleados?”, afirmó el exfuncionario público.
A renglón seguido, sostuvo que “todos esos movimientos tienen resoluciones y dicen excedentes de liquidez, y lo firmaba el alcalde con el secretario de Hacienda. Por eso, insisto en que se trata de un problema de conceptos, y es normal, porque el alcalde es ingeniero y no sabe de hacienda pública, pero sí me parece extraño que el secretario de Hacienda no sea capaz de decirle”.
¿Por qué recursos a Mercasur y Universidad Libre?
Ramírez Plazas explicó que, desde el año 1985, bajo el mandato del sacerdote José Lorenzo Escandón, se hizo un contrato con la Universidad Libre, pero nunca se pagó. De allí en adelante, ningún alcalde lo hizo. Por tanto, el plantel educativo “metió el ejecutivo” y el Tribunal Administrativo del Huila condenó al Municipio a pagar una deuda de cerca de $125 millones que finalmente se convirtieron en $4 mil millones por los intereses e indexación de los mismos. Allí dio un plazo perentorio para ponerse al día.
“Nosotros pagamos esa bestialidad de la compra de un lote. Tuvimos que hacer un acuerdo de pago para que no nos embargaran las cuentas. A Mercasur le tuvimos que pagar $6 mil millones, después de un acuerdo de pago ante la Superintendencia de Sociedades que se partieron en dos cuotas de $3 mil millones”, expuso.
