Un informe de la Contraloría de Neiva develó que, a días de despedirse el Gobierno de Gorky Muñoz de sus cargos, se adquirieron 23 SOAT para vehículos fuera de funcionamiento. Durante la auditoría, el órgano de control fiscal indicó que no acepta la respuesta y, por tanto, se mantiene la presunta connotación fiscal. El exalmacenista ‘salpicado’, Juan Manuel Fiesco Méndez, a través de sus redes sociales, se defendió. “¡No me van a callar!”, dijo, mientras atribuía esta polémica a las denuncias que ha realizado en contra del Gobierno de Casagua.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
Tan solo 17 días antes de terminar la gobernanza de Gorky Muñoz Calderón, exalcalde de Neiva, se realizó la compra de Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito (SOAT) para vehículos fuera de funcionamiento de propiedad del municipio por un valor de más de $13 millones. Así lo reveló un informe de la Contraloría Municipal de Neiva, liderada por Gilberto Mateus Quintero.
La advertencia fue realizada por el actual secretario General, Raúl Eduardo Mosquera Quiñonez, quien develó la orden de compra Nº 122457 (3268), a La Previsora S.A., con fecha de emisión del 14 de diciembre de 2023.
Ante dicha denuncia, el órgano de control fiscal realizó las respectivas visitas de auditoría los días 9 y 16 de octubre de la vigencia que acaba de caducar, a las secretarías de Infraestructura y Movilidad, respectivamente. Además, se llevó a cabo la evaluación de la documentación que acredita la adquisición de dichos SOAT.
Lo encontrado en las visitas
Dentro de la diligencia de la primera fecha (9 de octubre), se evidenció en las instalaciones del taller operativo y el parqueadero El Bote del municipio la presencia de 9 automóviles, camionetas y volquetas fuera de funcionamiento, los cuales presentan daños mecánicos, eléctricos, electrónicos y algunos, incluso están, con la ausencia de sus motores, cajas, llantas y asientos, según declaraciones de los profesionales adscritos a la Secretaría de Infraestructura.
En total, se pagaron más de 9 millones de pesos ($9.092.400) por la póliza de los 9 vehículos, que se vencieron el 26 y 31 de diciembre de 2024. Solo una se venció ayer, 7 de enero de 2025.
En la segunda fecha (16 de octubre), se identificó la presencia de 18 motocicletas fuera de funcionamiento adscritas a la Secretaría de Movilidad, a las cuales se les pretendía dar de baja, de acuerdo a lo afirmado por Jhon Fredy Arciniegas Jaramillo, comandante de Tránsito.
A 14 de ellas se les compró el SOAT con cobertura hasta el 31 de diciembre de 2024, sin que representaran un beneficio para la ciudad. El municipio pagó por eso más de 4 millones de pesos ($4.741.000).
Conclusión de la auditoría
Dentro del informe se indicó que hubo “debilidades en la identificación, seguimiento y control de los vehículos de propiedad del municipio de Neiva que se encuentran fuera de servicio, a los cuales se les compró el SOAT correspondiente, por parte de la Secretaría General”, que para esa vigencia estaba siendo ‘piloteada’ por Salomé Bahamón. Igualmente, se encontraron debilidades en la justificación y creación de la necesidad, así como en las labores de supervisión de la ejecución de la orden de compra.
En ese sentido, se evidenció una gestión antieconómica y un uso ineficiente de los recursos públicos, lo cual generó un presunto detrimento patrimonial por un valor de $13 millones con el que se pagaron los 23 SOAT. Se configuró, entonces, como “hallazgo administrativo con presunta connotación fiscal”.
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La respuesta del Municipio
A través de una misiva con fecha del 10 de diciembre de 2024, el municipio de Neiva dio respuesta al informe preliminar de la actuación especial de fiscalización.
“Una vez revisada la documentación correspondiente, la administración encuentra que evidentemente se suscribió un negocio jurídico en las condiciones señaladas por el equipo auditor; sin embargo, se deben realizar una serie de precisiones a efectos de que se tengan en cuenta por parte del ente fiscalizador en etapas venideras, si fuera del caso”, se expuso.
Agregaron que, efectivamente, en virtud de lo señalado en el manual de funciones y competencias, y una vez verificados los documentos que soportan el proceso de contratación, se advierte que la Secretaría General realizó las actuaciones previas y necesarias para adelantar la compra de los SOAT para los vehículos de propiedad del municipio, en cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) establecido para la vigencia 2023.
“En virtud del principio de planeación, se evidencia que la Secretaría General solicitó al almacenista general que, en cumplimiento de sus funciones establecidas en el decreto 0879 de 2020, certificara los vehículos que para la vigencia fiscal 2023 estuvieran en funcionamiento. Que, en dicho sentido, obra en el expediente contractual del 14 de noviembre de 2023, suscrito por quien para la fecha ejercía ese cargo, el cual entrega a la dependencia una constancia de los vehículos en funcionamiento, con el fin de que adelantara el proceso de adquisición de SOAT”, se lee en la respuesta entregada.
Partiendo de esa constancia, se procedió a iniciar el proceso de contratación para la adquisición de los SOAT para vehículos en funcionamiento, según el almacenista general, de propiedad del Municipio. Finalmente, el proceso se llevó a cabo y se determinó la compra por un valor total de 71 millones de pesos ($71.489.300).
“En atención a los hechos expuestos, se puede concluir que la Secretaría General actuó dentro de sus competencias y funciones, basando su gestión en la información técnica certificada y proporcionada por el almacenista general”, concluye.
Lo que dice Gorky Muñoz
También, el 10 de diciembre de 2024, mediante oficio, el exalcalde Gorky Muñoz Calderón se adhirió a la respuesta anterior y mencionó que Juan Manuel Fiesco Méndez, almacenista general, tenía responsabilidades amplias respecto de los bienes muebles, en este caso, el parque automotor.
“La Secretaría General se limitó a coordinar el proceso administrativo basado en la información técnica certificada por el Almacenista; la evaluación del estado de los vehículos y la necesidad de aseguramiento era responsabilidad exclusiva del almacenista, quien tenía competencias técnicas y directas sobre estos bienes. Por lo tanto, cualquier observación o irregularidad debe ser analizada en el marco de las competencias técnicas y las obligaciones asignadas al almacenista general, conforme al Decreto 0879 de 2020”, insistió el exmandatario.
La Contraloría no aceptó la respuesta
A pesar de las explicaciones brindadas, la Contraloría Municipal indicó que no se acepta la respuesta del sujeto vigilado y, en contraste, se mantiene la presunta connotación fiscal, en virtud de que esa compra generó lesión del patrimonio público por una gestión inoportuna. Es así como se sostiene la observación presentada y se configura como hallazgo administrativo.
Almacenista ‘salpicado’ salió al paso: ¡No me van a callar!
A través de sus redes sociales, Juan Manuel Fiesco Méndez se pronunció frente a la polémica generada. Señaló: “fui el almacenista de Gorky y, como muchos funcionarios, después de que salen de sus cargos, las administraciones contrarias abren investigaciones por supuestos. Tengo que aclararles que están apenas investigando a ver si fue verdad o mentira lo que dicen. Confío en la justicia y confío en mi comportamiento como funcionario”.
A renglón seguido, comentó que es irrisorio decir que siquiera intentó robarse $13 millones cuando tenía un sueldo de $7 millones en esa época, además de asesorar a una empresa privada.
“Sin embargo, aquí estoy, no me estoy escondiendo. Estoy firme y seguiremos en la oposición. Cuando uno es funcionario público, está expuesto a ello; cuando uno sale de los cargos, es normal que se abran investigaciones. Hay muchísimos así, pero eso no quiere decir que sean culpables”, afirmó el exfuncionario, quien añadió que, la controversia generada tiene relación con unas denuncias que viene realizando en contra del Gobierno de Casagua.
Manifestó además que no es cierto que se compraron SOAT para carros chatarrizados y aseguró que está completamente seguro de lo que hizo y firmó.
“Todo se hizo con base en la ley y cuidándonos de posibles problemas. El almacén lo que hace es darle por encargo esos bienes a los secretarios, a los jefes de oficina y a quienes ocupan cargos en provisionalidad, básicamente de planta. Con los vehículos fue similar a todos los otros bienes; se les entregó a unos despachos. Se entiende que están operativos y si uno, como almacén, no tiene el reporte del funcionario que está a cargo del activo, pues uno lo da como activo. No es responsabilidad del almacenista estar verificando el funcionamiento de cada activo del municipio. Nosotros tenemos todos los soportes para defendernos”, ahondó Fiesco Méndez.
