El Ministerio de Salud anunció que apoyará las investigaciones de la Contraloría sobre pagos efectuados por las EPS.
Redacción Web/LN
El Ministerio de Salud retomó el informe de la Contraloría General de la República en el que se reportan hallazgos fiscales superiores a 5.4 billones de pesos que habrían sido utilizados de manera irregular por parte de varias EPS, y anunció medidas legales contra las Empresas Prestadoras de Salud señaladas en la investigación.
El Gobierno interpuso una demanda contra las EPS involucradas, señalando que estas entidades no cumplieron con su deber y pusieron en riesgo la estabilidad en la prestación de los servicios.
La demanda fue admitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca. Tal acción legal está sustentada en Ley 100 de 1993 y el Decreto 780 de 2016, que regulan la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
“Si una EPS utiliza los recursos de una vigencia determinada para cubrir obligaciones de vigencias anteriores, es evidente que no se constituyeron las reservas técnicas necesarias”, lo que a su vez “constituye un incumplimiento de sus deberes legales como administradores del aseguramiento, afectando gravemente el derecho fundamental a la salud de los afiliados”, enfatizó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Hay que recordar que el pasado 5 de agosto del año en curso el contralor Carlos Hernán Rodríguez informó que se encontraron pagos que no guardan relación de causalidad con servicios de salud. El informe del ente de control señala que la Nueva EPS habría destinado 40.000 millones de pesos para honorarios de miembros de la junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, entre otros.
