El gobierno intentó desactivar las protestas campesinas en su punto neurálgico de Boyacá, pero miles de manifestantes seguían concentrados a la vera de las carreteras en varias regiones e incluso en campamentos.
Tras una semana de movilizaciones, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, acudieron a reunirse con dirigentes del paro en Tunja, capital del departamento de Boyacá, donde se presenta una de las situaciones más complejas por el bloqueo de vías y choques entre campesinos y policías.
Boyacá y el departamento de Meta, donde también hay cortes de rutas, constituyen la despensa de Bogotá, de 7,3 millones de habitantes y donde algunos productos escasean o han subido de precio hasta 200%.
La noche del domingo, miles de habitantes de Tunja realizaron un cacerolazo para exigir atención del gobierno. Para este lunes, también está convocada una demostración similar de respaldo a los campesinos en todo el país.
En el departamento de Caquetá se presentan tres bloqueos.
Estupiñán ya se había reunido el fin de semana con los líderes de la protesta en Boyacá, sin lograr un acuerdo, aunque una fuente del ministerio dijo a la AFP que "se avanzó mucho".
Pero Eberto Díaz, vocero de la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), que organiza la protesta, reiteró que ésta solo se levantará si el presidente Juan Manuel Santos acepta una negociación de carácter nacional.
Santos, quien el domingo minimizó el impacto de las manifestaciones, sostiene que los diálogos deben ser regionales y por sectores agrarios, y únicamente cuando cesen los bloqueos.
"El gobierno anda de arriba abajo buscando interlocutores, tratando de forzar mesas regionales. Pero el paro es nacional, el único que no lo quiere ver así es el gobierno. Apenas se inicie la mesa nacional, estamos dispuestos a deponer las protestas", señaló Díaz a la AFP.
Los labriegos reclaman ayudas económicas aduciendo que los precios de venta no compensan los altos costos de producción, por lo que además piden revisar tratados de libre comercio firmados en años recientes, que, sostienen, agravarán la crisis.
Denuncian abusos de la Policía
Según Díaz, en los enfrentamientos han resultado heridos 200 manifestantes, mientras que otros 250 fueron apresados. Las protestas en las que intervienen unos 200.000 agricultores continúan en 11 de 32 departamentos, agregó.
Diputados departamentales de Boyacá acudieron este lunes ante la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos a denunciar abusos por parte de la policía antidisturbios y la muerte de tres personas en medio de los bloqueos de vías.
"Solicitamos que garanticen los derechos de la población frente al abuso del Esmad (escuadrón antimotines)", afirmó Osman Roa, presidente de la Asamblea legislativa de Boyacá.
El pasado jueves, un motociclista murió al chocar contra una alambrada en uno de los bloqueos en Boyacá, y el viernes un anciano falleció al quedar atrapada la ambulancia que lo trasladaba en otra concentración.
Otra persona murió en una ambulancia el fin de semana, según los diputados.
Por su parte, la Policía reportó un agente asesinado con arma de fuego y 160 lesionados.
Mientras, el domingo unos 15 indígenas y campesinos resultaron heridos al caer en un campo minado cuando se dirigían a una concentración en la localidad de Cajibío, en el departamento de Cauca.
Un hombre perdió un ojo y una mano por la explosión, aseguró a la AFP Christian Delgado, coordinador de una red provincial de derechos humanos, advirtiendo que otras personas podrían sufrir mutilaciones.
La secretaria de gobierno de Cauca, Edith Cabezas, confirmó el accidente a la AFP y dijo que ocho personas fueron hospitalizadas en Popayán, capital regional.
La Oficina de la ONU llamó a la "calma y al diálogo", y manifestó "preocupación" por las muertes, mientras que el defensor del pueblo, Jorge Otálora, refirió "abusos" de la Policía y los agricultores que denunciará ante la Fiscalía.
Videos que muestran presuntas agresiones de la Policía contra manifestantes circulan en redes sociales, por lo que el director de la institución, Rodolfo Palomino, ordenó una investigación.
Piden reforma agraria
Uno de los municipios donde persisten las protestas es Barbosa, en el departamento de Antioquia, donde unos 2.000 campesinos, indígenas y mineros se tomaron un coliseo y montaron un campamento.
"Estamos en este campamento de refugio humanitario para evitar que la fuerza pública o grupos ilegales nos infiltren", declaró a la AFP Melkin Castillo, vocero de la MIA, quien denunció un ataque de la Policía cuando los labriegos se dirigían a Barbosa, con saldo de cinco heridos.
"Pedimos una reforma agraria, creación de zonas de reserva campesina (una figura legal para proteger a los pequeños productores), un código de minas alternativo (para los mineros informales) y la expulsión de las multinacionales", expresó Castillo.
Las protestas son apoyadas por un sector de los transportistas de carga, que pide una rebaja de los precios de los combustibles y asegura tener parados 200.000 vehículos.
