Venezuela ha acusado a los ciudadanos españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme de ser “terroristas” y “agentes encubiertos” vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sin presentar pruebas. El Gobierno español ha desmentido tajantemente las acusaciones, exigiendo claridad sobre la detención de los dos ciudadanos y reafirmando su compromiso de protección consular.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó ayer sin presentar pruebas a José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, los dos ciudadanos españoles detenidos por las autoridades venezolanas, de ser “unos terroristas” y ha insistido en vincularlos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hecho que el Gobierno de España desmintió rotundamente.
El líder bolivariano ha aprovechado la emisión de su programa de televisión, Con Maduro +, para ahondar en las tensiones diplomáticas entre Caracas y Madrid y sembrar sospechas. Ha afirmado, una vez más sin mostrar evidencias, que los dos detenidos “son agentes encubiertos” y ha rechazado las versiones ofrecidas por las familias, que hace una semana habían denunciado su desaparición y que, al enterarse de que fueron apresados, aseguraron que entraron a Venezuela como turistas el pasado 17 de agosto.
Las acusaciones del Gobierno de Venezuela se producen en medio de una crisis entre ambos países que se intensificó poco después de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. Primero fue la presión ejercida sobre el chavismo desde la mayoría de las instancias internacionales para que Maduro enseñe las actas electorales si quieres ser reconocido como presidente legítimo. Y después se endureció el pulso con el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, quien publicó copias de esos documentos que avalan su triunfo. En este contexto, el mandatario chavista se atrincheró y optó por lanzar una ofensiva contra España una vez que el veterano diplomático abandonara Venezuela para exiliarse en Madrid como asilado político.
“Dictadura”
El pronunciamiento del Congreso de los Diputados de España, que pidió reconocer a González Urrutia como presidente electo, y unas declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, que se refirió al Gobierno bolivariano como “dictadura”, provocaron una reacción inmediata de la cúpula del chavismo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mano derecha de Maduro, propuso al Ejecutivo expulsar a los grandes capitales españoles del país, un exhorto en calidad de amenaza que no recibió respuesta pública y que de momento parece haber quedado en suspenso.
Sin embargo, el canciller, Yván Gil, llamó a consultas a la embajadora venezolana en Madrid y el pasado viernes convocó al representante español en Caracas, un gesto habitual en las crisis diplomáticas. Y después, el sábado, Diosdado Cabello, una de las figuras más duras del chavismo, anunció las detenciones de los dos españoles cerca de Puerto Ayacucho, al sur del país, los vinculó con los servicios de inteligencia y los involucró en un disparatado complot contra el mandatario.
“Situación irregular”
Maduro ha tenido precisamente como invitado a Cabello en su programa de televisión. El recién nombrado ministro de Interior y Justicia, en la práctica número dos del chavismo por su control de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue el máximo encargado de la operación policial que llevó a las capturas de Adasme y Basoa. Dijo que fueron interceptados en una “situación irregular”, tomando fotografías cerca del aeropuerto local. Y amplió el foco de las acusaciones al señalar a la Administración de Joe Biden y afirmar que la inteligencia española “depende de la CIA”.
Cabello recordó que en total son cinco los detenidos, dos ciudadanos estadounidenses, uno checo y los dos españoles denunciados. Ellos, junto a “mercenarios de origen francés”, agregó, están involucrados en una maniobra para “asesinar al presidente Nicolás Maduro”. En su primera comparecencia, el propio Cabello limitó la supuesta operación a un plan contra una alcaldesa. El ministro de Justicia venezolano mostró además a Maduro parte de un amplio parque de pistolas y ametralladoras presuntamente incautadas. Son 400 armas en total, según la policía. Todas fueron mostradas a la prensa.
Negación
El Gobierno de España ha negado rotundamente “cualquier insinuación” de estar implicado en un complot para desestabilizar políticamente a Venezuela y ha exigido a Venezuela pruebas de sus acusaciones. Fuentes de la Cancillería española aseguran que se mantienen en contacto con los familiares de los dos detenidos. “Exteriores sigue reclamando a las autoridades venezolanas información oficial y verificada sobre la detención de estos dos ciudadanos, así como la clarificación de los cargos de los que se les acusa.” La Embajada española en Caracas ha informado, por su parte, que mantiene contacto permanente con las autoridades locales, “y les ha informado que ejercerá la protección diplomática y consular de sus nacionales”.
*Fuente: El país de España.
España exige la identidad y lugar de los españoles detenidos
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha exigido al canciller venezolano, Yván Gil, que le confirme tanto la identidad como el lugar en el que se encuentran detenidos los dos ciudadanos españoles arrestados en el marco de lo que el Gobierno venezolano considera un complot orquestado por la oposición para desestabilizar el país.
Albares ha hablado ayer por teléfono con el canciller venezolano, según ha contado él mismo en declaraciones a la prensa a su llegada al Senado, en el que ha sido el primer contacto a nivel gubernamental desde que el domingo Caracas informó del arresto de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, vecinos de Bilbao.
Asimismo, ha informado de que este mismo mensaje se le ha trasladado a la encargada de negocios de Venezuela en Madrid, que fue convocada ayer en la mañana en Exteriores, ya que Caracas retiró a su embajadora el viernes pasado. “Seguimos en estos momentos sin tener confirmación ni de la identidad ni del sitio de localización ni de los cargos contra los dos españoles detenidos”, ha denunciado Albares.