La Embajadora de Colombia en la ONU, María Emma Mejía, y el Subsecretario General del organismo para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, firmaron el Estatuto de Acuerdo de Misión (Status of Mission Agreement, SOMA) para el establecimiento y funcionamiento de la segunda Misión Política Especial en el país.

Esta segunda misión fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el pasado 10 de julio y se encargará de verificar el proceso de reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC.

En el marco de la firma, el Subsecretario General indicó que “las Naciones Unidas esperan continuar con el papel constructivo que han tenido hasta ahora” acompañando la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, a la vez que señaló, con relación a la verificación del cese al fuego temporal y bilateral con el ELN, confía en que contribuya a crear una “atmósfera para un acuerdo más permanente” con ese grupo.

Feltman afirmó que debido a la naturaleza de las resoluciones del Consejo de Seguridad, el mandato de la Misión de Verificación trasciende a lo que ocurra con los cambios de Gobierno, y confía en contar “con el mismo tipo de relación constructiva” con una futura administración.

Por su parte, la Embajadora Mejía agradeció a las Naciones Unidas por el apoyo brindado a Colombia y destacó que existe una confianza total de la comunidad internacional en la implementación de las siguientes fases del proceso.

Esta es una Misión que contará con 70 observadores para monitorear el cese al fuego bilateral y temporal con el ELN, y 450 observadores, entre civiles y militares, para la Verificación del Acuerdo de Paz con las FARC.

A diferencia de la primera misión, que contaba con un mecanismo tripartito, esta es enteramente de las Naciones Unidas y tendrá un costo de 73.5 millones de dólares.
Este SOMA es un documento de carácter jurídico, que establece el marco legal entre Colombia y las Naciones Unidas para el funcionamiento de la Misión y el cumplimiento de su mandato. Este documento se traduce en el piso jurídico para continuar el trabajo conjunto entre la organización y el país en la construcción de una Colombia en paz.