Todos somos amigos de la descentralización. Todos somos conscientes de la urgencia de que desde el centro, no es eficaz que se manejen la mayoría de los recursos recaudados y que por esencia somos un país de regiones. También creemos que debemos darle más recursos a los entes territoriales, porque sus desafíos en salud, educación, agua y saneamiento básico, se quedaron sin la fuente de recursos para ser atendidos con suficiencia. Por eso, hoy más que nunca, debemos insistir en caminos sensatos para lograr que dicha descentralización fiscal y administrativa se profundice.
Diciendo eso, no es a la manera como nos quiere conducir el Congreso y el Gobierno en este momento. Tremendamente irresponsable fue el Senado (con excepción de Paloma Valencia y Humberto de la Calle), al aprobar un aumento en el porcentaje de los ingresos corrientes, que en un periodo de transición, definirá el monto de las nuevas transferencias dirigidas a los entes territoriales. Y digo irresponsable, porque el nuevo porcentaje casi que duplica lo que hoy reciben los entes territoriales.
Fue tan mal definido, que originalmente el valor porcentual era superior y se hizo un regateo para llegar al dato final, como si esto fuera una negociación en plaza de mercado. El orden lógico para esta nueva asignación del sistema general de participación a los entes territoriales hubiese sido, primero definir cuáles competencias se trasladan de la nación a los entes territoriales y simultáneamente cuáles van a ser las entidades del sector central del gobierno y cuáles cargos se habrán de eliminar para disponer de recursos para ser transferidos, antes que definir un valor “sacado de la manga”.
El camino escogido se parece a sí usted llega al seno de su familia y ellos le dicen, dame 100 millones para las vacaciones de este año, sin haber definido para dónde van, ni cómo van, ni dónde se van a hospedar. Como si tomar vacaciones en Betania o Tokio costase lo mismo. “El camino al infierno siempre está pavimentado de buenas intenciones”
Obviamente los mercados reaccionaron negativamente a estas decisiones. Tristemente se suman a las de un gobierno que viene creciendo en gastos de funcionamiento (derroche) en 20% anual entre el 2023 y el 2025, y a la presentación seguramente por decreto de un presupuesto desfinanciado en más de 35 billones. Por eso, la tasa de cambio viene al alza, el riesgo país creciendo, hay en ciernes una eventual reducción de calificación de riesgo crediticio, y se han elevado los costos del financiamiento en dólares. Hoy el mundo tiene muchas dudas sobre Colombia, y la realidad fiscal y esta decisión sobre el SGP nada ayudan.
Vendrá la aprobación en Cámara del acto legislativo, sin blindar el manejo de esos recursos con criterios de integridad en las regiones, con ausencia de capacidades en muchas entidades territoriales para administrarlos y con un riesgo fiscal alto.
Triste afectar así el futuro de Colombia. Y aunque lo que digo no es políticamente correcto, lo hago porque debemos construir siempre pensando en el bien común. Nos tiene que importar siempre más el futuro del país.
A la larga si nos equivocamos perdemos todos. Honorables Representantes, ¡estamos en sus manos!
