Al margen del accidentado trámite del proyecto de presupuesto de la nación para la vigencia de 2025, el cual terminó hundido en el Congreso de la República debido a la intransigencia del gobierno, resulta alarmante lo que se avecina por decreto. Según la ley, deberá adoptarse el texto inicialmente presentado, que tiene un marcado déficit, derivado del bajo crecimiento en 2023 (0,6 por ciento) y de la significativa caída en el recaudo fiscal en 2024, que se redujo en un 9,3 por ciento.
El presupuesto radicado por el ministro de Hacienda revela una situación especialmente preocupante: la drástica reducción en la inversión pública y el desmedido incremento de los gastos del gobierno. Nos alarma el duro golpe que recibirán las regiones, ya que los recortes en partidas presupuestales destinadas a programas sociales, infraestructura vial y educativa, entre otros, disminuirán un 17 por ciento, lo que equivale a 82,4 billones de pesos menos en comparación con el presupuesto vigente.
De los 32 departamentos del país, 29 verán disminuidos sus recursos de inversión, siendo Sucre el más perjudicado, con una reducción superior al 37 por ciento. Solo cuatro departamentos verán aumentos en sus presupuestos respecto al año actual. El Huila, lamentablemente, se encuentra entre las regiones castigadas, con una disminución del 18 por ciento en sus recursos de inversión nacional, tal como lo estipula el proyecto que se convertirá en decreto. Además, como el monto total del presupuesto (523 billones de pesos) no cuenta con respaldo financiero suficiente, el gobierno se verá obligado a realizar recortes al inicio del próximo año.
El ministro de Hacienda ha tratado de justificar esta disminución en la inversión argumentando la carga fiscal que deberá asumir en 2025, cuando tendrá que pagar 112,6 billones de pesos de deuda. No obstante, no hay ningún esfuerzo por reducir los gastos de funcionamiento; al contrario, estos han aumentado en 117 billones de pesos entre 2023 y 2025, lo que representa un crecimiento promedio anual del 20 por ciento. Esto contrasta marcadamente con el incremento de apenas el 2,3 por ciento que se registró entre 2021 y 2022.
Confieso que no he encontrado la cifra exacta de la inversión nacional en el Huila durante el presente año; del presupuesto de inversión aforado por 99,3 billones de pesos para 2024. Sin embargo, tengo entendido que los proyectos presentados por la gobernación y las alcaldías siguen a la espera de aprobación en los ministerios y la presidencia de la República, pese a la cercanía del fin de año.
No sorprenden los reclamos de los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena al gobierno en el reciente Congreso de Fenalco, en Barranquilla. En materia de inversión, Petro ha sido mezquino con los departamentos y municipios. Para colmo, en 2025 viene otro duro golpe a las regiones en términos de apoyo presupuestal. Desafortunadamente, el Huila no será la excepción. Lo que no llegó en los primeros dos años será difícil de compensar en lo que resta del mandato, y más aún en un contexto electoral que limita las posibilidades de inversión pública.