El reconocimiento del ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre la pérdida de control frente a los delincuentes en el territorio nacional es, además de alarmante, una confesión de incapacidad del gobierno y la ausencia de una política de seguridad. Esta declaración es la evidencia palpable de las graves consecuencias que estamos padeciendo los colombianos, especialmente aquellos que ven cómo el fruto de años de esfuerzo se desvanece.
Velásquez afirmó que, en dos años de gobierno, el secuestro ha aumentado un 70%, mientras que la extorsión ha crecido un 29%. Sin embargo, omite mencionar las demás cifras que revelan un aumento exponencial de todos los delitos en Colombia. El aterrador incremento del secuestro es fácil de cuantificar, ya que es un delito difícil de ocultar; pero en cuanto a la extorsión, las cifras que presenta el ministro solo reflejan los casos denunciados. La realidad es que la mayoría de las víctimas no denuncian, por temor a represalias o por la falta de confianza en las autoridades, dado que rara vez hay resultados tras las denuncias.
Esta situación es, en gran medida, consecuencia del debilitamiento de la Fuerza Pública. Petro y su ministro de Defensa han descabezado a más de cien altos oficiales, incluidos los de inteligencia, y mantienen las aeronaves militares en tierra, entre otras decisiones cuestionables. Además, tienen maniatadas a las fuerzas del Estado, con la excusa de facilitar “diálogos de paz” con doce grupos criminales, cuyos máximos cabecillas quedan en libertad para delinquir gracias a que les levantan las órdenes de captura y, por si fuera poco, les entregan camionetas blindadas.
Como resultado de lo que está ocurriendo, especialmente por la extorsión, muchos negocios comerciales, así como pequeñas y medianas empresas, han cerrado. En el Huila, son incontables los empresarios que han abandonado el país o se han trasladado a grandes ciudades. Como consecuencia, innumerables empleos se han perdido, con las graves implicaciones que esto tiene para las familias que han visto desaparecer sus fuentes de ingreso. El golpe a las entidades territoriales es irreparable, ya que la producción de riqueza disminuye y los ingresos por conceptos como el impuesto de industria y comercio, entre otros, se evaporan.
Igualmente crítica es la situación de la población en general, ya que estamos regresando a un pasado que creíamos haber superado y al que nunca imaginamos volver. Transitar por las carreteras después de determinadas horas o disfrutar en las calles por la noche se ha vuelto un riesgo. La aparición de una multiplicidad de grupos criminales vinculados al narcotráfico, cuyas actividades delictivas se complementan con el atraco callejero, el fleteo y el robo a residencias, ha incrementado de manera alarmante. Lo más grave es que el gobierno nacional, cuando se refiere a la inseguridad y la violencia, parece estar hablando de otro país, lo que deja pocas esperanzas de corregir el rumbo.
El golpe que están recibiendo las regiones, tanto en su economía como en su desarrollo y en la tranquilidad ciudadana, es de una magnitud incalculable. Lo más triste es que la recuperación, después del año 2026, será lenta y tediosa.