Una demostración de autoridad y un mensaje de que la propiedad privada es sagrada fue el que se envió con la intervención esta semana al bien privado que estaba siendo ocupado de manera irregular en el corregimiento de El Caguán, zona rural de Neiva.
La invasión empezó de manera tímida a finales de agosto pasado. Evidentemente, alentadas por algunos, varias familias empezaron a llegar y tomar posesión del predio “El Guácimo”, de propiedad de una empresa bogotana. La Policía intentó infructuosamente desalojarlos en las siguientes horas, pero no fue posible.
Con el paso del tiempo, más familias llegaron al lugar y la ocupación se convirtió en una gran invasión, que ellas mismas se atrevieron a llamar “asentamiento Gustavo Petro”. Las imágenes que provenían del lugar eran alarmantes: numerosos cambuches fueron levantados de manera organizada y se veían a lo largo de un kilómetro de la vía entre Neiva y El Caguán.
Tras agotar las vías de diálogo y conciliación –este es un tema que hay que reconocerlo a la administración municipal, la Personería, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones–, se dio la orden de desalojo, el cual se cumplió el miércoles pasado, con la participación de 750 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía. Aunque hubo algunos enfrentamientos menores, la restitución del bien privado se cumplió efectivamente.
Este tipo de intervenciones representan un claro mensaje de protección de los bienes públicos y privados. Era además urgente que se hiciera. Cuando no hay respuesta oportuna y eficiente por parte de las autoridades, algunos, incitados por timadores o personas con propósitos politiqueros, van a creerse con el derecho de irrespetar la tenencia y la propiedad y generar estas invasiones de manera indiscriminada.
Las autoridades deben seguir alertas para que esta clase de ocupaciones ilegales no se repitan.
