La Fiscalía mantuvo intacta la acusación por la irregular contratación del Programa de Alimentación Escolar en el 2020 en Neiva. Comienza la audiencia preparatoria del juicio oral.
RICARDO AREIZA
investigacioneshuila@gmail.com
El exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, su entonces secretario de Educación, Giovanny Córdoba, dos asesores y los contratistas del Programa de Alimentación (PAE) irán a juicio por supuesta corrupción.
Aunque a paso de tortuga, el proceso penal salió del atascadero y tomó un nuevo aire.
Después de cuatro años y tres meses el viernes pasado terminó por fin la audiencia de acusación por las irregularidades en la contratación registrada en la fase inicial de la pandemia.
La fiscal Séptimo Seccional de Neiva Sandra Patricia Orjuela Chávez, reactivó la instrucción, respondió las últimas observaciones de la defensa y dejó en firme todos los cargos anunciados desde el 23 de agosto de 2020 cuando se radicó el escrito de acusación.
La juez Sexta Penal del Circuito Olga María Erazo negó de plano las solicitudes de nulidad que habían presentado la defensa y despejó el camino para iniciar la audiencia preparatoria del juicio oral.
Acusados
La acusación quedó en firme. Los implicados responderán en juicio oral como coautores de los delitos de indebida celebración de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.
La fiscal Orjuela Chávez ratificó que las conductas se habrían cometido en circunstancias de mayor agravación por tratarse de dineros públicos destinados para la alimentación escolar de los colegios públicos en sectores vulnerables.
El delito de peculado por apropiación anunciado en la imputación, quedó excluido definitivamente del pliego acusatorio.
Estas conductas contra la administración pública, en su criterio, se habrían cometido, en concurso homogéneo y sucesivo, con dolo, en coparticipación criminal y en circunstancias de mayor punibilidad por tratarse de recursos públicos destinados a 105 mil estudiantes pobres matriculados en los colegios oficiales de la capital huilense.
La jugadita
Los contratos fueron entregados para pagar un favor político, sin consultar los precios del mercado, sin verificar los antecedentes y la trayectoria de las empresas.
Los contratos de suministro e interventoría fueron adjudicados a dedo en medio de la crisis sanitaria, a empresas creadas por el exconcejal de Cambio Radical Haiden Otoniel Vergara.
El contrato de suministro adjudicado a la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) fue suscrito por Carmen Rosaída Castillo (Ordenes No. 010 de 2020). Ese mismo día mediante la Orden de servicios No. 011 de fecha 6 de abril de 2020 se adjudicó ilegalmente el contrato de interventoría a la fundación Colombia Florece representada legalmente por Miguel Alfonso Banguera, jefe de la campaña política del concejal Vergara, beneficiario del contrato.
Además, era miembro principal de la junta directiva de Asoformando lo que generaba de hecho, una expresa inhabilidad.
La misma jugadita se utilizó para la celebración de otros dos contratos con la firma Corsocial que no son objeto de la acusación.
Vergara aparecía como revisor fiscal de la Fundación Colombia Florece. También era revisor fiscal de Corsocial, entidad beneficiaria de otro contrato de suministro de 4.500 mercados para adultos mayores (Contrato 677 de 2020) y socio fundador de Asoformando, operador e interventor del PAE.
Vergara Quiñones fue investigado en otro proceso por irregularidades en la contratación del PAE en el distrito de Tumaco en agosto de 2015.
Direccionado
“No hubo multiplicidad de oferentes, como lo exige la ley de contratación. Por el contrario, apareció Asoformando como única empresa ubicada en Tumaco (Nariño). Esto demostró interés un interés marcado de parte de los funcionarios de la administración municipal para direccionar la contratación del PAE 2020”, insistió la nueva fiscal.
“Esta contratación – dijo- estaba dirigida a favorecer al colaborador de la campaña del entonces candidato Gorky Muñoz Calderón”.
En estas condiciones los funcionarios desarrollaron y suscribieron la que sería la estructura de la contratación del PAE (Orden de servicios y estudios previos).
Por lo tanto, podemos afirmar con probabilidad de verdad que el alcalde Gorky Muñoz, Giovanni Córdoba, en calidad de Secretario de Educación; los asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho se interesaron de manera indebida para la tramitación y celebración de los contratos con el fin de favorecer a la firma aportante
Los funcionarios –agregó- tenían un objetivo criminal, claro y definido, de atentar contra la administración pública, poniendo al servicio de un particular, en este caso de Haiden Otoniel Vergara, quien previamente había fungido como un colaborador activo de la campaña política de Gorky Muñoz.
Hasta las erratas
La fiscal ratificó que en ese afán por agilizar la contratación irregular, se copiaron hasta los mismos errores ortográficos en la elaboración de las minutas. Incluso-dijo- errores de localización geográfica al ubicar a Tumaco en jurisdicción del Huila.
“La contratación del PAE puso al descubierto el presunto delito de violación al régimen de inhabilidades, representado en el contrato de interventoría, previsto para asegurar la ejecución del contrato de suministros”, reiteró la fiscal.
“Conforme a lo expuesto resulta indiscutible e incuestionable que Miguel Alfonso Banguera, gerente de la campaña de Cambio Radical, en el momento de la contratación, presentaba una doble calidad, como miembro de la junta directiva de la operadora del PAE y por otro, de manera simultánea como interventor del mismo contrato de suministros”, reiteró la fiscal.
Interés indebido
Según la fiscal, el alcalde Gorky Muñoz se interesó indebidamente en la tramitación, celebración, ejecución y liquidación de los dos contratos de suministro de 105 mil raciones escolares e interventoría con las empresas del concejal de Tumaco.
“Esas actuaciones eminentemente dolosas estaban dirigidas a atentar contra la administración pública con el objetivo de agrupar esfuerzos y aspectos corruptos para favorecer a una sola persona, el concejal Vergara, por la colaboración que brindó durante la campaña política de Gorky Muñoz”, afirmó la funcionaria.
En esa conducta también habrían incurrido el entonces secretario de Educación y los dos asesores jurídicos, quienes finalmente permitieron la vinculación indebida de las empresas contratistas.
“La contratación de la Alcaldía de Neiva – dijo- era el reflejo de la retribución a ese particular, quién habría contribuido económicamente a la campaña política del alcalde municipal”.
La manguala
“Por lo expuesto, se ratifica, el grado de participación del señor Haiden Otoniel Vergara, a título de interviniente de orden doloso respecto de los delitos contra la administración pública que le fueron imputados”. Esta calificación se mantuvo inmodificable.
La misma imputación fue ratificada en el grado de interviniente a Banguera Jaramillo, como doble contratista, con violación al régimen de inhabilidades, que concursa con el delito de celebración indebida de contratos, en circunstancias de mayor punibilidad.
“Para alcanzar dicho propósito, -reiteró- el propio alcalde y el personal de la Secretaría de Educación, responsable del PAE, no les preocupó las afinidades de las empresas contratistas colocando en evidencia, incluso, antes de la firma, la relación existente entre ellas”.
Durante la audiencia, la fiscal mantuvo inalterable las circunstancias de mayor punibilidad contenidas en la acusación frente a las conductas endilgadas. “Los reparos formulados por la defensa resultan inadecuados”, dijo.
Carga probatoria
Para soportar la acusación, el fiscal descubrió 33 testigos. Seis más presentará la defensa. Además, relacionó 568 elementos materiales de prueba sobre la enredada contratación.
La información está contenida en 20 discos compactos con las conversaciones telefónicas, legalmente interceptadas y relacionadas con la supuesta entrega de dineros durante la campaña política.
Parte de esas grabaciones fueron presentadas por la Fiscalía durante las audiencias concentradas para soportar la solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía entregará esta semana a la defensa la información relevante que hacía falta.
En suspenso
La fiscal aseguró que en el trámite de las diligencias no se vulneraron las garantías de los acusados. Por lo tanto, en su criterio, advirtió que no hay lugar a nulidades por desconocer garantías de defensa y contradicción.
“La Fiscalía cumplió con los presupuestos requeridos en cuanto a las observaciones y aclaraciones, con respecto a la acusación presentada”, subrayó.
Una vez evacuado una solicitud de nulidad, soportada por el abogado José Ricardo Falla, comenzará la audiencia preparatoria. La juez concedió la impugnación en el efecto suspensivo. El proceso pasará ahora al Tribunal Superior de Neiva.
Mientras tanto las diligencias quedarán suspendidas. Falla consideró que su defendido Andrés Camacho no firmó las órdenes de servicios ni participó en la ‘jugadita’ para beneficiar al aportante de la campaña de Gorky Muñoz.
La juez fijó tentativamente para el 30 de enero de 2025 la nueva fecha para iniciar la audiencia preparatoria.
¿Qué pasó?
Por la contratación irregular en época de la pandemia, Gorky Muñoz Calderón y otros tres miembros de su equipo de gobierno fueron sancionados con destitución e inhabilidad por la Procuraduría, pero no pasó nada.
La destitución la impuso la Procuraduría el 8 de marzo de 2023, hace 20 meses.
La Sala Disciplinaria confirmó el 17 de agosto de 2023 en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad de Gorky Muñoz por nueve años y seis meses. También al entonces secretario de Educación, Giovanny Córdoba, al ex director de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera y a la ex secretaria privada Camila Mercedes Ortega, quien fungía como secretaria de la Mujer. Pero no pasó nada.
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva remitió un mes después el proceso disciplinario al Consejo de Estado para que surtiera el recurso extraordinario de revisión. La decisión sigue engavetada.
La procuradora Margarita Cabello, cercana a Cambio Radical (que avaló a Gorky), se va del cargo en enero próximo, sin que se haya resuelto la decisión de segunda instancia. La justicia disciplinaria sigue coja.
