Por primera vez, la Electrificadora del Huila está en la mira de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, por adelantar presuntamente prácticas restrictivas de la libre competencia en el marco de los procesos de contratación pública que adelantó durante los últimos cinco años bajo las gerencias de Hernando Ruiz López, Luis Ernesto Luna y Zamir Bermeo. Se trata de un señalamiento muy grave que la compañía y sus actuales directivos tendrán que rebatir ante ese organismo de control y al mismo tiempo, brindar explicaciones públicas sobre lo ocurrido.
Lo que dice la SIC es que Electrohuila introdujo dos reglas que resultarían anticompetitivas en 55 procesos de selección, cuyo presupuesto total asciende a más de $250 mil millones de pesos. La primera regla consistió en imponer un cobro no reembolsable a los potenciales proponentes por el derecho a participar en los procesos de selección. Y la segunda regla prohibía que los proponentes participaran en los procesos mediante figuras plurales como consorcios o uniones temporales. “Estas dos disposiciones habrían restringido la libre competencia económica en las convocatorias públicas adelantadas por Electrohuila porque impidieron que los proponentes que no estuvieran dispuestos a hacer el pago de la tarifa participaran en los procesos de selección al margen de que tuvieran las condiciones para hacer ofertas favorables”.
De acuerdo a lo que publicó esta semana LA NACIÓN, el expediente que desembocó en el pliego de cargos contra Electrohuila contiene una relación de las 55 invitaciones públicas bajo sospecha. Todas ellas suman $250.000 millones.
Dada la magnitud del señalamiento y las implicaciones que a futuro una investigación de esta naturaleza pueda representar, es necesario que la Electrificadora del Huila ofrezca no sólo explicaciones serias de lo ocurrido sino cómo será su estrategia de defensa ante la SIC. Una sanción multimillonaria pondría en grave riesgo financiero a la compañía, que se supone es patrimonio de los huilenses.
