La reelección María Alexandra Floriano Parra, como personera del municipio de Guadalupe (Huila), periodo 2024-2028, fue anulada. El Tribunal Administrativo del Huila había decretado la suspensión provisional, como medida cautelar, en abril pasado, ahora levantó la medida y declaró la nulidad del acto de elección. “No era un ente universitario idóneo para llevar a cabo el proceso de selección público y abierto de méritos para seleccionar el personero municipal…”, dijo el alto tribunal.
Rafael Rodríguez C.
Un convenio irregular con una universidad, que no era idónea para adelantar el concurso para elección de personero, terminó sacando del cargo a María Alexandra Floriano Parra, reelegida personera del municipio de Guadalupe (Huila) para el período 2024-2028.
La decisión fue adoptada por el magistrado ponente Ramiro Aponte Pino, del Tribunal Administrativo del Huila, al resolver la demanda de nulidad electoral instaurada por el abogado Grenfell Lozano Guerrero, argumentando que el acto de elección de la funcionaria fue expedido de manera irregular y vulnerando las normas.
“El concurso no fue orientado por una entidad idónea; es evidente que se soslayó el mandato consagrado en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, se requería garantizar la utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y, por otro, imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la experiencia, las habilidades y las destrezas de los participantes…”, dijo el togado en su sentencia.
Sostuvo que, además, de está falencia, tampoco se podía garantizar el “procesamiento y la sistematización de una gran cantidad de información, con la disposición de una amplia y compleja infraestructura y logística administrativa”.
La demanda
El abogado demandante de la elección de la personera María Alexandra, manifestó que el 27 de junio de 2023, el Concejo de Guadalupe suscribió un convenio de cooperación institucional con la Universidad Popular del Cesar (UPC), con el objeto de que prestara el apoyo requerido para llevar a cabo el concurso de méritos para elegir el personero municipal.
Dicho convenio lo suscribió el vicerrector administrativo de esa casa de estudios “desconociendo que la competencia para dicho efecto está radicada en el rector”. Pese a esta primera irregularidad, el 22 de julio siguiente, la mesa directiva del Concejo expidió la resolución 004 de 2023, reglamentando para el concurso.
Una anomalía más se sumó al proceso, cuando a la prueba de conocimientos, que se aplicó el 15 de octubre de 2023, no asistieron todos los admitidos al concurso. “El cronograma establecido en la resolución 019 de 2023, no estipuló con claridad el lugar y hora de la prueba de conocimientos”, señaló Lozano Guerrero.
Indicó que ante las múltiples irregularidades y advertencias de la ciudadanía que el concurso ya tendría ganadora, cuando se publicaron los resultados, el 3 de diciembre de 2023, los rumores se confirmaron. “Los resultados no causaron ninguna sorpresa, pues la señora María Alexandra Floriano Parra, estaba buscando su inmediata relección, y su puntaje fue de 88.61”.
Un mes después, el Concejo eligió a María Alexandra, quien venía ejerciendo como personera, nuevamente en la Personería, para el periodo 2024-2028.
La universidad no suscribió el convenio
Fue en el mes de febrero de 2024, cuando se conoció que la universidad que adelantó la prueba de conocimiento, no había firmado el convenio con el Concejo de Guadalupe. Dicha respuesta obedeció a un oficio que mando Lozano Guerrero.
“El jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del Cesar expidió el oficio JURI-140-085, certificando que en dicha institución no se conoce el convenio interadministrativo y que la suscripción del mismo no ha sido autorizada por sus directivas”, señaló la demanda.
El alma mater indicó en su respuesta que “ni en la Rectoría, ni en la Oficina Jurídica, ni en la Unidad de Contratación de la Universidad Popular del Cesar, reposa documento alguno sobre convenio o contrato interadministrativo celebrado entre esta entidad y el Concejo Municipal de Guadalupe…”.
Precisa que si existe algún documento de dicha índole en poder del Concejo Municipal “sea claro advertir que el Rector de la Universidad Popular del Cesar no autorizó la suscripción y/o ejecución de ningún convenio cuyo objeto se relacione con el adelanto del proceso para la elección del personero en ningún municipio”.
Los días 10 y 14 de noviembre del 2023, el rector Rober Romero Ramírez, envió comunicaciones a más de 300 concejos municipales en el país, a los cuales se les había enviado propuesta para adelantar dicho concurso, en donde les informaba que la Rectoría a su cargo, no autorizó la celebración de convenios interadministrativos para la celebración de un concurso de méritos para escoger personeros.
“Les informó que la señora Durvis María Lacouture Vega, ni ninguna otra persona ha sido autorizada para adelantar trámite alguno relacionado con el concurso de mérito referido, en representación de la Universidad Popular del Cesar y solicitó se nos remita toda la información contraria a la orden impartida anteriormente”, indicó Lozano Guerrero en la demanda de nulidad de elección de la personera.
Un mes más tarde, el rector Romero Ramírez, remitió al Concejo Municipal de Guadalupe, una nueva comunicación en las que se les indicó puntualmente, cuales habían sido las acciones que se adelantaron institucionalmente para abordar las temáticas, reiterando que es responsabilidad de los diferentes concejos municipales las irregularidades jurídicas que se presenten en los procesos de elección de personeros, “cuando hubieren decidido continuar con dicho trámite eleccionario, omitiendo por completo la comunicación o advertencia al respecto efectuada por el Rector de este claustro en el mes de noviembre de este año”.
La personera
La personera, María Alexandra Floriano Parra, a través de su abogado defensor señaló que la suscripción del convenio de cooperación acató los postulados de imparcialidad, publicidad, objetividad y transparencia contenidos en el decreto 1083 de 2015 (artículo 313). “Aunque el rector de la universidad quiere desconocer su validez, en su celebración intervino el vicerrector administrativo, en ejercicio de las facultades delegadas por el primero (acuerdo 011 del 12 de julio de 2022)”.
Agregó que en la visita que realizó el Procurador Regional del Cesar a las instalaciones de la universidad, el primero de diciembre de 2023, se pudo establecer que “…sí reposaban en los archivos de la Universidad Popular del Cesar las pruebas de conocimiento para seleccionar por mérito al personero y que dentro de las mismas se encontraban las carpetas, selladas con las bolsas de seguridad debidamente selladas, archivos que no fueron revisador (sic) por el órgano no de control…”.
Dijo que la denuncia formulada por el vicerrector de la universidad, el mismo funcionario desistió de la misma, porque “…el rector de la UPC lo indujo a error al afirmar que existían 250 convenios firmados por el vicerrector cuando este era consiente que solo conocía 41 propuestas firmadas por él…”.
Sobre la aplicación de las pruebas a los candidatos a la Personería, indicó que a cada participante le entregaron un sobre con cierre hermético. “Estaba dentro de una bolsa de seguridad, y para abrirla se debía destruir. Esta, a su vez, estaba empacada en cajas selladas con cinta adhesiva”.
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La universidad pidió anular elección
Por su parte la Universidad Popular del Cesar también solicitó declarar la nulidad del acto de elección de María Alexandra Floriano Parra como personera del municipio de Guadalupe, señalando que se expidió de manera irregular y vulnerando las normas.
Sostuvo el alma mater que el 10 de noviembre de 2023, el rector le informó al Concejo de Guadalupe que no había autorizado la suscripción de ningún convenio relacionado con el referido concurso. “Incluso, advirtió que la señora Durvis María Lacouture Vega no está facultada para adelantar ningún trámite de esta naturaleza”.
Recordó que el 20 de noviembre de 2023 el rector de la universidad formuló una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación “…enterando a ese órgano de todas las irregularidades que encontró al enterarse del envío de las propuestas y la suscripción de varios convenios interadministrativos para la realización de concursos públicos de méritos tendientes a la escogencia de los personeros municipales que hizo de manera inconsulta el entonces vicerrector administrativo de la Universidad Popular del Cesar, Orlando Seoanse Lerma”.
Aseguró que sin tener en cuenta esa advertencia, el Concejo de Guadalupe expidió la resolución 004 de 2024, integrando la lista definitiva de elegibles para proveer el cargo de personero.
Concurso no tiene validez
El magistrado Aponte, el 27 de diciembre de 2023, señaló que la coordinadora del grupo de gestión de desarrollo humano de la Universidad Popular del Cesar, certificó que a ningún funcionario de esa institución le concedieron comisión de servicios “para adelantar el proceso de presentación de pruebas para concurso de elección de personero municipal”.
Además, recordó que el 2 de enero de 2024, el Romero Ramírez, rector de la Universidad Popular del Cesar, le envió una comunicación al Concejo de Guadalupe, precisando lo siguiente el concurso de méritos adelantado por la universidad no tiene ninguna validez, porque “… no ha realizado ninguna acción tendiente a la ejecución del referido proceso, las acciones desarrolladas con relación a la ejecución del contrato y/o convenio no fueron adelantadas por parte de esta Institución”.
De manera inconsulta, el vicerrector administrativo de la universidad le remitió propuestas a diferentes concejos municipales para adelantar el referido concurso, sin embargo, después de que se conoció esta circunstancia, se ordenó suspender todos los trámites relacionados con los convenios interadministrativos; “teniendo en cuenta que la Universidad Popular del Cesar no tiene la reglamentación, presupuesto y estructura para adelantar este tipo de concursos”, indicó el togado.
Contratos no son prueba de idoneidad
El magistrado Aponte indicó que está probado que el rector de la Universidad del Cesar desconocía el convenio de cooperación institucional que se suscribió el 27 de junio de 2023 con el concejo de Guadalupe “amén de que tachó de falsedad a quien presuntamente lo suscribió (el vicerrector administrativo) y merced a dicha circunstancia se formularon sendas denuncias en la Fiscalía General de la Nación”.
Luego de que el representante legal de la institución universitaria tuvo conocimiento de ese hecho, en todas sus intervenciones certificó que la misma no cuenta con los recursos técnicos, financieros o presupuestales para prestar este tipo de servicios.
A su vez, la Procuraduría General de la Nación inició una vigilancia preventiva a los convenios interadministrativos donde la universidad actúa como operador del proceso de selección de personeros municipales; advirtiendo las siguientes irregularidades. “No existen protocolos de seguridad para la aplicación de la prueba de conocimientos con los cuales se debía verificar etapas importantes como las de organización y empaque de las pruebas; transporte, distribución, y recolección de estas; planes de contingencia, entre otros. Lo anterior, afectando la cadena de custodia de las pruebas”.
Agregó que existen presuntas anomalías de tipo administrativo en la universidad, en términos de gestión de calidad, por inexistencia de puntos de control de las actividades que se realizaron. “La Universidad Popular del Cesar , de acuerdo con el informe presentado por el rector señor Rober Romero Ramírez, no se comprometió técnica, ni financieramente para adelantar los procesos de selección, lo cual genera que no era un ente universitario idóneo para llevar a cabo el proceso de selección público y abierto de méritos para seleccionar el personero municipal, ya que no destinó herramientas humanas, informáticas, administrativas y financieras para el efecto”.
Esas inconsistencias fueron puestas en conocimiento de los miembros del Concejo de Guadalupe por el rector del alma mater y de la Viceprocuraduría General de la Nación, sin embargo, la corporación llevó a cabo las correspondientes etapas del concurso que culminó con la elección de María Alexandra Floriano Parra.
Las irregularidades que se revelaron en desarrollo del proceso en el Tribunal Administrativo del Huila, el magistrado Ramiro Aponte, terminó decidiendo declarar la nulidad del acto de elección de María Alexandra Floriano Parra como personera del municipio de Guadalupe.
