Según el Departamento Administrativo de Estadística DANE, el 23% de la población del país vive en la ruralidad, esto es, alrededor de 12,5 millones de colombianos, de los cuales la mitad son mujeres quienes cumplen un papel fundamental y muchas veces invisible en la producción y provisión de seguridad y soberanía alimentaria.
Las mujeres campesinas son la verdadera raíz del cambio, en un país que poco ha dispuesto para ellas en el desarrollo de estrategias que combatan la pobreza a la que hoy se enfrentan en todas las regiones de Colombia.
La mujer, además de constituir la cuarta parte de la población mundial en calidad de agricultoras, asalariadas o empresarias, siembra sus conocimientos ancestrales con el único objetivo de mantener los cultivos y las variedades endémicas.
En el territorio nacional, esta labor en medio del conflicto armado ha dejado serias afectaciones traducidas en desplazamiento forzado, despojo de tierras, pérdida de derechos políticos, amenazas, exilio, campos minados y asesinatos, entre otros escenarios de riesgo que han convertido los campos fértiles en campos de guerra.
Debo decir que, en la medida en que las mujeres influyen en la esfera de la reproducción social, encuentran nuevas limitantes para el acceso a oportunidades de trabajo bien remunerado y de participación en procesos de decisión, lo anterior tanto en lo público como en lo privado.
Proponer y proveer procedimientos e instrumentos para esta población, los cuales permitan el acceso y la provisión de los bienes públicos rurales, es la tarea del gobierno nacional y lo que debería hacer el Ministerio de la “igualdad” en cabeza de quien se reconoce como víctima de esta problemática.
Que tan solo un 1% de los predios mayores de 200 hectáreas estén en manos de las mujeres, se suma a la desigualdad en la calidad de terrenos los cuales son menos fértiles y alejados de los centros poblados.
La reflexión, pero sobre todo la toma de decisiones, es el verdadero Acuerdo de Paz que necesita el país en los departamentos con mayores índices de producción determinante para la agricultura.
La invitación entonces, es para que los recursos de la nación garanticen un mejor nivel de vida a estas campesinas quienes merecen una independencia económica en un país donde “las vacas tienen más derechos que las campesinas”.
Francia Márquez, como mujer y representante del Ejecutivo, tiene el deber de sacar adelante el ministerio que le regalaron y el cual resultó ser la entidad del Estado con más retrasos en la ejecución presupuestal, para de una vez por todas hacer algo por estas mujeres quienes esperan mucho más de ella y del presidente quien entregó el país a quienes siembran guerra y vagancia.