Ha pasado ya un año desde cuando la Corte Internacional de Justicia decidió sobre el litigio de fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua, con la cual le restaron a nuestro país miles de kilómetros cuadrados de soberanía y dejaron maltrecha la unidad nacional en un asunto equiparable a la desmembración de Panamá justamente hace 100 años. A causa de esta resolución, el mapa de los territorios que Colombia alegaba como propios cambió radicalmente, pues el anterior deslinde que nosotros -basándonos en la interpretación del Tratado de 1928-, habíamos determinado como ubicado sobre el meridiano 82º, la sentencia lo fijó —en algunos sectores— 531 kilómetros más hacia el este, hasta cerca del meridiano 79º, reconociéndole a Nicaragua soberanía y derechos marítimos en dichas aguas partiendo desde las 200 millas náuticas desde sus costas. Y apenas como contrapartida, reconoció la soberanía de Colombia sobre las aguas que rodean las islas y cayos en disputa conforme a las 12 millas náuticas, es decir mantuvo indemne a San Andrés y Providencia.
El hecho concreto, además de la pérdida de los miles de kilómetros cuadrados de soberanía, es que si Colombia acatara el fallo, Nicaragua pasaría a tener fronteras oceánicas en el mar Caribe con Jamaica y Panamá. Y a un año de este duro golpe, los colombianos no sabemos realmente qué es lo que ha pasado, si el fallo se puede aplicar o no, si podemos ir a San Andrés y Providencia y sus zonas aledañas sin pedirle permiso a Nicaragua, si estamos ad portas de un conflicto bélico con Ortega y sus aliados Venezuela y Rusia, si el Gobierno Nacional ha actuado como debería o si se ha demorado demasiado. Tampoco sabemos aún si la Corte de La Haya actuó con transparencia o si había intereses oscuros detrás, si conoceremos las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores – de la que hacen parte los ex presidentes de la República – para enterarnos de quiénes realmente son o fueron los responsables del equivocado manejo de este mega pleito jurídico. Muchas preguntas que doce meses después siguen sin respuestas.
A un año, aún el Gobierno no encuentra el camino a seguir, más allá de decir que el fallo es inaplicable. Se han contratado los abogados nacionales e internacionales del más alto nivel – y por supuesto con los más altos honorarios – pero no hay una tesis única con la cual pelear lo que se ha perdido.
Y como lo han señalado varios expertos internacionalistas, al final de todas las discusiones el Gobierno se ha detenido más en los cuestionamientos internos que en evaluar a fondo el fallo y sus alcances jurídicos internacionales. E incluso se dice que todo el trabajo terminará en alegar la cosa juzgada del asunto, es decir en aceptar la sentencia tal cual. Lo que se reclama, en fin, es que haya posturas firmes, sean las que sean, pero lo único que hemos tenido es incertidumbre.
“A un año, aún el Gobierno no encuentra el camino a seguir, más allá de decir que el fallo es inaplicable”.
Editorialito
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